Recorte del presupuesto de inversión podría frenar metas clave del Gobierno
La Contraloría advierte que la reducción de 17,4 % en inversión para 2025 afectaría a los sectores vivienda y agricultura. También cuestionó el desequilibrio de $12 billones en el presupuesto de 2025. ¿Qué implica este ajuste para las metas del país?
La disminución del presupuesto de inversión para 2025, tras el hundimiento del proyecto en el Congreso, podría comprometer el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, advirtió el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez. La reducción de 17,4 % en sectores clave como vivienda y agricultura pone en riesgo la ejecución de proyectos esenciales para el desarrollo económico y social del país.
“Lo que hemos evidenciado es que se están generando riesgos fiscales debido a proyecciones incorrectas de los ingresos que financian el Presupuesto General de la Nación”, señaló el Contralor durante su intervención en la VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía en Cartagena.
Rodríguez expresó su inquietud respecto al déficit de $12 billones que presenta el presupuesto para 2025, un desbalance frente a la capacidad de financiación del Gobierno (bajo recaudo tributario y límite de ingresos adicionales). Este déficit podría agravarse si no se implementa una Ley de Financiamiento que cubra este faltante y garantice la sostenibilidad fiscal del país.
Esta reforma tributaria se estancó en el debate del Congreso, ya que no se logró el consenso para apoyar el Presupuesto de $523 billones tramitados por el Gobierno, más la reforma tributaria de $12 billones, que preveía la mitad de estos ingresos a mediano plazo.
Las preocupaciones del contralor
Una de las preocupaciones que más resonó es la baja ejecución presupuestal. Según Rodríguez, los niveles actuales de compromisos en sectores como vivienda y agricultura están lejos de los objetivos planteados. La ejecución efectiva de estos fondos es crucial para evitar que se sigan constituyendo reservas presupuestales sin impacto tangible en la economía, algo que ya ocurrió en 2023, cuando las reservas superaron los $30 billones.
Además, el jefe de la Contraloría subrayó la importancia de definir cómo se financiarán las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este fondo juega un papel fundamental en la estabilidad de los precios internos de los combustibles, lo que impacta directamente en la inflación y el costo de vida de los colombianos. Sin una financiación clara, el Fondo podría verse en dificultades para cumplir con sus funciones.
Lío con la regla fiscal
Otro tema de alerta es el incumplimiento de la regla fiscal, una normativa que busca controlar el endeudamiento público y mantener el equilibrio en las finanzas del Estado. El Gobierno solicitó modificar esta regla, pero el Contralor cuestiona esa decisión.
“No comparto la solicitud del Gobierno de modificar la regla fiscal cuando cuenta con los instrumentos necesarios para cumplirla”, respondió.
Para Rodríguez, la clave está en una priorización del gasto público y en la mejora de las proyecciones de ingresos, evitando incorporar montos inciertos en el presupuesto, como ocurrió en 2024 con recursos que no llegaron a materializarse.
Falta un presupuesto ejecutable y sostenible
El llamado del Contralor a las autoridades es claro: seguir estrictamente el Estatuto Orgánico del Presupuesto para evitar que el presupuesto 2025 se convierta en otro ejercicio financiero desequilibrado. Esto implica adoptar un enfoque más realista al proyectar los ingresos y destinar los recursos de manera más eficiente.
La no aprobación del presupuesto en el Congreso ha dejado una gran incertidumbre sobre cómo se distribuirán los fondos, y hasta que no se defina este punto, las partidas presupuestales correspondientes a los $12 billones deficitarios permanecerán congeladas.
Finalmente, Rodríguez advirtió sobre el aumento en la emisión de títulos de deuda pública (TES), lo que eleva las tasas de interés internas y aumenta el endeudamiento del país. En lugar de seguir emitiendo TES, el Contralor recomendó utilizar los recursos almacenados en fiducias y patrimonios autónomos, que actualmente no están siendo ejecutados de manera efectiva. La colocación de TES no solo presiona el mercado financiero, sino que genera un costo adicional para el Estado en el pago de intereses.
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La disminución del presupuesto de inversión para 2025, tras el hundimiento del proyecto en el Congreso, podría comprometer el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, advirtió el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez. La reducción de 17,4 % en sectores clave como vivienda y agricultura pone en riesgo la ejecución de proyectos esenciales para el desarrollo económico y social del país.
“Lo que hemos evidenciado es que se están generando riesgos fiscales debido a proyecciones incorrectas de los ingresos que financian el Presupuesto General de la Nación”, señaló el Contralor durante su intervención en la VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía en Cartagena.
Rodríguez expresó su inquietud respecto al déficit de $12 billones que presenta el presupuesto para 2025, un desbalance frente a la capacidad de financiación del Gobierno (bajo recaudo tributario y límite de ingresos adicionales). Este déficit podría agravarse si no se implementa una Ley de Financiamiento que cubra este faltante y garantice la sostenibilidad fiscal del país.
Esta reforma tributaria se estancó en el debate del Congreso, ya que no se logró el consenso para apoyar el Presupuesto de $523 billones tramitados por el Gobierno, más la reforma tributaria de $12 billones, que preveía la mitad de estos ingresos a mediano plazo.
Las preocupaciones del contralor
Una de las preocupaciones que más resonó es la baja ejecución presupuestal. Según Rodríguez, los niveles actuales de compromisos en sectores como vivienda y agricultura están lejos de los objetivos planteados. La ejecución efectiva de estos fondos es crucial para evitar que se sigan constituyendo reservas presupuestales sin impacto tangible en la economía, algo que ya ocurrió en 2023, cuando las reservas superaron los $30 billones.
Además, el jefe de la Contraloría subrayó la importancia de definir cómo se financiarán las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este fondo juega un papel fundamental en la estabilidad de los precios internos de los combustibles, lo que impacta directamente en la inflación y el costo de vida de los colombianos. Sin una financiación clara, el Fondo podría verse en dificultades para cumplir con sus funciones.
Lío con la regla fiscal
Otro tema de alerta es el incumplimiento de la regla fiscal, una normativa que busca controlar el endeudamiento público y mantener el equilibrio en las finanzas del Estado. El Gobierno solicitó modificar esta regla, pero el Contralor cuestiona esa decisión.
“No comparto la solicitud del Gobierno de modificar la regla fiscal cuando cuenta con los instrumentos necesarios para cumplirla”, respondió.
Para Rodríguez, la clave está en una priorización del gasto público y en la mejora de las proyecciones de ingresos, evitando incorporar montos inciertos en el presupuesto, como ocurrió en 2024 con recursos que no llegaron a materializarse.
Falta un presupuesto ejecutable y sostenible
El llamado del Contralor a las autoridades es claro: seguir estrictamente el Estatuto Orgánico del Presupuesto para evitar que el presupuesto 2025 se convierta en otro ejercicio financiero desequilibrado. Esto implica adoptar un enfoque más realista al proyectar los ingresos y destinar los recursos de manera más eficiente.
La no aprobación del presupuesto en el Congreso ha dejado una gran incertidumbre sobre cómo se distribuirán los fondos, y hasta que no se defina este punto, las partidas presupuestales correspondientes a los $12 billones deficitarios permanecerán congeladas.
Finalmente, Rodríguez advirtió sobre el aumento en la emisión de títulos de deuda pública (TES), lo que eleva las tasas de interés internas y aumenta el endeudamiento del país. En lugar de seguir emitiendo TES, el Contralor recomendó utilizar los recursos almacenados en fiducias y patrimonios autónomos, que actualmente no están siendo ejecutados de manera efectiva. La colocación de TES no solo presiona el mercado financiero, sino que genera un costo adicional para el Estado en el pago de intereses.
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