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Este martes el Banco Mundial publicó el informe “Trayectorias: Prosperidad y reducción de la pobreza en el territorio colombiano”, en el que se revelan los importantes avances que ha tenido el país en la reducción de la pobreza, pero en el que se resalta la marcada desigualdad.
Vale la pena recordar que la pandemia revirtió más de una década de progreso en la reducción de la pobreza en Colombia y causó una grave contracción económica del 7,2 % en 2020, con una importante pérdida de puestos de trabajo, especialmente en los sectores informales.
Aunque las transferencias del Gobierno ayudaron a mitigar el impacto sobre la pobreza, se intensificaron las debilidades del mercado laboral, vinculadas a la baja productividad y la informalidad. Desde 2021, explica el informe, “se ha reanudado una tendencia a la baja de la pobreza y la clase media ha crecido ligeramente, aunque la inflación, sobre todo en los precios de los alimentos, supuso un reto para los esfuerzos de reducción de la pobreza”, se lee en el documento.
Más 16 millones de colombianos viven en pobreza, con regiones como La Guajira y Chocó especialmente afectadas. Además, los municipios más pobres no reducen la pobreza al mismo ritmo que los más ricos, aumentando la brecha. “Al menos el 30 % de la desigualdad de ingresos laborales está determinada por circunstancias al nacer. La posición de bienestar de un individuo está muy ligada a la de sus padres, especialmente en algunos departamentos”, destaca el informe.
Incluso, explica el informe, los departamentos más pobres tienen menos empleo formal y conectividad, limitando el acceso a servicios y empleos de calidad. “Colombia destaca por sus brechas regionales de bienestar en comparación con los países de la OCDE. Además, las poblaciones indígenas tienen tasas de pobreza que casi duplican las de los grupos no étnicos, tasas que han mostrado una reducción mucho más lenta: desde 2021, la reducción fue de 1,9 puntos porcentuales para las poblaciones indígenas en comparación con 7,5 para los grupos sin pertenencia étnica”.
Lo que deja ver que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. De acuerdo con el documento, el coeficiente de Gini de 2022, de 0,548, fue el más alto de los 15 países de la región latinoamericano.
El documento pone como ejemplo a los habitantes de Chocó, que se enfrentan a una pobreza monetaria casi tres veces mayor que los de Bogotá o Cundinamarca. Las tasas de pobreza también son 1,9 y 1,4 veces más altas para los pueblos indígenas y los afrocolombianos, respectivamente, que para el colombiano promedio.
Es así como la desigualdad se convierte en una de las dificultades para que los hogares salgan de la pobreza. “Estas brechas se deben, en gran medida, a la desigual capacidad del Estado para prestar servicios públicos en los distintos departamentos y municipios, lo que se traduce en menores oportunidades para muchos de acumular activos esenciales, como una educación de calidad, salud, tierras y vivienda”, dice el informe.
Así las cosas, las oportunidades de tener una mejor educación, acceso a una atención de salud de calidad o mejores fuentes de agua “varían ampliamente en función de si se es un afrocolombiano que vive en Chocó, un indígena que vive en Vaupés o un inmigrante venezolano que vive en Bogotá”.
El documento resalta que el menor acceso a activos productivos a menudo conduce a menos oportunidades económicas, “incluyendo empleos de menor calidad y a una movilidad social muy baja, condiciones que son aún más pronunciadas en departamentos como La Guajira, Vaupés y Guainía”.
Ante la situación que se presenta en el país, el informe recomienda invertir en los activos de las personas y en el acceso a servicios de calidad, así como fortalecer las instituciones en todos los niveles de gobierno.
“Invertir en los activos de las personas y en el acceso a servicios de calidad, sobre todo en su acceso a educación y salud de calidad, pero también reduciendo las distancias a las oportunidades mediante la mejora de la conectividad física y digital, puede contribuir a aumentar sus oportunidades económicas y así sus ingresos, y también ayudar a las personas a aprovechar las ventajas de la migración a otras áreas del país, si deseasen trasladarse”, dice el documento.
De acuerdo con el informe, casi dos de cada cinco trabajadores del futuro viven en las zonas más pobres, “no invertir en la capacidad productiva de estas generaciones de jóvenes es una oportunidad perdida para un mayor potencial de crecimiento económico”.
Para lograrlo, según el informe, se requiere el fortalecimiento de las instituciones en todos los niveles de gobierno, incluyendo su capacidad técnica y fiscal y su capacidad de coordinación y asociación. “Esto permitiría lograr economías de escala en la prestación de servicios, atender mejor a los pobres en todo el país y promover el desarrollo local”.
Además, para el desarrollo de esas políticas se debe tener en cuenta la heterogeneidad de las necesidades y capacidades en todo el territorio. “Cerrar las brechas de oportunidades entre grupos poblacionales y territorios no es un esfuerzo en el corto plazo, pero existen opciones políticas a nuestro alcance, y el país puede destacar muchos casos de éxito en este esfuerzo”, concluye el documento.
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