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Promigas, en el marco de su 50 aniversario, presentó la vigésimo quinta edición del Informe del Sector Gas Natural en Colombia, destacando las cifras clave y desafíos que enfrenta la industria. Según el informe, la sustitución del gas natural por alternativas como el hidrógeno o el biometano tendría un costo de aproximadamente $390 billones.
El reporte también advierte sobre los posibles incrementos en las facturas de los usuarios residenciales. Si el suministro de gas se compusiera en 50 % de gas importado mediante contratos a largo plazo, los hogares colombianos podrían enfrentar un aumento aproximado de 23 % en sus facturas.
En un escenario más severo, donde el gas natural importado (GNI) fuera la única fuente de suministro y se adquiriera en el mercado spot, las tarifas podrían incrementarse hasta en 40 %.
Las cifras reflejan la tensión que enfrenta Colombia en su camino hacia una transición energética equilibrada. El país tiene reservas de gas estimadas para 6,1 años (lo que coincide con lo que indicó la Agencia Nacional de Hidrocarburos), lo que implica que, si no se toman medidas, podría enfrentar déficits parciales de suministro en el corto plazo. Frente a esta situación, el informe resalta la importancia de reactivar la asignación de nuevos contratos de exploración y facilitar el desarrollo de proyectos, especialmente aquellos costa afuera, para ampliar la capacidad de producción local. Un aspecto que el Gobierno de Gustavo Petro tendría que replantear en su política pública.
El documento también subraya la necesidad de crear un esquema de “gas de portafolio”, que combine tanto los recursos propios como las importaciones de gas desde la costa atlántica y del Pacífico, con el fin de garantizar un suministro continuo, mayor competencia y mejores precios para los consumidores. La terminal de regasificación SPEC LNG, actualmente la única operativa en Colombia, ha jugado un rol fundamental para asegurar la generación eléctrica y proteger la seguridad energética. Según el informe, SPEC LNG añadirá 50 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) de gas en 2024 y proyecta incrementar su capacidad en 83 MPCD adicionales hacia 2027.
En paralelo, el informe menciona la importancia de la terminal de regasificación del Pacífico, propuesta por la UPME, cuya entrada en operación se proyecta para 2030. Este proyecto es visto como esencial para reforzar la confiabilidad del suministro de gas en el país, especialmente ante la creciente demanda de energía impulsada por economías emergentes y desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial.
El impacto de una transición desordenada, que prescinda del gas natural, ya se había mencionado en el informe de 2022. Entonces, Promigas estimó que sustituir la generación eléctrica a base de gas por energía eólica y electrificación de los sectores residencial e industrial podría costarle al país más de $110 billones, el equivalente a seis reformas tributarias.
Aunque a largo plazo se espera que energéticos alternativos como el hidrógeno desempeñen un papel clave en la descarbonización, el informe destaca que actualmente su implementación a gran escala es técnica y económicamente inviable. Por lo tanto, Promigas hace un llamado a que se flexibilice la regulación del mercado de gas en Colombia, adaptándola a los mecanismos internacionales, para poder cubrir los déficits previstos de manera competitiva y eficiente.
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