Reporte evidencia “aumento desmesurado” en gastos de funcionamiento del Gobierno
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reveló que en los últimos cinco años el aumento en los gastos de funcionamiento del Gobierno ha sido del 40 %. Esto es relevante, pues genera preguntas sobre el futuro del presupuesto de la nación.
Este miércoles, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana publicó un reporte en el que se destaca que el aumento en los gastos de funcionamiento, en los últimos cinco años, ha sido del 40 %. Esto se traduce en un incremento de $87,5 billones, cifra que puede calificarse como “desmesurada”.
El observatorio recuerda que los gastos de funcionamiento son una parte esencial del Presupuesto General de la Nación, pues representa el mantenimiento de la administración pública en el país.
“Tal crecimiento desmesurado plantea nuevas preguntas sobre la distribución y sostenibilidad del presupuesto. En esta nueva investigación nos centramos en buscar respuestas a las causas del incremento observado en el gasto de funcionamiento”, señala el observatorio.
Lea también: ¿Cómo va la ejecución del Presupuesto General de la Nación en 2024?
Cifras más granulares indican que de ese aumento de $87,5 billones, $72,1 billones (que representan el 82,4 % de estos recursos) son transferencias corrientes, $12 billones (13,71 %) corresponden a gastos de personal y $3,4 (3,8 %) billones se destinaron a otras cuentas.
Así las cosas, las transferencias corrientes representan cuatro quintas partes del aumento, de las cuales, $18,8 billones se destinaron para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC); $13,7 billones para el Sistema General de Participaciones (SGP); $13,8 billones para el gasto en salud ($9 se destinaron a financiar el esquema de aseguramiento en salud de la Ley 100 a través de la ADRES y los $4,8 restantes a apoyar programas de prevención en salud en el orden territorial); $13 billones para las prestaciones sociales asumidas por el Estado ($6 se destinaron a Colpensiones, $4 billones a las fuerzas armadas, $2 billones a profesores y $1 billón a otros regímenes de salud y pensión especiales; el resto de transferencias corrientes aumentó en $12,6 billones. Principalmente, se tratan de transferencias por fuera del SGP para gobiernos subnacionales y transferencias para fondos y entidades privadas que administran recursos públicos para financiar gasto social.
Le puede interesar: Las dudas que deja el recorte presupuestal del Gobierno
Ante estos hallazgos, el observatorio emitió las siguientes recomendaciones:
● Acelerar el desmonte al subsidio a los combustibles.
● Dar mayor autonomía en el uso de los recursos del SGP y reducir la duplicidad de funciones entre la Nación y los Entes Territoriales.
● Priorizar los tratamientos y servicios ofrecidos por el sistema de salud, de manera que se redefina qué servicios o procedimientos médicos son esenciales y deben financiarse a través del sistema y cuáles no.
● Gravar a las pensiones con el fin de recuperar recursos que no son reducibles por el lado del gasto.
● Introducir cláusulas de escape que permitan ajustar el monto de las transferencias corrientes teniendo en cuenta las coyunturas de estrechez fiscal.
● Racionalizar las primas, bonificaciones y otros rubros distintos a la asignación básica mensual de los funcionarios públicos.
● Poner en marcha la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP).
● Estrechar la definición de gasto social.
● Implementar la presupuestación por programas y resultados. Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana consideramos importante que la ciudadanía pueda poner la lupa en los recursos públicos y que el Estado entregue cuentas claras sobre los aumentos desmesurados que se están viendo en el Presupuesto General de la Nación.
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Este miércoles, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana publicó un reporte en el que se destaca que el aumento en los gastos de funcionamiento, en los últimos cinco años, ha sido del 40 %. Esto se traduce en un incremento de $87,5 billones, cifra que puede calificarse como “desmesurada”.
El observatorio recuerda que los gastos de funcionamiento son una parte esencial del Presupuesto General de la Nación, pues representa el mantenimiento de la administración pública en el país.
“Tal crecimiento desmesurado plantea nuevas preguntas sobre la distribución y sostenibilidad del presupuesto. En esta nueva investigación nos centramos en buscar respuestas a las causas del incremento observado en el gasto de funcionamiento”, señala el observatorio.
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Cifras más granulares indican que de ese aumento de $87,5 billones, $72,1 billones (que representan el 82,4 % de estos recursos) son transferencias corrientes, $12 billones (13,71 %) corresponden a gastos de personal y $3,4 (3,8 %) billones se destinaron a otras cuentas.
Así las cosas, las transferencias corrientes representan cuatro quintas partes del aumento, de las cuales, $18,8 billones se destinaron para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC); $13,7 billones para el Sistema General de Participaciones (SGP); $13,8 billones para el gasto en salud ($9 se destinaron a financiar el esquema de aseguramiento en salud de la Ley 100 a través de la ADRES y los $4,8 restantes a apoyar programas de prevención en salud en el orden territorial); $13 billones para las prestaciones sociales asumidas por el Estado ($6 se destinaron a Colpensiones, $4 billones a las fuerzas armadas, $2 billones a profesores y $1 billón a otros regímenes de salud y pensión especiales; el resto de transferencias corrientes aumentó en $12,6 billones. Principalmente, se tratan de transferencias por fuera del SGP para gobiernos subnacionales y transferencias para fondos y entidades privadas que administran recursos públicos para financiar gasto social.
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Ante estos hallazgos, el observatorio emitió las siguientes recomendaciones:
● Acelerar el desmonte al subsidio a los combustibles.
● Dar mayor autonomía en el uso de los recursos del SGP y reducir la duplicidad de funciones entre la Nación y los Entes Territoriales.
● Priorizar los tratamientos y servicios ofrecidos por el sistema de salud, de manera que se redefina qué servicios o procedimientos médicos son esenciales y deben financiarse a través del sistema y cuáles no.
● Gravar a las pensiones con el fin de recuperar recursos que no son reducibles por el lado del gasto.
● Introducir cláusulas de escape que permitan ajustar el monto de las transferencias corrientes teniendo en cuenta las coyunturas de estrechez fiscal.
● Racionalizar las primas, bonificaciones y otros rubros distintos a la asignación básica mensual de los funcionarios públicos.
● Poner en marcha la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP).
● Estrechar la definición de gasto social.
● Implementar la presupuestación por programas y resultados. Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana consideramos importante que la ciudadanía pueda poner la lupa en los recursos públicos y que el Estado entregue cuentas claras sobre los aumentos desmesurados que se están viendo en el Presupuesto General de la Nación.
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