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El Congreso de la República aprobó en la madrugada de este miércoles el Presupuesto General para 2022, aforado en $350,4 billones. Pocas veces como en esta oportunidad el proyecto de Presupuesto General llega a su última instancia cargado de beneficios que se materializan en la época preelectoral.
El Senado decidió mantener la reforma a la ley de garantías, mientras eliminó el artículo que autorizaba los traslados del régimen de ahorro individual al de prima media con prestación definida. En último momento, los miembros de la Cámara se sometieron a lo aprobado por sus colegas del Senado en materia de ley de garantías y traslados pensionales.
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En otras palabras, en ambas plenarias fue aprobada la modificación a la Ley de Garantías y el hundimiento del llamado traslado exprés entre regímenes pensionales, una propuesta que tendría un impacto fiscal de $3,8 billones, pero que había despertado una dura polémica y críticas entre expertos de prácticamente todas las esquinas.
La Ley de Garantías era uno de los temas más espinosos y en la polémica han intervenido tanto sectores políticos, como empresariales. Por ejemplo, el Consejo Gremial se pronunció públicamente a favor de no modificar la ley y puso sobre la mesa otras opciones para mantener el proceso de reactivación económica, por lo que se esperaba que el artículo que modificaba la Ley de Garantías fuera derogado. A su vez, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, también dijo que no es conveniente tumbar esta ley entrados en campaña electoral y “hay grandes dudas sobre la pertinencia de hacerlo a través del mecanismo escogido”, o sea, mediante una modificación del presupuesto.
El Gobierno defiende la modificación de la Ley de Garantías porque se hace con el “propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, a partir de la publicación de la presente ley y durante la vigencia fiscal 2022, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación”, según quedó consignado en el artículo 125 del proyecto que fue aprobado por el Congreso.
Con el cambio pensional se pretendía permitir el traslado de afiliados del Régimen de Ahorro Individual (RAI) al Régimen de Prima Media (RPM), siempre que sean hombres mayores de 52 y mujeres que superen los 47 años cuando hayan cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima Media (Colpensiones).
De acuerdo con Asofondos, asociación que reúne a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia esta medida beneficiaría, vía subsidios pensionales, a un grupo de trabajadores de ingresos medios y altos. El gremio calcula que a 4 de cada 5 personas no les convendría trasladarse. En su concepto, del número de afiliados que cumplen los requisitos de tener por lo menos 750 semanas cotizadas en el régimen público, 73,4 % tiene ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos.
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Así mismo, las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron los recursos para continuar ofreciendo los subsidios a las familias colombianas de menores ingresos afectadas por la pandemia del COVID-19.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo consideró que la primera gran apuesta del Presupuesto General para 2022 es responder a las necesidades de los más vulnerables, con programas como Ingreso Solidario, subsidio al empleo, matrícula cero, aseguramiento en salud. Por ello, en esta propuesta se va a aumentar la inversión en inclusión social, buscando llegar a 25 millones de colombianos.
El funcionario indicó que “la aprobación del proyecto en su último debate es un logro más en el marco del reto de reactivación económica emprendido por el país y se constituye en un espaldarazo del legislativo para atender las necesidades de los más vulnerables”, según se lee en un comunicado del Ministerio de Hacienda, difundido en la madrugada de este miércoles.
La sesión se inició en la mañana de este martes con el alud de impedimentos y la presentación de las ponencias negativas, alternativas de la oposición y la mayoritaria que defiende el Gobierno. En 2022, el presupuesto de inversión tendrá un crecimiento real superior al del gasto operacional por segundo año consecutivo, con lo cual pasaría de $58,6 billones en 2021 a $69,6 billones para el año próximo.
La desfinanciación de la paz fue una de las reiteradas preocupaciones, sobre todo de algunos miembros de la oposición. El senador Gustavo Bolívar sostuvo que los recursos para financiar la paz han venido perdiendo participación en el Presupuesto General. Según el legislador de la oposición, en 2017 esos recursos ascendían a $6,7 billones, un año después descendieron a $5,3 billones. Luego cayeron a $3,1 billones en 2019; el año pasado apenas fueron $1,3 billones, y para este año se destinaron $970.000 millones y para 2022 están presupuestados $780.000 millones.
Por su parte, el Gobierno aceptó que se eliminara el artículo 136, que facultaba a la Sociedad de Activos Especiales la venta masiva de bienes incautados a las bandas de narcotráfico. Se autorizaba determinar el precio base de venta a partir de variables como el costo de oportunidad fijado por la conveniencia de la venta inmediata en relación con los tiempos de comercialización individual de los bienes, así como, los costos y gastos que implica la administración.
Recomposición de las cifras
El Gobierno explicó que al final se logró una recomposición del gasto en favor de una mayor inversión cercana a los $6 billones provenientes de un ajuste por $5,2 billones en el servicio de la deuda pública y de $722.000 millones en los gastos de funcionamiento.
Para el sector Minas y Energía se adicionaron recursos por $779.000 millones para garantizar los subsidios de energía y gas para los usuarios de menores ingresos de estratos 1, 2, y 3.
En Salud se adicionan $450.000 para el aseguramiento en salud derivados de la mayor presión por los ajustes implementados en la presente vigencia en las estimaciones de presupuestos máximos, por servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC. Unos $150.000 millones para el fortalecimiento de infraestructura del sector y se incorporan $5.000 millones del INVIMA provenientes de excedentes financieros.
Para Transporte se dispusieron recursos adicionales por $45.000 millones en Cormagdalena, para el dragado del canal de acceso al Puerto de Barranquilla, $100.000 millones para la atención de puntos críticos en la vía Bogotá-Villavicencio y para la estructuración del Ferrocarril del Pacífico. Para el programa Colombia Rural a cargo del INVIAS se dispusieron de $395.000 millones.
Del total del Presupuesto General, el 59,8 % corresponde a gastos de funcionamiento, el 20,8 % al pago del servicio de la deuda y el 19,5 % a inversión.
En cuanto al presupuesto de inversión, los mayores rubros están en Educación, con $49,4 billones, luego está Defensa con $41,9 billones, Salud tiene $41,8 billones y Trabajo quedó con $34,5 billones.
El proceso de debate del proyecto de presupuesto contó con varias críticas por falta de transparencia, como lo ha explicado el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. En su más reciente informe sobre el tema se lee: “La transparencia en el debate del proyecto de PGN para 2022 es opaca pues el Gobierno nacional no ha presentado documentos que permitan estudiar las variaciones del proyecto, respecto a los presupuestos previos. La discusión, además, está teniendo lugar sin la asesoría de la OATP, en contravía de lo establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Adicionalmente, los niveles de transparencia en el texto de la iniciativa no son satisfactorios. Esto por cuenta de las asignaciones presupuestales presentadas. Los gastos de funcionamiento son el tipo de gasto que cuenta con una mayor asignación presupuestal –ascendiendo al 60%–. Sin embargo, en el proyecto solo se incluye la asignación de funcionamiento para cada entidad, sin detallar su composición”.