¿Qué proponen los candidatos sobre el impuesto a la renta en Colombia?

Un elemento sobre el cual la Red de Trabajo Fiscal ha llamado la atención está asociado con la economía política que hay en lo tributario. Al respecto, el profesor Thomas Piketty señala que la desigualdad no es económica, sino ideológica (ideas y discurso sobre cómo se debe estructurar la sociedad) y política (poder), y así se deben entender las propuestas.

De igual manera, la Red ha sido acuciosa en mostrar cómo los beneficios fiscales existentes en el Estatuto Tributario para personas naturales como jurídicas reduce sustancialmente la tarifa efectiva de tributación.

Lea también: ¿Cómo ven los candidatos presidenciales las finanzas territoriales en Colombia?

Todos los candidatos reconocen los altos niveles de pobreza como de desigualdad de ingresos y oportunidades en Colombia. De ahí la necesidad de medidas de intervención. Ello los lleva a realizar propuestas para aumentar las fuentes de financiación.

Así mismo, los aspirantes a la presidencia son conscientes del impacto que tienen las exenciones y los beneficios fiscales sobre el recaudo fiscal, así como las tarifas diferenciadas entre fuentes de ingreso. Sin embargo, hay matices de acuerdo con la encuesta realizada por la Red de Trabajo Fiscal, fuente de este análisis.

Por ejemplo, Federico Gutiérrez señala una reforma del Estatuto Tributario a implementarse en un período de diez años en la que se eliminan “exenciones tributarias en bienes no esenciales” (IVA), así como un “análisis detallado de las exenciones tributarias para evaluar los diversos efectos de eliminarlos, para así eliminar algunas exenciones” (renta a personas naturales y personas jurídicas).

Mientras tanto, Gustavo Petro ve la necesidad de eliminar los beneficios e incluso reducir la tarifa de las personas jurídicas del 35 % al 25 %, e incluso prevé que con esta medida “se generaría incluso un mayor recaudo”.

Lea también: ¿Qué proponen los candidatos para reducir la pobreza desde lo fiscal?

Sergio Fajardo, por su parte, divide las exenciones para personas naturales y jurídicas. Eliminaría las exenciones de las personas naturales de altos ingresos y en las jurídicas señala: “En la medida en que logremos aumentar el recaudo y reducir el déficit fiscal, buscaremos reducir la actual tarifa nominal de impuesto a la renta de empresas” y solo mantendrá “aquellos que tengan un efecto probado en la creación de empleo” y considera que “el régimen simple, en la práctica, implica que hoy ya existen tarifas de renta diferenciadas para las empresas.

John Milton Rodríguez señala que eliminaría “algunas de las exenciones tributarias que tienen tanto las personas como las empresas”, que “en la mayoría de los casos beneficia a las personas de más altos ingresos”, así como la diferenciación tarifaria entre empresas grandes (30 %) y medianas (20 %), y la profundización del régimen simple en las pequeñas.

Por último, Ingrid Betancourt manifiesta que “muchos de los beneficios existentes a personas naturales favorecen a los más ricos, pues tienen tasas impositivas diferenciadas por tipo de ingreso”, las cuales se deben eliminar, por ello la posibilidad de reestructurar el Estatuto Tributario “a partir de los siguientes parámetros: i) no aumentar la carga tributaria al sector productivo, ii) no aumentar el IVA y iii) no crear más exenciones tributarias. Nuestra propuesta consiste en que no haya tarifas diferenciales por fuente de ingreso”.

Lea también: ¿Cómo construir cultura tributaria?: discusión necesaria en el debate presidencial

Todos los candidatos concuerdan en la necesidad de una próxima reforma tributaria para organizar el Estatuto Tributario, con miras a luchar contra la evasión y la elusión, concentrados en lo fundamental, en las personas naturales. Sin embargo, ninguno observa los problemas de elusión que se presentan con el uso de los créditos financieros, los cuales aumentan los pasivos financieros y el pago de intereses, erosionando la base gravable del impuesto al patrimonio y del de renta. De igual manera, ninguno de ellos realiza aproximaciones respecto a los gastos de administración y distribución, fuente importante de elusión fiscal, una caja negra que representó cerca de $617 billones en 2020, según la DIAN.

Finalmente, todos los candidatos son prudentes en las propuestas tributarias, pues saben el posible efecto que esto puede tener sobre los empresarios como sobre los ci udadanos.

* Centro de Pensamiento de Estudios Fiscales, U. Nacional de Colombia.

Un elemento sobre el cual la Red de Trabajo Fiscal ha llamado la atención está asociado con la economía política que hay en lo tributario. Al respecto, el profesor Thomas Piketty señala que la desigualdad no es económica, sino ideológica (ideas y discurso sobre cómo se debe estructurar la sociedad) y política (poder), y así se deben entender las propuestas.

De igual manera, la Red ha sido acuciosa en mostrar cómo los beneficios fiscales existentes en el Estatuto Tributario para personas naturales como jurídicas reduce sustancialmente la tarifa efectiva de tributación.

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Todos los candidatos reconocen los altos niveles de pobreza como de desigualdad de ingresos y oportunidades en Colombia. De ahí la necesidad de medidas de intervención. Ello los lleva a realizar propuestas para aumentar las fuentes de financiación.

Así mismo, los aspirantes a la presidencia son conscientes del impacto que tienen las exenciones y los beneficios fiscales sobre el recaudo fiscal, así como las tarifas diferenciadas entre fuentes de ingreso. Sin embargo, hay matices de acuerdo con la encuesta realizada por la Red de Trabajo Fiscal, fuente de este análisis.

Por ejemplo, Federico Gutiérrez señala una reforma del Estatuto Tributario a implementarse en un período de diez años en la que se eliminan “exenciones tributarias en bienes no esenciales” (IVA), así como un “análisis detallado de las exenciones tributarias para evaluar los diversos efectos de eliminarlos, para así eliminar algunas exenciones” (renta a personas naturales y personas jurídicas).

Mientras tanto, Gustavo Petro ve la necesidad de eliminar los beneficios e incluso reducir la tarifa de las personas jurídicas del 35 % al 25 %, e incluso prevé que con esta medida “se generaría incluso un mayor recaudo”.

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Sergio Fajardo, por su parte, divide las exenciones para personas naturales y jurídicas. Eliminaría las exenciones de las personas naturales de altos ingresos y en las jurídicas señala: “En la medida en que logremos aumentar el recaudo y reducir el déficit fiscal, buscaremos reducir la actual tarifa nominal de impuesto a la renta de empresas” y solo mantendrá “aquellos que tengan un efecto probado en la creación de empleo” y considera que “el régimen simple, en la práctica, implica que hoy ya existen tarifas de renta diferenciadas para las empresas.

John Milton Rodríguez señala que eliminaría “algunas de las exenciones tributarias que tienen tanto las personas como las empresas”, que “en la mayoría de los casos beneficia a las personas de más altos ingresos”, así como la diferenciación tarifaria entre empresas grandes (30 %) y medianas (20 %), y la profundización del régimen simple en las pequeñas.

Por último, Ingrid Betancourt manifiesta que “muchos de los beneficios existentes a personas naturales favorecen a los más ricos, pues tienen tasas impositivas diferenciadas por tipo de ingreso”, las cuales se deben eliminar, por ello la posibilidad de reestructurar el Estatuto Tributario “a partir de los siguientes parámetros: i) no aumentar la carga tributaria al sector productivo, ii) no aumentar el IVA y iii) no crear más exenciones tributarias. Nuestra propuesta consiste en que no haya tarifas diferenciales por fuente de ingreso”.

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Todos los candidatos concuerdan en la necesidad de una próxima reforma tributaria para organizar el Estatuto Tributario, con miras a luchar contra la evasión y la elusión, concentrados en lo fundamental, en las personas naturales. Sin embargo, ninguno observa los problemas de elusión que se presentan con el uso de los créditos financieros, los cuales aumentan los pasivos financieros y el pago de intereses, erosionando la base gravable del impuesto al patrimonio y del de renta. De igual manera, ninguno de ellos realiza aproximaciones respecto a los gastos de administración y distribución, fuente importante de elusión fiscal, una caja negra que representó cerca de $617 billones en 2020, según la DIAN.

Finalmente, todos los candidatos son prudentes en las propuestas tributarias, pues saben el posible efecto que esto puede tener sobre los empresarios como sobre los ci udadanos.

* Centro de Pensamiento de Estudios Fiscales, U. Nacional de Colombia.