¿Qué proponen los candidatos para reducir la pobreza desde lo fiscal?

Producto de la pandemia, 2020 dejó la mayor contracción de la economía colombiana de las últimas décadas (7 %), 2,4 millones de personas perdieron su empleo y 3,6 millones fueron arrastradas a la pobreza, llevando al 42,5 % de la población a esta condición. A pesar del llamativo crecimiento de la economía de 10,6 % en 2021, el país aún cuenta más de 1,2 millones de empleos destruidos y 2,1 millones de nuevos pobres con respecto a lo registrado en 2019. La rampante inflación y la lenta recuperación de la economía en lo corrido de 2022 refuerzan cada vez más la necesidad de corregir la persistente pobreza.

Con base en la última información publicada por el DANE, en 2021, cerca de 35 millones de colombianos percibieron en promedio ingresos diarios inferiores a $23.000 ($690.000 mensuales), condición que los ubica por debajo de la línea de vulnerabilidad. De estas personas, 19,6 millones estaban en situación de pobreza, pues tuvieron ingresos inferiores a $11.800 diarios en promedio, correspondientes a $354.000 mensuales. En este sentido, el 70,3 % de la población (casi dos de cada tres personas) se encuentra en estado de vulnerabilidad económica o pobreza.

Lea también: El vaso medio lleno y medio vacío de la pobreza en Colombia

En términos de clases sociales, las personas pobres en Colombia son 39,3 % de la población; las vulnerables representan el 31 %; la clase media, quienes tienen ingresos mensuales entre $690.524 y $3’718.204, ocupa el 27,8 %, y en la clase alta apenas está el 1,8 % de la población.

La probabilidad de encontrarse en condición de pobreza cambia según las características del hogar y sus miembros. Si el hogar no tiene niños, la incidencia de la pobreza monetaria es del 22,4 %, mientras que la presencia de un niño la aumenta al 40,9 % y de dos niños al 58,1 %.

Cuando el jefe de hogar es mujer es más probable que exista pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, lo cual es una consecuencia de la brecha de género en el ingreso. Esto se explica porque, a pesar de que la incidencia de la pobreza monetaria a escala nacional es del 39,3 %, cuando el jefe de hogar es hombre la incidencia baja al 37 %, mientras que si el jefe de hogar es mujer la incidencia aumenta al 42,9 %. Del mismo modo, mientras que la pobreza monetaria extrema en el país es del 12,2 %, cuando el jefe de hogar es hombre la incidencia es del 10,8 %, mientras que si el jefe de hogar es mujer la incidencia es del 14,5 %.

La pobreza golpeó con mayor fuerza a la población campesina durante 2021, los cierres de los canales de comercialización, el incremento en el costo de los insumos agropecuarios, las afectaciones climáticas y la eliminación de algunos subsidios (energía) aumentaron la pobreza en las zonas rurales del 42,9% al 44,6 %. El efecto de las ayudas sobre la reducción de la pobreza fue menor en 2021 que en 2020. Especialmente en los centros poblados y rurales dispersos debido a que para estas zonas la incidencia de los apoyos redujo en 6,5% la pobreza monetaria para 2021, mientras que para 2020 la reducción fue del 7,1 %.

Lea también: Más allá de los ingresos, ¿cómo está el bienestar de los colombianos?

Desde hace más de veinte años existen programas en Colombia para atender a la población en condiciones de pobreza. De acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social (DPS), de los $59 billones que se han invertido desde su creación en los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Ingreso Solidario y la compensación del IVA, en el marco de la pandemia se giraron $24 billones. Sin estas ayudas institucionales la pobreza monetaria habría aumentado 3,6% en 2021; es decir que la incidencia hubiera pasado del 39,3 % al 42,9 %. Las ayudas gubernamentales se concentraron en centros poblados (30,3 %), otros centros urbanos (30,4 %), Bogotá (13,3 %) y Medellín (4,9 %).

Frente a esta situación, la alianza entre El Espectador y la Red de Trabajo Fiscal consultó a los candidatos presidenciales sobre estos programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas. Aunque todos coinciden en prolongar los mecanismos de transferencias monetarias como herramienta de reducción de la pobreza, hay diferencias en las medidas para ajustar estas ayudas.

Federico Gutiérrez propone mantener los programas actuales y aumentar el subsidio de Colombia Mayor de los $80.000 actuales a $330.000. Aumentar la cobertura de Jóvenes en Acción, hasta llegar a 1’200.000 beneficiarios. Además, ampliar la base de devolución del IVA para llegar a cinco millones de hogares pobres en 2026.

Lea también: ¿Cómo construir cultura tributaria?: discusión necesaria en el debate presidencial

Por su parte, Ingrid Betancourt plantea reorganizar y reorientar los programas para evitar la dispersión e ineficiencia del gasto público, de manera que todos integren un solo sistema de seguridad social que cubra equitativamente a todas las personas de un mismo grado de vulnerabilidad. También propone una reforma pensional para mejorar orientar nuevos recursos a los más vulnerables mediante un seguro para la vejez.

John Milton Rodríguez quiere mejorar la focalización de los programas de Ingreso Solidario y Familias en Acción, unificándolos en uno solo. También plantea crear unos centros de sabiduría para ofrecerles un pago de contraprestación de medio salario mínimo mensuales a adultos mayores a cambio de su experiencia.

Gustavo Petro propone mejorar la focalización mediante una reforma al sistema de clasificación de la población por nivel de vida basado en la estratificación hacia un sistema que corrija las distorsiones y se integre a la consolidación y conclusión del proceso del Sisbén IV. Adicionalmente, no ve con buenos ojos programas como la devolución del IVA.

Para Sergio Fajardo, los programas se deben mantener y reforzar. También plantea la posibilidad de fusionar algunos programas como la devolución del IVA con Ingreso Solidario y Familias en Acción. Propone ampliar la cobertura de Jóvenes en Acción hasta que tenga un millón de beneficiarios y hacer que Colombia Mayor se convierta gradualmente en un ingreso básico de $500.000 mensuales para todos los adultos mayores de 65 años que no tienen acceso a una pensión.

En conclusión, los candidatos consultados coinciden con mantener como mínimo lo que ya está y ampliarlo, ya sea en términos de cobertura o cantidad, pero con matices diferentes.

Lea también: ¿Cómo ven los candidatos presidenciales el país desde lo fiscal?

Teniendo en cuenta que la reducción de la pobreza debe conjugar diversos esfuerzos de política económica, el debate sobre una renta básica debe ser objeto de atención por parte del electorado al margen de discusiones sobre las fuentes y los usos de los recursos orientados a reducir la pobreza.

La creciente tendencia que este fenómeno ha presentado en Colombia en las últimas décadas es producto de un modelo económico que no permite la generación de riqueza y por tanto no brinda condiciones de vida digna. Detener esta enfermedad requiere un cambio de modelo económico que parta por corregir las actuales deficiencias de los programas mientras se reactivan las fuerzas productivas y se recupera el mercado interno.

Este contenido hace parte de la alianza sobre elecciones y temas fiscales que estableció El Espectador con la Red de Trabajo Fiscal. Los contenidos informativos de esta alianza los puede consultar aquí.

* Coordinador de investigaciones de Cedetrabajo.

Producto de la pandemia, 2020 dejó la mayor contracción de la economía colombiana de las últimas décadas (7 %), 2,4 millones de personas perdieron su empleo y 3,6 millones fueron arrastradas a la pobreza, llevando al 42,5 % de la población a esta condición. A pesar del llamativo crecimiento de la economía de 10,6 % en 2021, el país aún cuenta más de 1,2 millones de empleos destruidos y 2,1 millones de nuevos pobres con respecto a lo registrado en 2019. La rampante inflación y la lenta recuperación de la economía en lo corrido de 2022 refuerzan cada vez más la necesidad de corregir la persistente pobreza.

Con base en la última información publicada por el DANE, en 2021, cerca de 35 millones de colombianos percibieron en promedio ingresos diarios inferiores a $23.000 ($690.000 mensuales), condición que los ubica por debajo de la línea de vulnerabilidad. De estas personas, 19,6 millones estaban en situación de pobreza, pues tuvieron ingresos inferiores a $11.800 diarios en promedio, correspondientes a $354.000 mensuales. En este sentido, el 70,3 % de la población (casi dos de cada tres personas) se encuentra en estado de vulnerabilidad económica o pobreza.

Lea también: El vaso medio lleno y medio vacío de la pobreza en Colombia

En términos de clases sociales, las personas pobres en Colombia son 39,3 % de la población; las vulnerables representan el 31 %; la clase media, quienes tienen ingresos mensuales entre $690.524 y $3’718.204, ocupa el 27,8 %, y en la clase alta apenas está el 1,8 % de la población.

La probabilidad de encontrarse en condición de pobreza cambia según las características del hogar y sus miembros. Si el hogar no tiene niños, la incidencia de la pobreza monetaria es del 22,4 %, mientras que la presencia de un niño la aumenta al 40,9 % y de dos niños al 58,1 %.

Cuando el jefe de hogar es mujer es más probable que exista pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, lo cual es una consecuencia de la brecha de género en el ingreso. Esto se explica porque, a pesar de que la incidencia de la pobreza monetaria a escala nacional es del 39,3 %, cuando el jefe de hogar es hombre la incidencia baja al 37 %, mientras que si el jefe de hogar es mujer la incidencia aumenta al 42,9 %. Del mismo modo, mientras que la pobreza monetaria extrema en el país es del 12,2 %, cuando el jefe de hogar es hombre la incidencia es del 10,8 %, mientras que si el jefe de hogar es mujer la incidencia es del 14,5 %.

La pobreza golpeó con mayor fuerza a la población campesina durante 2021, los cierres de los canales de comercialización, el incremento en el costo de los insumos agropecuarios, las afectaciones climáticas y la eliminación de algunos subsidios (energía) aumentaron la pobreza en las zonas rurales del 42,9% al 44,6 %. El efecto de las ayudas sobre la reducción de la pobreza fue menor en 2021 que en 2020. Especialmente en los centros poblados y rurales dispersos debido a que para estas zonas la incidencia de los apoyos redujo en 6,5% la pobreza monetaria para 2021, mientras que para 2020 la reducción fue del 7,1 %.

Lea también: Más allá de los ingresos, ¿cómo está el bienestar de los colombianos?

Desde hace más de veinte años existen programas en Colombia para atender a la población en condiciones de pobreza. De acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social (DPS), de los $59 billones que se han invertido desde su creación en los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Ingreso Solidario y la compensación del IVA, en el marco de la pandemia se giraron $24 billones. Sin estas ayudas institucionales la pobreza monetaria habría aumentado 3,6% en 2021; es decir que la incidencia hubiera pasado del 39,3 % al 42,9 %. Las ayudas gubernamentales se concentraron en centros poblados (30,3 %), otros centros urbanos (30,4 %), Bogotá (13,3 %) y Medellín (4,9 %).

Frente a esta situación, la alianza entre El Espectador y la Red de Trabajo Fiscal consultó a los candidatos presidenciales sobre estos programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas. Aunque todos coinciden en prolongar los mecanismos de transferencias monetarias como herramienta de reducción de la pobreza, hay diferencias en las medidas para ajustar estas ayudas.

Federico Gutiérrez propone mantener los programas actuales y aumentar el subsidio de Colombia Mayor de los $80.000 actuales a $330.000. Aumentar la cobertura de Jóvenes en Acción, hasta llegar a 1’200.000 beneficiarios. Además, ampliar la base de devolución del IVA para llegar a cinco millones de hogares pobres en 2026.

Lea también: ¿Cómo construir cultura tributaria?: discusión necesaria en el debate presidencial

Por su parte, Ingrid Betancourt plantea reorganizar y reorientar los programas para evitar la dispersión e ineficiencia del gasto público, de manera que todos integren un solo sistema de seguridad social que cubra equitativamente a todas las personas de un mismo grado de vulnerabilidad. También propone una reforma pensional para mejorar orientar nuevos recursos a los más vulnerables mediante un seguro para la vejez.

John Milton Rodríguez quiere mejorar la focalización de los programas de Ingreso Solidario y Familias en Acción, unificándolos en uno solo. También plantea crear unos centros de sabiduría para ofrecerles un pago de contraprestación de medio salario mínimo mensuales a adultos mayores a cambio de su experiencia.

Gustavo Petro propone mejorar la focalización mediante una reforma al sistema de clasificación de la población por nivel de vida basado en la estratificación hacia un sistema que corrija las distorsiones y se integre a la consolidación y conclusión del proceso del Sisbén IV. Adicionalmente, no ve con buenos ojos programas como la devolución del IVA.

Para Sergio Fajardo, los programas se deben mantener y reforzar. También plantea la posibilidad de fusionar algunos programas como la devolución del IVA con Ingreso Solidario y Familias en Acción. Propone ampliar la cobertura de Jóvenes en Acción hasta que tenga un millón de beneficiarios y hacer que Colombia Mayor se convierta gradualmente en un ingreso básico de $500.000 mensuales para todos los adultos mayores de 65 años que no tienen acceso a una pensión.

En conclusión, los candidatos consultados coinciden con mantener como mínimo lo que ya está y ampliarlo, ya sea en términos de cobertura o cantidad, pero con matices diferentes.

Lea también: ¿Cómo ven los candidatos presidenciales el país desde lo fiscal?

Teniendo en cuenta que la reducción de la pobreza debe conjugar diversos esfuerzos de política económica, el debate sobre una renta básica debe ser objeto de atención por parte del electorado al margen de discusiones sobre las fuentes y los usos de los recursos orientados a reducir la pobreza.

La creciente tendencia que este fenómeno ha presentado en Colombia en las últimas décadas es producto de un modelo económico que no permite la generación de riqueza y por tanto no brinda condiciones de vida digna. Detener esta enfermedad requiere un cambio de modelo económico que parta por corregir las actuales deficiencias de los programas mientras se reactivan las fuerzas productivas y se recupera el mercado interno.

Este contenido hace parte de la alianza sobre elecciones y temas fiscales que estableció El Espectador con la Red de Trabajo Fiscal. Los contenidos informativos de esta alianza los puede consultar aquí.

* Coordinador de investigaciones de Cedetrabajo.