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Este lunes se espera que arranque formalmente la mesa de negociación del salario mínimo. Esta suele ser una discusión que se da a finales de noviembre, o principios de diciembre, pero este año comienza bastante antes de su plazo usual debido a las extraordinarias circunstancias en las que se encuentra la economía nacional y global.
Si bien es el Ministerio de Trabajo el que preside la discusión entre empresarios y centrales obreras, la verdadera directora de las negociaciones de este año es la inflación.
Aunque la inflación suele ser la variable rectora en la negociación del mínimo, el incremento de los precios este año convierte la discusión en uno de los momentos de decisión claves para el resto de la economía.
Antes de continuar hay que aclarar aquí que el piso básico para el incremento del salario es el total de inflación del año; el dato más reciente de este indicador se situó en 11,44 % (variación anual para septiembre). Y, según la más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, los precios al consumidor acabarán el año apenas por debajo de 12 % (11,88 %, para ser exactos).
En otras palabras, lo mínimo de incremento en el mínimo para 2023 sería 12 %.
Ahora bien, por aquí es por donde se comienza a complicar esta discusión, debido a que los aumentos en este salario tienden a ser reales, o sea, que estén por encima de lo que subieron los precios al consumidor. De otra forma, no sería un crecimiento en la capacidad de compra de los trabajadores, sino apenas una nivelación con lo que sube el costo de vida.
También hay que agregar en este punto que uno de los motores principales de la inflación actualmente son los alimentos. Y esto es clave, pues las alzas en este grupo de productos suelen impactar mucho más a las personas más vulnerables de la sociedad: aquellas que, justamente, ganan el mínimo o menos de éste.
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Entonces, un aumento de precios centrado poderosamente en alimentos significa que quienes más salen golpeados en este escenario son los sectores de la población con menos capacidad adquisitiva.
Los datos del DANE lo explican así para el caso de septiembre, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 11,44 %: para septiembre, en su variación anual (comparación con el mismo mes de 2021), la inflación de los hogares más pobres y vulnerables fue de 13,16 %, mientras que para los de clase media e ingresos altos fue de 11,60 % y 9,8 %, respectivamente.
Esta asimetría le da más vuelo a la idea de aumentar el mínimo más allá de la inflación.
Pero el punto acá es que, de entrada, un aumento de 12 % ya es alto y llevarlo más allá de este umbral puede ser una dura carga para las empresas, bajo la visión de los gremios de la producción.
En general, las tensiones alrededor del mínimo son qué tanto subirlo sin generar demasiadas presiones sobre el aparato productivo. Y este acto de fino equlibrismo, si se quiere, se tornará más extremo de cara a lo que se defina para 2023.
Por el momento, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anticipó días atrás que es probable que el incremento salarial de 2023 esté acompañado de otras herramientas y apoyos del gobierno para mitigar ese impacto.
Así mismo, con la instalación de la mesa de negociación también se espera abordar otros temas coyunturales, como lo es la reforma pensional y la laboral, en opinión del Ministerio.
“Vamos a ponernos de acuerdo para crear unas subcomisiones para empezar a trabajar la reforma laboral, otra subcomisión para la pensional, la mesa de concertación para la activación de las cinco comisiones. También trabajaremos en la subcomisión de reglamentación y decretos”, señaló la ministra.
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Las otras presiones
Como tantas otras cosas, el salario mínimo no existe en el vacío: su aumento entrará a jugar de la mano con otras tensiones, como el precio del dólar o las tasas de interés del Banco de la República.
De fondo, las negociaciones del salario llegan en un momento complejo para la economía nacional, así como mundial.
Los vientos de recesión soplan fuerte desde varios lugares clave, como Estados Unidos, en donde la Reserva Federal ha subido continuamente sus tasas de interés con la intención de contener la inflación local, que se encuentra creciendo con una velocidad que no se veía en ese país desde hace varias décadas.
Una de las consecuencias de este movimiento ha sido el fortalecimiento del dólar, por un lado, pero también el incremento en la probabilidad de que la principal economía del mundo entre en recesión.
En Colombia, el propio crecimiento de la inflación ha llevado a que el Banco de la República también ajuste sus intereses, lo que a su vez ejerce presiones sobre el aparato productivo del país.
Con crédito más caro, y con materias primas importadas más costosas (por cuenta de un dólar más fuerte), las empresas podrían resentir aún más una subida fuerte en el salario mínimo.
De otro lado, la subida del dólar y el encarecimiento del crédito también golpea el bolsillo de los consumidores. Desde este punto de vista sería conveniente un mayor aumento en el mínimo, por ejemplo, para mantener la capacidad de compra de los hogares (y el motor del consumo privado andando, además).
La discusión sobre el mínimo suele ser un momento de alta tensión y difícil por momentos. Pero este año, en particular, la negociación se enfrenta a un reto único que bien puede tener enormes impactos para amplios sectores de la economía y la sociedad.
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