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Este lunes 31 de octubre el Gobierno radicó la ponencia de la reforma tributaria en el Congreso de la República para que tenga su segundo debate en las plenarias, tanto del Senado, como de la Cámara de Representantes.
El proyecto inicialmente le apuntaba a un recaudo de $25 billones cuando llegó al Congreso, pero salió de las comisiones con una meta de $22 billones. Ahora, después de los cambios y ajustes, está buscando $20 billones en las plenarias.
La iniciativa será presentada en el Congreso este martes y tiene planillado su debate para este miércoles. La esperanza del Gobierno es que la reforma sea aprobada, máximo, la próxima semana.
El empresariado es el renglón más descontento con la carga de la tributaria. A la ANDI (Asociación Nacional de Industriales) le preocupa que incrementos en los impuestos, que pagan diversos renglones de la economía, terminen por afectar la actividad empresarial y la inversión futura.
Este proyecto de ley cuenta con mensaje de urgencia, por lo que las plenarias deben sesionar de forma simultánea.
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Los ajustes para las plenarias
Los grandes cambios en esta nueva ponencia de la reforma fueron anunciados por el presidente Gustavo Petro la semana pasada. Y son dos, en esencia. Hay otros ajustes en el texto, pero las grandes diferencias tienen que ver con dos grandes asuntos.
El primero es que ya no se gravarán las pensiones. Y el segundo se refiere a la sobretasa sobre el impuesto de renta que deberían pagar las empresas mineras y petroleras: ahora sus tarifas no serán permanentes, sino que irán atadas a los precios internacionales del carbón y el crudo, entre más suban esos productos, así mismo se incrementará la sobretasa (en un rango que va entre el 5 % y el 15 %, para el caso de los hidrocarburos, por ejemplo).
Los cambios fueron anunciados por Petro mediante una alocución presidencial con figuras de los partidos de Gobierno. Y representan dos cargas de profundidad.
Hasta el momento, prácticamente nadie está de acuerdo con el cambio en las pensiones. Nadie, excepto, los congresistas ponentes del proyecto, claramente.
Para tener más claro el contexto vale recordar que la propuesta del Gobierno consistía en gravar, a través de la renta, a los ingresos pensionales que superaran los $10 millones. Esto, según cálculos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, cobijaría a menos de 17.000 personas, tanto en Colpensiones como en los fondos privados. También incluiría a colombianos con altos ingresos en los regímenes especiales, que incluyen a ramas como las Fuerzas Militares, así como a los propios congresistas.
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De acuerdo con Oliver Pardo, director del Observatorio, esta medida cobijaba a personas “que reciben una pensión subsidiada por el Estado: al momento de cotizar pueden deducirla de su impuesto de renta y al recibir la pensión tampoco enfrentan ningún impuesto, pero sí reciben unos subsidios masivos del Estado. Una forma de corregir esta inequidad, que genera mucha desigualdad en la distribución del ingreso, era a través de este tributo. Es muy lamentable que se haya caído esa parte de la reforma tributaria”.
El otro gran cambio se da en el sector de las empresas minero-energéticas. La propuesta del gobierno es atar la sobretasa en renta a los precios internacionales del petróleo y el carbón: si están altos, entra en efecto un porcentaje de la sobretasa que, hasta el momento, era fija.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), la sobretasa “no es un alivio”, sino que es una propuesta “más perjudicial”.
“De acuerdo con los análisis realizados por el gremio, y teniendo en cuenta las proyecciones de precio del Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP-, esta propuesta implicaría que en los próximos años la sobretasa que se causa se encuentre entre 10 y 15 puntos, debido a que los umbrales para fijarla continúan siendo muy bajos y no estarían reflejando las consideraciones para clasificarse como precios altos. Esto hace que esta propuesta sea excesivamente gravosa y alta comparada con otros sectores económicos como el financiero y eléctrico”, advierte el gremio petrolero.
De hecho, para el gremio esta propuesta de una sobretasa variable es “115 % más costosa para las empresas que la propuesta inicialmente radicada por el Gobierno y 5 % más gravosa que lo aprobado en primer debate”.
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