¿Qué pasa con el trabajo en el campo?

El 2021 seguramente será recordado por muchas personas como el año de la denominada “reactivación”. Después de la debacle causada por el impacto del COVID-19 en el mundo, varios indicadores comienzan a recuperarse; entre esos está el empleo, y Colombia no es la excepción. Sin embargo, durante los últimos meses un sector ha llamado la atención: el agropecuario. En agosto, junto con las actividades financieras y manufacturas, fue uno de los tres grupos en los que se destruyeron puestos de trabajo en comparación con el mismo mes de 2020.

En septiembre, según los datos más recientes del DANE, en la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca se perdieron 125.000 puestos, en relación con el noveno mes del año pasado (en agosto habían sido 189.000). Durante la presentación de la información del mercado laboral de septiembre, el director de la oficina estadística, Juan Daniel Oviedo, resaltó que la pérdida de empleos ha sido mayor para las mujeres, quienes perdieron 83.000 puestos, en comparación con 42.000 de los varones.

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“Los cambios se explican por el transcurrir habitual de la salida de las cosechas y a la reducción que estacionalmente llega por el período de lluvias”, dijo el DANE como información de contexto para el comportamiento del empleo en las actividades agropecuarias, que generan más del 60 % del empleo rural. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), que trabaja de la mano con el DANE en estos análisis, destacó, de hecho, que en septiembre la población ocupada en el sector rural (no solo agropecuario) fue de 4,5 millones de personas, un aumento de 2,3 %.

Juan Gonzalo Botero, viceministro de Asuntos Agropecuarios, resaltó también que la tasa de desempleo (que, recordemos, muestra la proporción de personas en edad y con interés de trabajar que efectivamente está buscando empleo) en el sector rural es menor a la nacional (8,1 % frente a 12,1 %, respectivamente). Ángela Penagos, directora de la Iniciativa en Sistemas Agroalimentarios Sostenibles de la Universidad de los Andes, coincide, pero agrega que eso se debe a que la proporción de personas “inactivas” (por fuera del mercado laboral y que no están buscando trabajo) es mayor.

Lo anterior, a su vez, es en su mayoría consecuencia de una menor participación laboral de las mujeres rurales, tradicionalmente encargadas de las labores domésticas y de cuidado no remuneradas (preparación de alimentos, aseo, cuidado de niños, niñas y personas enfermas o mayores).

En lo que todos coinciden es que las lluvias, sin duda, están teniendo un efecto adverso en el sector agropecuario. “El clima le ha venido jugando una mala pasada al sector, toda vez que el exceso de lluvias, que empezó en agosto —es decir, no es una cosa de octubre ni septiembre— genera pérdidas en los cultivos, y la recuperación no es de la noche a la mañana”, señala Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultora de Colombia (SAC).

Para Penagos, sin embargo, las lluvias son un factor, mas no el único. Su análisis se inclina más hacia la advertencia que ella e investigadores del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) hicieron el año pasado respecto a los posibles efectos de la pandemia en el mercado laboral rural en Colombia: que las consecuencias del COVID llegarían con rezago al campo y que los más afectados serían las mujeres y los jóvenes. Lo primero, decían, “se podría explicar por una recomposición del empleo, por la entrada de miembros del hogar a la fuerza laboral, por los efectos rezagados de choques de demanda en toda la economía y porque las decisiones de siembra se tomaron antes de que se percibiera una reducción de la demanda”.

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Recordemos que los cierres de hoteles, restaurantes, colegios y otros establecimientos causaron el año pasado una caída abrupta en la demanda de alimentos, lo que tuvo efectos negativos en las ventas y rentabilidad de los productores. Quizás uno de los casos más recordados es el de la sobreoferta de papa, cuyos productores terminaron vendiéndola y hasta regalándola en las carreteras. Según Bedoya, en algunos cultivos de ciclo corto, la caída del consumo en 2020 generó una caída en la oferta este año, lo que, a su vez, puede impactar el empleo (a menor número de hectáreas sembradas, menor necesidad de mano de obra).

Según la UPRA, en el primer semestre del 2021, se registró una leve caída en las áreas sembradas totales en el país, en comparación con el mismo período del 2020: pasaron de 1.246.768 hectáreas sembradas a 1.229.046 hectáreas, una disminución del 1,4 %. El viceministro Botero, por su parte, resaltó las disminuciones en el cultivo de arroz, lo cual asegura que no solo puede ayudar a controlar una sobreoferta y eventual afectación en el precio, sino que podría compensarse con el aumento en las hectáreas de maíz. Asimismo, mencionó la caída en las siembras de café por cuenta de las lluvias, pero dice que espera que no tarden en recuperarse.

Para Bedoya, por otro lado, más que un efecto rezagado, lo que ha ocurrido es una mezcla de elementos, entre los que se cuentan también las consecuencias del paro. Si bien los bloqueos tuvieron efectos de corto plazo, hay otros que perduran, como la reposición de las aves que murieron por falta de alimento. Según la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), unos catorce millones de aves fallecieron de inanición. Por esa razón, dice el presidente de la SAC, pese a que se podría esperar que la demanda se recupere a medida que se reactiva la economía, la recuperación de la oferta no es automática; toma tiempo.

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Sobre el futuro de la situación, el dirigente gremial asegura que depende no solo del comportamiento de la demanda o el consumo, sino de algo esencial: el precio de los insumos, que a escala global están disparados, por factores como la crisis de logística derivada de la pandemia, la escasez de materias primas y los precios de la energía, entre otros. “Uno desearía que fuera coyuntural, pero no hay ninguna señal de que la situación el otro año será diferente”, agrega Bedoya.

Al respecto, el viceministro resaltó el proyecto de ley de iniciativa gubernamental que se radicó con mensaje de urgencia para atender el asunto de los insumos. Una de las propuestas del articulado es crear “un fondo cuenta que permita adelantar variadas operaciones tendientes a garantizar el acceso a los insumos agropecuarios”. El viceministro Botero subrayó que “la idea es que nuestra agricultura tiene que ir generando una transición ecológica a un modelo más sostenible, menos dependiente de insumos y agroquímicos, con más productividad”.

Precisamente en relación con el ambiente, Bedoya, de la SAC, reconoce que la cuestión climática no es un factor pasajero, sino que seguirá siendo un asunto recurrente que el sector tendrá que enfrentar. Por lo tanto, asegura que también es importante trabajar más por la cultura y la capacidad de aseguramiento, pues el año en que más hectáreas se aseguraron hubo 300.000, en un país con más de 6,5 millones de hectáreas sembradas.

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Finalmente, la empleabilidad de las mujeres requiere más atención, pues no parece haber una estrategia clara o efectiva para la generación de puestos de trabajo que las tenga en cuenta. Bedoya asegura que desde su gremio han hecho el llamado sobre la necesidad de una política con recursos para la promoción del emprendimiento de las mujeres. “Son 5,8 millones en el campo. Encarnan un potencial enorme de generación de ingresos para las familias del campo”, dice. El viceministro Botero, por su parte, destacó que este año se han desembolsado $444.000 millones en crédito para mujeres rurales, “la cifra más alta en la historia del Banco Agrario”.

Para Ángela Penagos, la suma de los factores que menciona genera un “efecto cascada” y probablemente estamos ante un cambio estructural, movido también por la coyuntura internacional. Su mayor preocupación son las consecuencias sobre la pobreza, pues menos puestos de trabajo en el campo y un inminente aumento de los precios de los alimentos (por las menores siembras y las cosechas arruinadas por las lluvias), que el viceministro dice que no se puede negar, sin duda amenazan el bienestar de los hogares.

Es preciso recordar también la fragilidad de las cifras de pobreza rural. Si bien en un primer momento sorprendió que, contrario a lo que se esperaba, la pobreza en el campo durante 2020 no solo no aumentó, sino que cayó, esto se debió en gran parte a las transferencias o ayudas monetarias por parte del Gobierno en medio de la pandemia, las cuales, por cierto, no serán infinitas. Por eso, el empleo, los costos de producción y el control de la inflación son cruciales en esta ecuación.

El 2021 seguramente será recordado por muchas personas como el año de la denominada “reactivación”. Después de la debacle causada por el impacto del COVID-19 en el mundo, varios indicadores comienzan a recuperarse; entre esos está el empleo, y Colombia no es la excepción. Sin embargo, durante los últimos meses un sector ha llamado la atención: el agropecuario. En agosto, junto con las actividades financieras y manufacturas, fue uno de los tres grupos en los que se destruyeron puestos de trabajo en comparación con el mismo mes de 2020.

En septiembre, según los datos más recientes del DANE, en la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca se perdieron 125.000 puestos, en relación con el noveno mes del año pasado (en agosto habían sido 189.000). Durante la presentación de la información del mercado laboral de septiembre, el director de la oficina estadística, Juan Daniel Oviedo, resaltó que la pérdida de empleos ha sido mayor para las mujeres, quienes perdieron 83.000 puestos, en comparación con 42.000 de los varones.

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“Los cambios se explican por el transcurrir habitual de la salida de las cosechas y a la reducción que estacionalmente llega por el período de lluvias”, dijo el DANE como información de contexto para el comportamiento del empleo en las actividades agropecuarias, que generan más del 60 % del empleo rural. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), que trabaja de la mano con el DANE en estos análisis, destacó, de hecho, que en septiembre la población ocupada en el sector rural (no solo agropecuario) fue de 4,5 millones de personas, un aumento de 2,3 %.

Juan Gonzalo Botero, viceministro de Asuntos Agropecuarios, resaltó también que la tasa de desempleo (que, recordemos, muestra la proporción de personas en edad y con interés de trabajar que efectivamente está buscando empleo) en el sector rural es menor a la nacional (8,1 % frente a 12,1 %, respectivamente). Ángela Penagos, directora de la Iniciativa en Sistemas Agroalimentarios Sostenibles de la Universidad de los Andes, coincide, pero agrega que eso se debe a que la proporción de personas “inactivas” (por fuera del mercado laboral y que no están buscando trabajo) es mayor.

Lo anterior, a su vez, es en su mayoría consecuencia de una menor participación laboral de las mujeres rurales, tradicionalmente encargadas de las labores domésticas y de cuidado no remuneradas (preparación de alimentos, aseo, cuidado de niños, niñas y personas enfermas o mayores).

En lo que todos coinciden es que las lluvias, sin duda, están teniendo un efecto adverso en el sector agropecuario. “El clima le ha venido jugando una mala pasada al sector, toda vez que el exceso de lluvias, que empezó en agosto —es decir, no es una cosa de octubre ni septiembre— genera pérdidas en los cultivos, y la recuperación no es de la noche a la mañana”, señala Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultora de Colombia (SAC).

Para Penagos, sin embargo, las lluvias son un factor, mas no el único. Su análisis se inclina más hacia la advertencia que ella e investigadores del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) hicieron el año pasado respecto a los posibles efectos de la pandemia en el mercado laboral rural en Colombia: que las consecuencias del COVID llegarían con rezago al campo y que los más afectados serían las mujeres y los jóvenes. Lo primero, decían, “se podría explicar por una recomposición del empleo, por la entrada de miembros del hogar a la fuerza laboral, por los efectos rezagados de choques de demanda en toda la economía y porque las decisiones de siembra se tomaron antes de que se percibiera una reducción de la demanda”.

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Recordemos que los cierres de hoteles, restaurantes, colegios y otros establecimientos causaron el año pasado una caída abrupta en la demanda de alimentos, lo que tuvo efectos negativos en las ventas y rentabilidad de los productores. Quizás uno de los casos más recordados es el de la sobreoferta de papa, cuyos productores terminaron vendiéndola y hasta regalándola en las carreteras. Según Bedoya, en algunos cultivos de ciclo corto, la caída del consumo en 2020 generó una caída en la oferta este año, lo que, a su vez, puede impactar el empleo (a menor número de hectáreas sembradas, menor necesidad de mano de obra).

Según la UPRA, en el primer semestre del 2021, se registró una leve caída en las áreas sembradas totales en el país, en comparación con el mismo período del 2020: pasaron de 1.246.768 hectáreas sembradas a 1.229.046 hectáreas, una disminución del 1,4 %. El viceministro Botero, por su parte, resaltó las disminuciones en el cultivo de arroz, lo cual asegura que no solo puede ayudar a controlar una sobreoferta y eventual afectación en el precio, sino que podría compensarse con el aumento en las hectáreas de maíz. Asimismo, mencionó la caída en las siembras de café por cuenta de las lluvias, pero dice que espera que no tarden en recuperarse.

Para Bedoya, por otro lado, más que un efecto rezagado, lo que ha ocurrido es una mezcla de elementos, entre los que se cuentan también las consecuencias del paro. Si bien los bloqueos tuvieron efectos de corto plazo, hay otros que perduran, como la reposición de las aves que murieron por falta de alimento. Según la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), unos catorce millones de aves fallecieron de inanición. Por esa razón, dice el presidente de la SAC, pese a que se podría esperar que la demanda se recupere a medida que se reactiva la economía, la recuperación de la oferta no es automática; toma tiempo.

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Sobre el futuro de la situación, el dirigente gremial asegura que depende no solo del comportamiento de la demanda o el consumo, sino de algo esencial: el precio de los insumos, que a escala global están disparados, por factores como la crisis de logística derivada de la pandemia, la escasez de materias primas y los precios de la energía, entre otros. “Uno desearía que fuera coyuntural, pero no hay ninguna señal de que la situación el otro año será diferente”, agrega Bedoya.

Al respecto, el viceministro resaltó el proyecto de ley de iniciativa gubernamental que se radicó con mensaje de urgencia para atender el asunto de los insumos. Una de las propuestas del articulado es crear “un fondo cuenta que permita adelantar variadas operaciones tendientes a garantizar el acceso a los insumos agropecuarios”. El viceministro Botero subrayó que “la idea es que nuestra agricultura tiene que ir generando una transición ecológica a un modelo más sostenible, menos dependiente de insumos y agroquímicos, con más productividad”.

Precisamente en relación con el ambiente, Bedoya, de la SAC, reconoce que la cuestión climática no es un factor pasajero, sino que seguirá siendo un asunto recurrente que el sector tendrá que enfrentar. Por lo tanto, asegura que también es importante trabajar más por la cultura y la capacidad de aseguramiento, pues el año en que más hectáreas se aseguraron hubo 300.000, en un país con más de 6,5 millones de hectáreas sembradas.

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Finalmente, la empleabilidad de las mujeres requiere más atención, pues no parece haber una estrategia clara o efectiva para la generación de puestos de trabajo que las tenga en cuenta. Bedoya asegura que desde su gremio han hecho el llamado sobre la necesidad de una política con recursos para la promoción del emprendimiento de las mujeres. “Son 5,8 millones en el campo. Encarnan un potencial enorme de generación de ingresos para las familias del campo”, dice. El viceministro Botero, por su parte, destacó que este año se han desembolsado $444.000 millones en crédito para mujeres rurales, “la cifra más alta en la historia del Banco Agrario”.

Para Ángela Penagos, la suma de los factores que menciona genera un “efecto cascada” y probablemente estamos ante un cambio estructural, movido también por la coyuntura internacional. Su mayor preocupación son las consecuencias sobre la pobreza, pues menos puestos de trabajo en el campo y un inminente aumento de los precios de los alimentos (por las menores siembras y las cosechas arruinadas por las lluvias), que el viceministro dice que no se puede negar, sin duda amenazan el bienestar de los hogares.

Es preciso recordar también la fragilidad de las cifras de pobreza rural. Si bien en un primer momento sorprendió que, contrario a lo que se esperaba, la pobreza en el campo durante 2020 no solo no aumentó, sino que cayó, esto se debió en gran parte a las transferencias o ayudas monetarias por parte del Gobierno en medio de la pandemia, las cuales, por cierto, no serán infinitas. Por eso, el empleo, los costos de producción y el control de la inflación son cruciales en esta ecuación.