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La cartera para el próximo año contará con $523 billones, el golpe duro recaerá en la inversión, uno de ejes necesarios para la reactivación. Y, peor aún, que podría apretar el bolsillo de funcionamiento del propio Gobierno, “poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país”.
Según un informe de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, el presupuesto de 2025 será 3,9 % mayor al de 2024, cerca $20 billones más. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mencionó que se priorizó el pago del servicio de la deuda, que subirá $18,1 billones (en total, $112,6 billones, 19,1 %), mientras que el gasto de funcionamiento del Estado incrementará $19,1 billones (en total, $327,9 billones, 6,2 %). Esto se debería principalmente a “obligaciones constitucionales y compromisos existentes”.
“Ciertamente, el gasto público en Colombia es altamente inflexible, ya que el gobierno no puede ajustar ni el servicio de la deuda ni la mayor parte del gasto en funcionamiento”, señala Corficolombiana.
A pesar de que el Gobierno espera reactivar la economía, el PGN señala que la inversión disminuirá $17,4 billones. De 231 entidades analizadas por el centro de investigación, en 102 (44 %) aumentará de presupuesto y en 129 (56 %) se reducen.
Según la entidad, esto es positivo, pero hay incrementos que pueden exceder los criterios establecidos, “poniendo en duda el congelamiento del gasto en funcionamiento, como la nómina, y sugiriendo una posible mayor austeridad”.
Las áreas de Educación, Salud y Protección Social, y Trabajo, que son las que más dinero reciben del presupuesto, tendrán un aumento promedio de 15,7% en sus fondos. Esto significa que Educación crecerá 15,7%, Salud 9,5% y Trabajo 21,8%. Estos aumentos son mayores que la inflación y los incrementos proyectados para el Sistema General de Participaciones (SGP), que es de 19% y solo cubriría una parte del presupuesto.
En el caso de la inversión, de 183 entidades con presupuesto a este rubro, más de 65 % sufrirán recortes de inversión para 2025. Esto acumula $24 billones menos, lo que afecta al Departamento de Prosperidad Social, la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Vivienda, cerca de 42 % del recorte total.
“Estas entidades tienen un gran impacto en la actividad económica, limitando la capacidad contracíclica y de reactivación”, se lee en el informe.
Ahora bien, el panorama podría ser peor, ya que esta caída también afectaría las proyecciones de financiamiento. En el caso de que la próxima reforma tributaria anunciada por el Gobierno de Gustavo Petro no alcance los $12 billones proyectados (Ley de Financiamiento), “la meta de ingresos representaría un aumento del 17,8 % respecto a la meta de 2024 del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)”.
El centro de investigación insistió en “una agenda de reactivación basada en la confianza y la certidumbre”, y agregó que el presupuesto debe ser más austero para fortalecer la confianza, lo que incluye “mejorar la divulgación del PGN”.
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