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La reforma al Sistema General de Participaciones superó en la noche de este lunes su octavo y último debate en su camino para convertirse en ley y, así, modificar la Constitución y, de paso, meterle una reingeniería al Estado y a la relación de las regiones con los recursos centrales como no se había visto prácticamente desde el nacimiento de la Carta Magna en 1991.