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Subir el precio de la gasolina ha sido una de las decisiones más necesarias y a la vez impopulares del gobierno de Gustavo Petro. Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el precio de la gasolina corriente seguirá subiendo durante los próximos ocho meses, hasta que el valor de su galón se estabilice con el internacional, lo que serían unos $16.000.
La razón por la que se ha buscado, no solo en este gobierno sino también en su momento en el de Iván Duque, hacer algo con el combustible se debe al déficit de $37 billones que tiene el Fondo Para la Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC). Hay que recordar que el fin de este fondo es subsidiar las variaciones que tiene el precio del petróleo en el ámbito internacional, manteniendo estables los costos para los colombianos. Es decir, durante años ha asumido las alzas en esta materia, llegando el punto en el que la situación se ha hecho insostenible.
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Para el ministro Bonilla es más razonable que los subsidios que está destinando el Gobierno en esta materia se empleen en otro tipo de políticas públicas, mientras que para otros no hace sentido que Colombia, siendo país productor, tenga los precios que tiene cualquier otra nación importadora en el mundo, y más en tiempos de inflación.
Según lo explicado esta mañana por Bonilla en Blu, hay un elemento que le permite al Gobierno tomar este tipo de decisiones sin que la inflación se vea afectada de forma negativa, y es la tendencia a la estabilización de los precios de los alimentos.
Si bien, según lo reportado por el DANE, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas apenas registró una variación de 0,07 % en abril, hay alimentos que no han bajado de precio, sino que han desacelerado su incremento en esta materia. Es decir, los costos en esta materia aún no son cosa del pasado y siguen pesando bastante en el bolsillo de los hogares colombianos, especialmente en los más pobres y vulnerables.
Frente a este panorama, en las últimas horas el Ministerio de Hacienda publicó un comunicado en el que, palabras más palabras menos, confiesa que está trabajando para buscar alternativas que no hagan tan traumático para las finanzas de los colombianos la estabilización del fondo.
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“El Gobierno Nacional se encuentra en un proceso de ajuste de precios de los combustibles líquidos en el país con el propósito de reducir el efecto negativo en las finanzas públicas del FEPC, el cual alcanzó un déficit de $37 billones de pesos en 2022. En general, el gasto público que se asigna al pago de menores precios de los combustibles fósiles en el mercado doméstico se distribuye en mayor medida a los hogares con mayores ingresos del país y por tanto es inequitativo”, se lee en el comunicado.
Para encontrar estas posibles soluciones se han establecido unas mesas técnicas de trabajo, en donde por primera vez tendrán asiento representantes de Ecopetrol y del Comité de la Regla Fiscal. Estas las encabezará el Minhacienda y el Ministerio de Minas y Energía.
“Con esto se busca contribuir de manera fiscalmente responsable a la gradualidad del proceso de la mano de una estrategia transparente en el manejo de precios de los subsidios de los combustibles y el costo de oportunidad de proveer el mercado nacional. Adicionalmente la revisión en el ajuste programado de los precios busca identificar con mejor detalle a qué grupos de consumidores se puede focalizar algún tipo de subsidio específico. Así entonces las propuestas que emerjan de la mesa estarán enfocadas en atenuar los efectos en la población de los percentiles de menores ingresos”, añade la información.
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En suma, se buscarán estrategias para que la situación inflacionaria no erosione más la capacidad de gasto de los hogares más vulnerables. Podrían, por ejemplo, surgir propuestas como una tarifa diferencial para motocicletas o vehículos con determinadas condiciones, aunque con esto surgirían otros posibles problemas, como el comercio por debajo de cuerda del líquido, es decir, gente que se abastezca a un precio, vacíe el tanque y revenda el combustible más barato a como se vente en las estaciones de gasolina.
Dentro de las alternativas que se contemplan también figuran mayores controles a los combustibles distribuidos con beneficios económicos y tributarios en zonas de frontera, y revisiones regulatorias que en el marco de la discusión con todos los actores de la política de combustibles permitan identificar eficiencias en el sector.
“Las conclusiones de las mesas serán objeto de discusión en Consejos de Gobierno y socializadas para identificar las mejores alternativas siempre en el Marco de la sostenibilidad fiscal”, precisa el Minhacienda.
A todo esto se suma que el Gobierno Nacional ha manifestado un compromiso por la transición energética, por lo que de antemano se sabe que el combustible no estará dentro de sus prioridades de gasto e inversión. Es probable que por esa línea se decida, por ejemplo, destinar el subsidio que hoy se le está dando al combustible, a formas de movilización que empleen energías más limpias, como los vehículos eléctricos y la masificación de las electrolineras en el país.
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