Reforma pensional: una de las medidas para mejorar la competitividad en Colombia
Para avanzar hacia un país más competitivo, el Informe Nacional de Competitividad 2021-2022, realizado por el Consejo Privado de Competitividad, presenta una hoja de ruta con cuatro componentes: educación y empleo de calidad, desarrollo de mercados, conexión física y digital y un Estado eficiente.
El Consejo Privado de Competitividad presentó este martes el Informe Nacional de Competitividad 2021-2022, que plantea la competitividad y la productividad como un medio para mejorar la vida de los colombianos.
El informe, en su decimoquinta edición, ofrece un análisis sobre distintas dimensiones de la competitividad y propone recomendaciones sobre iniciativas y políticas públicas que pueden ayudar a mitigar los efectos de la crisis del COVID-19, cerrar brechas sociales y productivas, y potenciar el desarrollo sostenible de Colombia.
La hoja de ruta tiene cuatro componentes. El primero es educación y empleo de calidad. “Ofrecer más y mejores oportunidades de educación y trabajo para recuperar la esperanza de aquellos que no tienen acceso a educación de calidad o están marginados del mercado laboral formal. El segundo, desarrollo de mercados para “fortalecer y mejorar el funcionamiento de los mercados para promover la libre competencia, el crecimiento empresarial y la innovación en beneficio de las personas”.
El tercero, conexión física y digital porque “se busca tener un país más y mejor conectado, entendiendo que el desarrollo de Colombia es un esfuerzo colectivo”. Y, el cuarto, un Estado “eficiente, confiable y al que todos le puedan exigir”.
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Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, aseguró que “la competitividad del país afecta su capacidad productiva y el día a día de todas las personas que en él vivimos. Para avanzar en la construcción de una sociedad más prospera y equitativa, es necesario tomar decisiones que nos hagan más productivos en el largo plazo”.
El CPC también presenta un resumen de 2020, un año particularmente desafiante a nivel global, con serias repercusiones sobre la salud y la economía por cuenta de la crisis del COVID-19. Por ejemplo, en Colombia se perdieron más de 120.000 vidas, hay 475.000 desempleados más y la población inactiva aumentó en un millón de personas, la contracción de la economía fue de 6,8 % y 3,5 millones personas entraron en condición de pobreza.
“En el trimestre junio-agosto casi la mitad de aquellos que se denominan ‘ocupados’ eran trabajadores cuenta propia o trabajadores sin remuneración. Además, las brechas de género y de jóvenes en el mercado laboral se ampliaron. Mientras que la tasa de ocupación de los hombres es del 66,3 %, la de las mujeres es del 41,3 %, una diferencia que se amplió en 3,5 pp con respecto a los niveles prepandemia. La tasa de desempleo juvenil es del 20,5 %, y hoy en Colombia hay 2,99 millones de personas entre 14 y 28 años que no trabajan y no estudian, una amenaza enorme a su esperanza de construir un futuro mejor”, se lee en el informe.
El CPC asegura que los “efectos de la crisis por la pandemia del COVID-19 amenazan con afectar de forma permanente la cohesión social y el potencial de crecimiento del país. Esto disminuye la capacidad como sociedad para mejorar las condiciones de vida de todos los que habitan en Colombia, sobre todo de los más vulnerables”.
De acuerdo con el CPC, iniciativas como Ingreso Solidario, la devolución del IVA y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), apoyaron a los más vulnerables y protegieron el empleo. Además, los avances en vacunación y la reapertura de sectores económicas aportan a la reactivación económica del país.
Así las cosas, las recomendaciones del informe se agrupan en cuatro objetivos que, para el CPC, son claves para el desarrollo económico y social del país:
Educación y empleo de calidad
El CPC afirma que es fundamental el regreso a la educación presencial de 2,2 millones de niños, niñas y adolescentes e iniciar el proceso para remediar las pérdidas de aprendizaje por el cierre de los centros educativos. “Niños, niñas y adolescentes han sufrido interrupciones en su aprendizaje. Además, enfrentan afectaciones físicas y emocionales que menoscaban su capacidad de construir un futuro que les abra las puertas de la formalidad y la movilidad social”, asegura el informe.
En 2020, un joven de 15 años en el país contaba con cerca de 3 años menos de escolaridad respecto a un estudiante promedio de la OCDE, un fenómeno que tendió a agravarse por cuenta de la pandemia.
“La calidad de la educación sigue siendo un reto para el país y sobre todo su pertinencia para el trabajo. La implementación del Marco Nacional de Cualificaciones sería un avance importante en esta dirección”, recomiendan.
Es fundamental, según el documento, resaltar que muchas de las reglas del mercado laboral, pensadas para proteger a los empleados, no previnieron que éstos perdieran su trabajo en la pandemia. “Hoy se convierten en barreras para que los informales (48 % de los ocupados), los desempleados (12 % de la población económicamente activa) y quienes tuvieron que desistir de la búsqueda de un empleo en medio de la pandemia, puedan encontrar un trabajo formal”.
Así las cosas, se deben “ajustar las normas laborales y de seguridad social para lograr ofrecer empleos formales a la población desempleada y con empleo vulnerable en el país: esto incluye actualizar la legislación laboral; crear un seguro de desempleo; permitir las contribuciones a la seguridad social por horas; mejorar el mecanismo para la fijación de salario mínimo y reducir costos laborales no salariales; cerrar brechas de cobertura y calidad en protección social y; diseñar e implementar la Política Nacional del Cuidado”.
Mercados para competir
“Hay que revisar nuestros marcos regulatorios, fomentando una mayor dinámica de mercado y poniendo al consumidor en el centro. Esto nos permitirá también competir con éxito en los mercados internacionales. Colombia ocupa el puesto 126 entre 141 países en efectos de la regulación sobre la competencia. Es el país con peor puntaje de la OCDE en complejidad del proceso regulatorio y en licencias y permisos para nuevas empresas”, asegura el CPC.
De acuerdo con el estudio, se debe fomentar la absorción de tecnología y conocimiento en el aparato productivo, “y creemos que las propuestas de la Misión de Internacionalización son un medio efectivo para esto. Por último, debemos continuar aprovechando las oportunidades que el tránsito a la carbono-neutralidad le ofrece al país”.
El informe recomienda “fomentar la absorción de tecnología y conocimiento en el aparato productivo, sobre todo a través de la internacionalización: atraer talento internacional y apalancar la diáspora como transmisores de conocimiento; potenciar la atracción de inversión extranjera en búsqueda de eficiencia productiva; profundizar las herramientas de facilitación del comercio; fortalecer la vigilancia y el extensionismo tecnológicos; implementar el marco de inversión en CTI y la compra pública innovadora y; avanzar en materia de pagos digitales para promover el comercio electrónico”.
Un país más conectado
Colombia es el país de la OCDE con menor penetración de internet de banda ancha móvil y fija y se ubica en el penúltimo lugar de América Latina en velocidad de internet. En el nuevo entorno de negocios, esto será crucial para la competitividad del país.
Además, se requiere llevar conectividad digital de calidad a todo el territorio. “Extender servicios digitales a zonas rurales y de difícil acceso y monitorear el avance del Programa de Última Milla para proveer internet en estratos bajos y; aumentar el número de puntos de intercambio de tráfico”.
“Es fundamental, como lo hemos hecho, avanzar en la diversificación de la matriz de generación de energía. Sin embargo, esto debe darse con la protección del suministro a precios eficientes para una demanda industrial y residencial que cada vez debe estar más involucrada en las decisiones del mercado. Cerca de 500.000 hogares no cuentan con acceso a la energía eléctrica y más de 1,6 millones de familias aún cocinan sus alimentos con leña”, resalta el informe.
El CPC sugiere consolidar una red de transporte intermodal en todo el país, cuyo fin es la eficiencia en los costos de transporte de las empresas y las personas. Adicionalmente, es “necesario que dentro de este esfuerzo se involucre la rehabilitación del casi 75 % de las vías terciarias del país que se encuentran en mal estado”.
Un Estado eficiente
De acuerdo con el informe, se debe tomar la decisión de aumentar el recaudo tributario y mejorar su estructura. “El recaudo representa el 19,7 % del PIB, y en 2019 era el segundo más bajo entre los países de la OCDE. Además, las empresas contribuyen con cerca del 80 % de los impuestos directos. Este cambio implica sacrificios puntuales, pero sin ellos, estamos comprometiendo la calidad de vida de todos en el mediano plazo”.
De acuerdo con las recomendaciones del CPC, se debe avanzar hacia una estructura tributaria que se apoye más en las personas naturales, “de acuerdo con su ingreso, y menos en las empresas, que no son más que procesos productivos; eliminar exenciones y tratamientos especiales en el impuesto a la renta corporativa, así como en el impuesto al valor agregado (IVA) y; sustituir el impuesto de industria y comercio (ICA)”.
También señalan que se necesita un reforma al sistema pensional para aumentar su cobertura y equidad y mejorar la eficiencia del gasto público que se destina a este. “En 2020, solo una de cada cuatro personas en edad de jubilación recibió una pensión contributiva”, afirman.
El documento sugiere “lograr un gasto público redistributivo y sostenible: reformar el sistema pensional para avanzar en cobertura, equidad, sostenibilidad fiscal y financiera; continuar evaluando los subsidios considerando su efectividad y eficiencia y; consolidar el Registro Social”.
Los expertos agregan que “todo avance en la transformación digital del Estado redundará en eficiencias para los ciudadanos, el aparato productivo y el Estado mismo”. Según el documento, se requiere “mejorar la provisión de cargos públicos; agilizar la implementación total y obligatoria del Secop II para compras públicas; consolidar un sistema unificado de reporte y acceso a la información pública de la rama judicial; acelerar la implementación del expediente electrónico; realizar una reforma política que modifique el sistema de financiamiento de las campañas electorales y; mejorar y socializar las mediciones y evidencias reales de la corrupción para construir una percepción mejor informada”.
El Consejo Privado de Competitividad presentó este martes el Informe Nacional de Competitividad 2021-2022, que plantea la competitividad y la productividad como un medio para mejorar la vida de los colombianos.
El informe, en su decimoquinta edición, ofrece un análisis sobre distintas dimensiones de la competitividad y propone recomendaciones sobre iniciativas y políticas públicas que pueden ayudar a mitigar los efectos de la crisis del COVID-19, cerrar brechas sociales y productivas, y potenciar el desarrollo sostenible de Colombia.
La hoja de ruta tiene cuatro componentes. El primero es educación y empleo de calidad. “Ofrecer más y mejores oportunidades de educación y trabajo para recuperar la esperanza de aquellos que no tienen acceso a educación de calidad o están marginados del mercado laboral formal. El segundo, desarrollo de mercados para “fortalecer y mejorar el funcionamiento de los mercados para promover la libre competencia, el crecimiento empresarial y la innovación en beneficio de las personas”.
El tercero, conexión física y digital porque “se busca tener un país más y mejor conectado, entendiendo que el desarrollo de Colombia es un esfuerzo colectivo”. Y, el cuarto, un Estado “eficiente, confiable y al que todos le puedan exigir”.
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Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, aseguró que “la competitividad del país afecta su capacidad productiva y el día a día de todas las personas que en él vivimos. Para avanzar en la construcción de una sociedad más prospera y equitativa, es necesario tomar decisiones que nos hagan más productivos en el largo plazo”.
El CPC también presenta un resumen de 2020, un año particularmente desafiante a nivel global, con serias repercusiones sobre la salud y la economía por cuenta de la crisis del COVID-19. Por ejemplo, en Colombia se perdieron más de 120.000 vidas, hay 475.000 desempleados más y la población inactiva aumentó en un millón de personas, la contracción de la economía fue de 6,8 % y 3,5 millones personas entraron en condición de pobreza.
“En el trimestre junio-agosto casi la mitad de aquellos que se denominan ‘ocupados’ eran trabajadores cuenta propia o trabajadores sin remuneración. Además, las brechas de género y de jóvenes en el mercado laboral se ampliaron. Mientras que la tasa de ocupación de los hombres es del 66,3 %, la de las mujeres es del 41,3 %, una diferencia que se amplió en 3,5 pp con respecto a los niveles prepandemia. La tasa de desempleo juvenil es del 20,5 %, y hoy en Colombia hay 2,99 millones de personas entre 14 y 28 años que no trabajan y no estudian, una amenaza enorme a su esperanza de construir un futuro mejor”, se lee en el informe.
El CPC asegura que los “efectos de la crisis por la pandemia del COVID-19 amenazan con afectar de forma permanente la cohesión social y el potencial de crecimiento del país. Esto disminuye la capacidad como sociedad para mejorar las condiciones de vida de todos los que habitan en Colombia, sobre todo de los más vulnerables”.
De acuerdo con el CPC, iniciativas como Ingreso Solidario, la devolución del IVA y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), apoyaron a los más vulnerables y protegieron el empleo. Además, los avances en vacunación y la reapertura de sectores económicas aportan a la reactivación económica del país.
Así las cosas, las recomendaciones del informe se agrupan en cuatro objetivos que, para el CPC, son claves para el desarrollo económico y social del país:
Educación y empleo de calidad
El CPC afirma que es fundamental el regreso a la educación presencial de 2,2 millones de niños, niñas y adolescentes e iniciar el proceso para remediar las pérdidas de aprendizaje por el cierre de los centros educativos. “Niños, niñas y adolescentes han sufrido interrupciones en su aprendizaje. Además, enfrentan afectaciones físicas y emocionales que menoscaban su capacidad de construir un futuro que les abra las puertas de la formalidad y la movilidad social”, asegura el informe.
En 2020, un joven de 15 años en el país contaba con cerca de 3 años menos de escolaridad respecto a un estudiante promedio de la OCDE, un fenómeno que tendió a agravarse por cuenta de la pandemia.
“La calidad de la educación sigue siendo un reto para el país y sobre todo su pertinencia para el trabajo. La implementación del Marco Nacional de Cualificaciones sería un avance importante en esta dirección”, recomiendan.
Es fundamental, según el documento, resaltar que muchas de las reglas del mercado laboral, pensadas para proteger a los empleados, no previnieron que éstos perdieran su trabajo en la pandemia. “Hoy se convierten en barreras para que los informales (48 % de los ocupados), los desempleados (12 % de la población económicamente activa) y quienes tuvieron que desistir de la búsqueda de un empleo en medio de la pandemia, puedan encontrar un trabajo formal”.
Así las cosas, se deben “ajustar las normas laborales y de seguridad social para lograr ofrecer empleos formales a la población desempleada y con empleo vulnerable en el país: esto incluye actualizar la legislación laboral; crear un seguro de desempleo; permitir las contribuciones a la seguridad social por horas; mejorar el mecanismo para la fijación de salario mínimo y reducir costos laborales no salariales; cerrar brechas de cobertura y calidad en protección social y; diseñar e implementar la Política Nacional del Cuidado”.
Mercados para competir
“Hay que revisar nuestros marcos regulatorios, fomentando una mayor dinámica de mercado y poniendo al consumidor en el centro. Esto nos permitirá también competir con éxito en los mercados internacionales. Colombia ocupa el puesto 126 entre 141 países en efectos de la regulación sobre la competencia. Es el país con peor puntaje de la OCDE en complejidad del proceso regulatorio y en licencias y permisos para nuevas empresas”, asegura el CPC.
De acuerdo con el estudio, se debe fomentar la absorción de tecnología y conocimiento en el aparato productivo, “y creemos que las propuestas de la Misión de Internacionalización son un medio efectivo para esto. Por último, debemos continuar aprovechando las oportunidades que el tránsito a la carbono-neutralidad le ofrece al país”.
El informe recomienda “fomentar la absorción de tecnología y conocimiento en el aparato productivo, sobre todo a través de la internacionalización: atraer talento internacional y apalancar la diáspora como transmisores de conocimiento; potenciar la atracción de inversión extranjera en búsqueda de eficiencia productiva; profundizar las herramientas de facilitación del comercio; fortalecer la vigilancia y el extensionismo tecnológicos; implementar el marco de inversión en CTI y la compra pública innovadora y; avanzar en materia de pagos digitales para promover el comercio electrónico”.
Un país más conectado
Colombia es el país de la OCDE con menor penetración de internet de banda ancha móvil y fija y se ubica en el penúltimo lugar de América Latina en velocidad de internet. En el nuevo entorno de negocios, esto será crucial para la competitividad del país.
Además, se requiere llevar conectividad digital de calidad a todo el territorio. “Extender servicios digitales a zonas rurales y de difícil acceso y monitorear el avance del Programa de Última Milla para proveer internet en estratos bajos y; aumentar el número de puntos de intercambio de tráfico”.
“Es fundamental, como lo hemos hecho, avanzar en la diversificación de la matriz de generación de energía. Sin embargo, esto debe darse con la protección del suministro a precios eficientes para una demanda industrial y residencial que cada vez debe estar más involucrada en las decisiones del mercado. Cerca de 500.000 hogares no cuentan con acceso a la energía eléctrica y más de 1,6 millones de familias aún cocinan sus alimentos con leña”, resalta el informe.
El CPC sugiere consolidar una red de transporte intermodal en todo el país, cuyo fin es la eficiencia en los costos de transporte de las empresas y las personas. Adicionalmente, es “necesario que dentro de este esfuerzo se involucre la rehabilitación del casi 75 % de las vías terciarias del país que se encuentran en mal estado”.
Un Estado eficiente
De acuerdo con el informe, se debe tomar la decisión de aumentar el recaudo tributario y mejorar su estructura. “El recaudo representa el 19,7 % del PIB, y en 2019 era el segundo más bajo entre los países de la OCDE. Además, las empresas contribuyen con cerca del 80 % de los impuestos directos. Este cambio implica sacrificios puntuales, pero sin ellos, estamos comprometiendo la calidad de vida de todos en el mediano plazo”.
De acuerdo con las recomendaciones del CPC, se debe avanzar hacia una estructura tributaria que se apoye más en las personas naturales, “de acuerdo con su ingreso, y menos en las empresas, que no son más que procesos productivos; eliminar exenciones y tratamientos especiales en el impuesto a la renta corporativa, así como en el impuesto al valor agregado (IVA) y; sustituir el impuesto de industria y comercio (ICA)”.
También señalan que se necesita un reforma al sistema pensional para aumentar su cobertura y equidad y mejorar la eficiencia del gasto público que se destina a este. “En 2020, solo una de cada cuatro personas en edad de jubilación recibió una pensión contributiva”, afirman.
El documento sugiere “lograr un gasto público redistributivo y sostenible: reformar el sistema pensional para avanzar en cobertura, equidad, sostenibilidad fiscal y financiera; continuar evaluando los subsidios considerando su efectividad y eficiencia y; consolidar el Registro Social”.
Los expertos agregan que “todo avance en la transformación digital del Estado redundará en eficiencias para los ciudadanos, el aparato productivo y el Estado mismo”. Según el documento, se requiere “mejorar la provisión de cargos públicos; agilizar la implementación total y obligatoria del Secop II para compras públicas; consolidar un sistema unificado de reporte y acceso a la información pública de la rama judicial; acelerar la implementación del expediente electrónico; realizar una reforma política que modifique el sistema de financiamiento de las campañas electorales y; mejorar y socializar las mediciones y evidencias reales de la corrupción para construir una percepción mejor informada”.