Reforma laboral: los temas no resueltos del proyecto que vuelve al Congreso

Al momento de escribir estas líneas, mucho se ha dicho de la reforma laboral. Uno de los proyectos bandera del Gobierno de Gustavo Petro que pretende cambiar las reglas de juego entre las empresas y los casi 39,6 millones personas en edad de trabajar que, según el DANE, componen el mercado laboral.

Al momento de escribir estas líneas, mucho se ha dicho de la reforma laboral. Uno de los proyectos bandera del Gobierno de Gustavo Petro que pretende cambiar las reglas de juego entre las empresas y los casi 39,6 millones personas en edad de trabajar que, según el DANE, componen el mercado laboral.

Por su alto impacto, el debate sobre generación de empleo, formalidad o estabilidad, entre otros asuntos embebidos dentro del proyecto del Gobierno, no terminará pronto. Este miércoles 1 de noviembre, en la Universidad del Rosario, la reforma laboral volvió a ser analizada por expertos y académicos, quienes señalaron sus aciertos y debilidades.

La reforma laboral 2.0

Preferencia al contrato a término indefinido, jornada nocturna desde las 7:00 p.m., cuotas mínimas de trabajadores con discapacidad, incremento en las indemnizaciones por despido no justificado, contratos especiales para trabajadores de plataformas, así como nuevas formas de contratación en el sector agrícola, entre otros, son algunos de los puntos más importantes de la reforma que presentó el Gobierno el agosto pasado.

¿Pero qué cosas se han pasado por alto en el debate público sobre este proyecto? Durante el Foro ‘Reforma Laboral: Mitos y Verdades’, organizado por la Universidad del Rosario, el viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo, Iván Daniel Jaramillo, dio a conocer algunos de ellos.

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En primer lugar, Jaramillo se refirió a uno de los principales cuestionamientos contra la reforma laboral: su supuesta ineficacia para atender cuestiones como generación de empleo, algo que atañe a los 2,3 millones de colombianos que estaban sin trabajo en septiembre de 2023 (último dato disponible), según el DANE.

Jaramillo explicó que, en el fondo, lo que la reforma pretende es reconocer las realidades actuales de las relaciones de trabajo entre empresas y personas y que el Código Sustantivo del Trabajo (que data de la década de los 50s) no reconoce.

“Decir que la reforma no genera empleo es una mala interpretación. No hay que confundir política de empleo con derecho del empleo. El Gobierno tiene una política de empleo con incentivos a la nómina, porcentajes de contratación obligatoria de mano de obra local, reindustrialización, fortalecimiento de la economía popular. La apuesta central de la reforma es la estabilidad en esas relaciones entre empresas y personas”, indicó el viceministro.

Entre otros temas, Jaramillo destacó que, por primera vez, se van a exigir cuotas de contratación de personas con discapacidad en el sector privado y mayores incentivos para la contratación de estos trabajadores a cambio de deducciones tributarias.

Las dudas de la academia y gremios

En este punto es claro que la reforma laboral quiere mejorar la estabilidad del trabajador y, para ello, contempla mecanismos como el incremento en las indemnizaciones por despido injustificado y disposiciones para el reintegro de empleados. Pero, para algunos expertos, el proyecto podría tener el efecto contrario.

“Personalmente, creo que la forma como está planteada la estabilidad en el proyecto de reforma es equivocada y que, más bien, podría llevar a una inamovilidad que termine afectando gravemente el empleo y la informalidad, que son los peores problemas del mercado laboral en Colombia”, afirma Saida Quintero, directora del Área Laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

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Para Quintero, mecanismos como el despido discriminatorio están redactados de una forma tan amplia que cualquier despido podría ser considerado como discriminatorio. “Esto, sumado a las tablas de indemnización (para despidos injustificados), que triplican y cuadruplican los montos existentes, podría terminar desestimulando la inversión, no generando empleo o, por lo menos, no reduciendo el desempleo”, precisa la académica.

Algo parecido opina Alfonso Palacios, vicepresidente jurídico de la ANDI, el gremio de empresarios: “El modelo económico desarrollado por la ANDI arroja que en el corto plazo, en el 2030, se iba a generar como efecto del aumento del costo (de contratación) y la sobreprotección (estabilidad de trabajadores), una pérdida de 698.000 empleos directos y la tasa de formalización no iba a aumentar”.

El experto añade que lo que “les extraña” a los empresarios es que el Gobierno no haya realizado un modelo económico para medir el impacto de las reformas que adelanta, como sí lo han hecho otras entidades como el Banco de la República.

Sindicatos y huelgas

La reforma laboral que fue presentada en el Congreso precisa que quienes tienen fuero sindical gozarán de estabilidad laboral reforzada y no podrán ser despedidos sin una causa justificada. Lo anterior, precisamente, es otro de los temas que suscita opiniones encontradas en los expertos.

Hay que partir del hecho de que en Colombia solo un 4 % de trabajadores (cerca de 1 millón) están sindicalizados. Si bien los expertos destacaron las victorias de los sindicatos en materia de derechos laborales, criticaron que la reforma esté “sobreprotegiendo” a este pequeño grupo, lo que podría llevar a que sus intereses pesen más que el de los trabajadores no sindicalizados.

“Creemos que lo que se está haciendo es una sobreprotección a un pequeño grupo de trabajadores, que se hace más pequeño cuando se toman solo los formales, es decir, los que están en empresas. El problema real es la falta de formalidad en el mercado laboral. Entonces, la idea debería ser extender los derechos al mayor número de trabajadores y no sobreproteger a unos pocos”, precisó Palacios.

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El asunto sobre el sindicalismo adquiere un mayor calado cuando se analizan los cambios que traería la reforma laboral a la huelga. Entre ellos, “las huelgas sin límite de tiempo y se deja sin ninguna consecuencia la declaratoria de ilegalidad. Actualmente, si una huelga es declarada ilegal, hay consecuencias para trabajadores y sindicato que la promovió, eso desaparece en el proyecto de ley del Gobierno”, acota Saida Quintero.

La experta indica que una de las alarmas que suscita la reforma son los cambios en la votación que hace un sindicato para decidir si entra o no en una huelga. “Si una empresa tiene 100 trabajadores y 33 hacen parte del sindicato, 17 pueden votar la huelga. La decisión de 17 personas podría impedir el derecho al trabajo de los otros 83 trabajadores, la mayoría”, según Quintero.

El futuro del proyecto en el Congreso

Ha pasado más de un año desde que empezó a hablarse de una reforma laboral en el país. Durante este lapso, el proyecto ha sido presentado dos veces al Congreso de la República: la primera vez, el proyecto terminó hundiéndose, y su “versión 2.0″ fue presentada por la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, el pasado 25 de agosto.

El tránsito que ha tenido este proyecto en el legislativo ha sido lento o, en la práctica, inexistente. A la fecha, la reforma laboral no ha tenido ni siquiera el primer debate. No obstante, con el fin de la época electoral, sería cuestión de días (de acuerdo con fuentes del Gobierno) para que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes convoque a sus miembros a discutir los 92 artículos del proyecto.

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Pero en esta ocasión, las cosas podrían ser más complicadas para la reforma laboral. Tras las elecciones y la reconfiguración del poder en las ciudades y departamentos del país, al Gobierno se le dificultaría encontrar apoyos para sacar adelante este y otros proyectos, pero su intención es lograr consensos. Así lo reconoció el viceministro de Trabajo:

“Hay una tensión natural al interior del Parlamento, por los diversos intereses de los partidos que representan los parlamentarios, pero hay confianza de que logremos los consensos por la conciencia de que es una reforma necesaria y urgente para el país. Somos conscientes del desafío que tenemos, pero confiamos en que haya una conciencia social que acompañe al Parlamento en el trámite”, puntualizó Jaramillo.

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