La reforma laboral naufragó dos veces en el Congreso. En la primera ocasión se hundió en el primer debate, mientras que en la segunda no superó el tercero (de cuatro que debía pasar la iniciativa). En todas, los principales argumentos para rechazarla fueron los mismos: la iniciativa es muy costosa para las empresas, puede destruir empleos y no hay garantías de que reduzca la informalidad. Los argumentos esgrimidos por los congresistas hacen eco de lo que dicen los empresarios.
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Defensoras de la reforma, como la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, así como la representante a la cámara María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), argumentaron que el espíritu de la misma nunca fue crear más trabajo, sino mejorar la calidad del mercado laboral mediante la devolución de derechos que los trabajadores habían perdido, como las reducciones de la jornada nocturna y los recargos en días de descanso. La iniciativa también busca poner a tono al país con estándares de organizaciones internacionales como la OIT y la OCDE.
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Tras su más reciente hundimiento, desde el Gobierno se anunció que la reforma continuaría, ya no como proyecto de ley, sino como consulta popular. Sobre la viabilidad de este planteamiento aún hay dudas jurídicas.
Pero al margen de esto, el desafío para el ejecutivo era extraer el “alma de la reforma”, es decir, simplificar los 82 artículos que la componían para resumirla en forma de preguntas que puedan ser votadas por un “sí” o por un “no”. Este martes se conoció el resultado de este proceso, con 12 preguntas, todas sobre temas laborales.
Curiosamente las propuestas de la reforma que más causaron choques en el Congreso son las que encabezan el listado de preguntas. La primera propone que el trabajo diurno vaya de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. (lo que alargaría en tres horas la jornada nocturna); mientras que la segunda consultaría a los colombianos si el recargo en días de descanso debería ser de 100 % (hoy es del 75 %).
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Sobre estas dos últimas se había logrado un acuerdo en la Cámara de Representantes en tiempos de la reforma, pues se había definido que la jornada nocturna debía empezar a las 7:00 p.m., y que el incremento del recargo en días de descanso sería progresivo. Como quedaron redactadas las preguntas, se volvió a lo que proponía el documento original de la reforma.
La tercera pregunta plantea que las micro, pequeñas y medianas empresas (preferentemente asociativas) reciban tasas preferenciales de interés; la cuarta que las personas puedan tener permisos para atender tratamientos médicos y licencias por períodos menstruales incapacitantes; la quinta que las empresas, por cada 100 trabajadores, contraten a dos en condición de discapacidad.
La sexta pregunta aborda otro tema que fue polémico en las discusiones en el Congreso, pues propone que los aprendices del SENA e instituciones similares tengan un contrato laboral y no de aprendizaje. Esto, en su momento, también fue criticado por los empresarios, pero defendido por las centrales obreras, así como por los propios aprendices del SENA.
La séptima abre la puerta para que los repartidores de plataformas puedan acordar su tipo de contrato y que se les garantice el pago de la seguridad social. Este punto recoge algunos de los temas conciliados con el gremio de las plataformas, pero, a la vez, simplifica la discusión sin incluir detalles que sí estaban presentes en el texto que se hundió en el Senado.
En la octava pregunta se plantea un régimen especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales a sus trabajadores, teniendo en cuenta que la ruralidad concentra más informalidad que el resto de dominios geográficos del país: 57,6 % fue la medición del DANE para febrero de este año en el total nacional y en los entornos rurales se llegó a 85,7 %.
La novena pregunta es sobre eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales; la décima es sobre las garantías para que madres comunitarias, periodistas, artistas y deportistas (entre otras labores asociadas a la informalidad) tengan acceso a la seguridad social.
En la pregunta número 11 se propone que el contrato a término indefinido sea la regla general en el país. Este es quizá la piedra angular de la reforma, pues bajo la argumentación del Gobierno buena parte de la baja calidad del trabajo en el país está atada al abuso de otros esquemas de contratación que, a la larga, lo que han permitido es una precarización del empleo.
Sin embargo, algunos críticos de la iniciativa (empresarios, así como académicos) han asegurado que uno de los efectos de este tipo de medidas es marginalizar aún más la contratación formal en el país al elevar sus costos. Este argumento también tiene detractores, quienes dicen que no se puede precarizar el trabajo en pro de mantener márgenes de utilidades para las empresas.
Por último, la décima segunda pregunta plantea la construcción de un fondo para que a los campesinos y campesinas se les reconozca un bono pensional.
Estas preguntas las radicará en el Congreso el presidente Gustavo Petro el primero de mayo. El legislativo debe aprobar el cuestionario.
Según lo explicado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, si las preguntas logran pasar el umbral de aprobación en las urnas, tendrán un obligatorio cumplimiento para el Congreso. Si este último no lo hace, el presidente Petro queda habilitado (como lo establece la Constitución) para expedir un decreto de ley, o una serie de decretos de ley. Pero, de nuevo, hay algunas dudas jurídicas sobre estos planteamientos.
El debate ahora será en las calles
Queda entonces bajo el criterio de los colombianos responder de forma afirmativa o negativa a estas preguntas, lo que no es más que el punto de partida para un debate que ya no se dará en el Congreso, sino en las calles.
Según lo explicado a El Espectador por el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, la forma en la que quedaron redactadas las preguntas “termina siendo un ejercicio que se presta para la manipulación” pues, cuestiona, “¿quién no va a responder que ‘sí’ si le preguntan si quiere trabajar menos y ganar más dinero?“.
“Son preguntas obvias”, añade, al señalar que las mismas no le permiten a las personas pensar si son viables o cuál es su costo. Mac Master echa mano de un resonado dato emitido desde el Banco de la República que dice que si la reforma laboral es aprobada, los costos asociados a la misma podrían implicar la destrucción de más de 400.000 puestos de trabajo.
“Es un ejercicio político populista, muy hacia lo electoral, que lo que va a hacer es poner a Colombia en un problema inmenso porque al ciudadano del común puede ser que no le venga a la mente cuáles son los costos y no lo pueda tener en cuenta al momento de votar”, concluyó.
Por su parte, Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, dice que varias de estas preguntas no necesitan de una ley para adoptarse en el país, sino que podrían materializarse vía decretos o actos administrativos. Ejemplo de esto son los incentivos a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la formalización de ciertos sectores.
“Esto pone en entredicho la necesidad de gastar cientos de miles de millones de pesos en una consulta popular sin efectos normativos automáticos, cuando gran parte de las medidas podrían implementarse sin votación, y las demás requerirían de todas formas una ley del Congreso”, precisa.
Algunos aspectos que se destacan de la consulta es la inclusión del punto sobre repartidores de plataformas de reparto, con la salvedad que se permite que estos puedan acordar la forma de contratación bajo la premisa de que siempre tengan acceso a seguridad social. Como venía en la reforma original, se reconocía una relación de subordinación y, por lo tanto, no había cabida para que estos trabajadores pudieran desarrollar sus labores de forma autónoma.
También que el contrato a término indefinido se sigue considerando una parte esencial de la iniciativa, pues según lo explicado por expertos en el ámbito laboral, en el país se adelantan muchas labores que son misionales de las empresas (tanto en el sector público como en el privado), pero que se contratan bajo figuras como la prestación de servicios (lo que tiene un impacto en derechos laborales como el acceso a la seguridad social). Muchas veces estos casos terminan en demandas en las que las autoridades le han dado la razón a los trabajadores.
Pero quizá una de las grandes críticas al mecanismo de consulta es que simplifica (por su naturaleza) un panorama que es complejo. También termina de politizar una discusión que es vital, aunque este mal no sólo recae en manos del Gobierno, sino también del Congreso, que utilizó la iniciativa como moneda de cambio para bloquear a la administración nacional.
De fondo, las preguntas revelan (gusten o no) problemas esenciales del sistema laboral en Colombia. Que la consulta resuelva estos asuntos, si acaso termina siendo efectiva, es materia de otra discusión.
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