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La mayoría de los trabajadores latinoamericanos generan sus ingresos por fuera de formas salariales y lo hacen a través de la economía popular, lo que ha sido denominado generalmente como trabajo informal. La visión general sobre la informalidad tiene el sesgo de identificarla con una economía realizada por personas pobres que desarrollan actividades de baja productividad por fuera de los marcos legales. El Banco Mundial y la OIT denominan esta economía como “no estructurada”.
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Sin embargo, se trata de una economía estructurada, que puede tener alta productividad, y no necesariamente está conformada por pobres. Se trata de relaciones estructuradas por un conjunto de reglas, donde existen saberes, territorios, oficios, formas organizativas, sistemas de protección social basados en la familia y formas de financiamiento propias, entre las que se encuentra el gota a gota. El hecho de que esa economía sea reducida a la categoría informal, como si fuera una masa informe, refleja el desconocimiento de una realidad social y económica que debe ser caracterizada.
En relación con la productividad, aquí se presentan dos discusiones. La primera, la supuesta baja productividad esconde un bajo pago por los bienes y servicios que oferta la economía popular, y como la productividad se mide a precios de mercado y estos son bajos, la productividad aparece baja. No es un problema de productividad, sino de un intercambio desigual que castiga a los sectores populares. La segunda: el hecho de que el trabajo comunitario, al igual que el trabajo doméstico, no tenga valor mercantil expresado, en precios de mercado, no quiere decir que tenga una productividad igual a cero.
La economía popular es muy productiva. Es la fuente de suministro de la mayor cantidad de bienes y servicios que constituyen la satisfacción de las necesidades básicas de la población, como vestido, alimentación, vivienda, reparaciones, oficios domésticos, tratamiento de basuras, cuidados cosméticos y de personas vulnerables. Algunas de esas actividades pasan por una relación mercantil, y otras no. Estas últimas son las actividades comunitarias que están ligadas al cuidado, como son los comedores comunitarios, el cuidado de los niños, las huertas caseras y las rondas de seguridad. Estas actividades fueron esenciales para poder mitigar el confinamiento obligado con el covid 19, mientras que las actividades mercantiles debieron parar.
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Como hemos visto, se trata de una realidad compleja y que tiene que ver con las distintas formas como las personas resuelven el problema de su supervivencia. Una característica de esta economía es que está por fuera de la regulación estatal en lo que tiene que ver con los códigos laborales, controles administrativos, fiscalización tributaria y derechos de propiedad. Para el Estado se trata de actividades ilegales, y el Estado por principio no construye la política pública con los ilegales. Por esta razón esta economía con frecuencia entra en conflicto con las autoridades, y muchas veces es criminalizada.
Es el caso, por ejemplo, de asociar a los vendedores de la calle con el desorden de las ciudades. Todo aquello que llene los espacios públicos y que esté por fuera de los patrones que se imponen desde la planeación tiende a ser criminalizado, porque causa desorden, inseguridad y afea la ciudad. En los espacios donde están los vendedores está el microtráfico y el gota a gota, porque son espacios que el Estado abandonó y han sido tomados por poderes armados que provienen de la acumulación económica criminal. El vendedor termina siendo una víctima, porque ni siquiera puede acudir al policía del cuadrante, a pesar de que está ejerciendo una actividad “honrada” (expresión del gremio). Este ejemplo se puede extender a los barrios populares y el transporte informal.
Se presenta la economía popular como una práctica que debe ser erradica, y esa es la perspectiva desde el enfoque de la informalidad. Se pretende que las personas abandonen sus actividades para que transiten hacia la formalidad, bien sea a través del emprendimiento o el empleo asalariado. El emprendimiento formal implica comprar y vender con factura, llevar una contabilidad que se presenta a la DIAN, tener los registros y permisos correspondientes, y quienes hacen eso fracasan porque precisamente la economía popular puede existir porque no cumple con esos requisitos. Es por esto por lo que los programas de generación de ingresos para combatir la pobreza o para insertar a los desplazados han fracasado, como fue el caso de la red Unidos. Entonces, ¿qué hacer?
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La propuesta es a partir del reconocimiento de la economía popular. Sus actores están consumiendo su vida al proveer bienes y servicios a la sociedad, y no están recibiendo nada a cambio; por el contrario, el Estado en lugar de protegerlos los combate. Esas labores las realizan para garantizar su supervivencia, bien sea en actividades mercantiles informales o en trabajos comunitarios no mercantiles (allí está la definición de economía popular y comunitaria). Hay que empezar por señalar que deben tener derechos sociales, así como los trabajadores asalariados tienen un estatuto laboral que les garantiza unos derechos.
La economía popular son los trabajadores del siglo XXI, y hay que construir un contrato social de tal forma que accedan a derechos sociales, y a partir de allí también adquieran obligaciones. ¿Se le puede pedir al vendedor ambulante que pague impuestos para que con ellos se le pague a la policía para que lo desaloje? El contrato social está roto. Hay que buscar formas alternativas de protección social que están por fuera de los cánones tradicionales basados en el contrato laboral formal. Hay que reconocer sus territorios, líderes y oficios. Ese es el reto.
* Docente universitario.
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