Presupuesto no logra acuerdo en el Congreso: será decretado

El Presupuesto General de la Nación busca se aprobado por las comisiones económicas conjuntas en su primer debate.

Foto: El Espectador.

El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025 será decretado por el presidente Gustavo Petro. Hoy las comisiones económicas conjuntas del Congreso debatieron el proyecto de ley que pretendía definir el norte de los recursos que tendrá la nación para el próximo año.

Hay que recordar que en las pasadas discusiones no se llegó a un acuerdo sobre el monto, por lo que la ponencia que se radicó preservó el valor que se había solicitado, es decir, $523 billones. Esta cifra, según el mismo Ministerio de Hacienda, se encuentra desfinanciada (las cuentas del Gobierno es que lo está en unos $12 billones), por lo que se complementará con una ley de financiamiento (también llamada reforma tributaria) con la que se buscaría recaudar ese monto.

Algunos congresistas, como la senadora Angélica Lozano, aseguran que el desfinanciamiento es mayor, superando los $40 billones. Esto, sumado al bajo recaudo que se ha registrado en 2024, a las complejidades que continúa presentando la macroeconomía colombiana y a la elevada deuda de la nación, encienden alertas sobre lo que pueda pasar con el Presupuesto.

Lo que de dijo desde diversos sectores que es que el mismo no podía pretender ser ambicioso porque, como se dice coloquialmente, ‘el palo no está para cucharas’; la apuesta, aseguran, estaba en que que se recortaran los gastos y se dinamizara la ejecución de los recursos.

Finalmente no hubo un punto de quiebre y tanto el Gobierno como la oposición se mantuvieron en sus costados. Al final se desbarató el quórum y se levantó la sesión.

¿Qué cambios taría la ponencia para primer debate?

Si bien el monto se mantuvo estable entre el proyecto original y la ponencia para primer debate, sí hubo movimientos en los recursos asignados a una variedad de sectores.

En general, al Presupuesto le recortaron gastos de funcionamiento y hubo un crecimiento en los recursos de inversión.

Por sectores, la mayor reacomodación de recursos se dio en el sector Registraduría, que pasó de tener un presupuesto de más de $4,5 billones a $1,5 billones y la reducción se realizó exclusivamente en gastos de funcionamiento.

La siguiente gran reacomodación de gastos se dio en el sector Hacienda, que creció $2,2 billones en gastos de funcionamiento y $75.000 millones en inversión, llegando a $39 billones (en el proyecto original estaba en cerca de $37 billones).

La participación de los congresistas se fue descomponiendo hasta llegar al punto en que se erosionó el quórum decisorio. Incluso no llegó al nivel para que se continuara, por lo menos, con una sesión permanente.

“Tendremos presupuesto por decreto”, manifestó el presidente de la plenaria.

Sobre esto hay que tener en cuenta que el decreto sólo podrá salir hasta después del 20 de octubre que, según las fechas de la legislatura, es para cuando estaba programado el segundo debate.

También hay que recordar que el Presupuesto que decrete el presidente Gustavo Petro debe ser el que radicó en el Congreso, por lo que no puede disponer de un monto superior. Así las cosas, queda pendiente el debate de la ley de financiamiento (reforma tributaria), con la que el Ministerio de Hacienda pretende recaudar $12 billones que, según las cuentas del Gobierno, es el monto en el que se encuentra desfinanciado.

Tras debatirse la proposición de la ponencia, en donde se insistió en la negativa de muchos congresistas, el quórum en las comisiones económicas se fue descomponiendo, llegando al punto de no haber suficientes para que se tome una decisión.

El presidente de la plenaria dio 10 minutos adicionales, en los que alcanzó a intervenir el ministro Bonilla. En esta oportunidad, aprovechó para defender, una vez más, la denominada ley de financiamiento.

Así avanza la discusión en su primer debate

El representante a la Cámara, Jorge Bastidas (Pacto Histórico) señaló que, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, el recaudo tributario para este año crecerá un 9 %, pasando de los $279 billones a los $304 billones.

Sobre esa cifra, que se encuentra en los cálculos hechos para solicitar los $523 billones, se adicionan los $162 billones de recursos de capital y otros $29 billones provenientes de parafiscales y otros fondos especiales.n

“Queremos indicar que este es un monto totalmente responsable y coherente con los cálculos de los ingresos de la nación”, detalló.

En materia de gastos explicó que se ha registrado un incremento exorbitado en el servicio a la deuda, pues se pasó de $50 billones a $112 billones. Resaltó también que hay una alta inflexibilidad en este presupuesto, pues solo en gastos de funcionamiento se estiman unos $327 billones, de los cuales el 76 % son inversiones que sí o sí se tienen que hacer. Con el presupuesto actual, el Gobierno tendría un margen de $14 billones para financiar sus programas, por lo que resalta que “no hay un incremento exagerado de burocracias”, como se ha denunciado desde la oposición.

En inversión se plantean unos $82 billones, de los cuales $36 billones son para cumplir vigencias futuras de proyectos que se iniciaron en administraciones pasadas. Al sumar todos estos rubros, señala el congresista, el monto de recursos que son inflexibles (que no se pueden alterar ni ahorrar) son $499 billones.

“Lo que busca la oposición es que este Gobierno se limite a pagar la deuda, financiar las obras que ellos arrancaron años atrás y pagar los gastos de funcionamiento. Negar el presupuesto es decirle a este Gobierno que no tiene legitimidad para cumplir con su agenda. Eso no lo podemos aceptar. Lo que está en juego es si avanzamos, o no, en una agenda de cambio, y por eso solicitamos al Congreso que apoye este proyecto con su ley de financiamiento”, concluyó.

La representante Olga Lucía Velázquez (Partido Verde) propuso que al presupuesto se le bajen $5 billones, con la intención de aceitar el debate y dar un margen de negociación que evite que la iniciativa se vaya por decreto (que es lo que pasaría si se hunde este proyecto de ley).

El senador Miguel Uribe pidió que se retire su ponencia alternativa (la cual planteaba recortes en el gasto y un aumento de apenas el 1 % frente al presupuesto de 2024) porque, asegura, no quiere ser “cómplice de la manera en como el Gobierno le quiere quitar los recursos a la Registraduría”.

Esto lo decidió después de la intervención del ministro Bonilla, en donde dijo que es falso que se esté buscando desfinanciar las elecciones de 2026 (entendiendo que en 2025 se requieren hacer unos procesos preelectorales). Según lo explicado por el jefe de la cartera, no se le ha quitado recursos a la Registraduría, sino que lo que se propone es mantener una bolsa, con el nombre de la mencionada entidad, en donde se vayan transfiriendo los recursos en la medida en que el registrador los vaya solicitando.

Según Uribe, “no es cierto que haya una bolsa, porque el primer presupuesto sí lo incluía”, concluyó.

Posteriormente se procedió a votar algunos impedimentos presentados ante la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, la Comisión Tercera y Cuarta del Senado. La propuesta de retirar la ponencia alternativa fue aprobada por las comisiones conjuntas.

Sobre la ponencia alternativa que presentó el senador Miguel Uribe, el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que el Presupuesto solicitado no pretende endeudar más al país.

“Fue su Gobierno - refiriéndose al mandato de Iván Duque- el que endeudó al país y nosotros estamos pagando esa deuda. Fue su Gobierno que en el 2020 llevó la deuda pública financiera de 49 % del PIB al 61 % del PIB, eso son $200 billones. Por esa razón tenemos que pedir cada vez más recursos para el servicio de la deuda y eso erosiona las necesidades de inversión del país. Fue su gobierno el que congeló el precio de los combustibles y nos dejó esa deuda”, señaló, al explicar que para saldar ese déficit en el FEPC se ha metido mano al gasto de funcionamiento.

Su petición fue la de negar la proposición de Miguel Uribe.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en su intervención que nadie le ha querido robar los recursos a la Registraduría ni al Centro Nacional Electoral (CNE), esto de cara al periodo preelectoral que se adelantará el próximo año.

Lo anterior se da por las denuncias que se han hecho desde diferentes sectores ante el recorte del presupuesto que tendría la Registraduría, lo cual se evidencia en la ponencia. También, aseguran, a las intenciones que tendría el Estado de manejar las platas de estas entidades, desembolsando los recursos en la medida en que estas lo vayan solicitando.

Para muchos congresistas, esta forma de actuar es una grave amenaza a la independencia del Gobierno que debe tener tanto la Registraduría como el CNE.

Ante estas acusaciones bonilla dijo que el mecanismo expedito siempre ha existido, pues la Registraduría en los periodos preelectorales experimenta situaciones que no son permanentes sino transitorias y, por esa transitoriedad, se ha resuelto que los recursos vayan a la bolsa del Ministerio de Hacienda y se vayan entregando en la medida en que se vayan solicitando.

“Pero cuando van a la bolsa de Hacienda, están a nombre de la Registraduría y a nombre del CNE. No hay un ataque a las elecciones”, señaló, al explicar que también está la propuesta de que estos recursos vayan directamente a la Registraduría, con la salvedad de que los mismos no se consideren permanentes sino temporales.

El senador Miguel Uribe (del Centro Democrático) propone que el Presupuesto para el próximo año tenga un incremento del 1 % frente al del 2024. Para esto sería necesario reducir 5 % el gasto en funcionamiento y aumenta, en lo posible, la inversión (procurando porque, por lo menos, la misma no disminuya).

Para Uribe, su propuesta “busca disminuir el aparato burocrático y aumentar la inversión”.

El llamado del senador fue a acompañarlo en su ponencia alternativa, o a negar la ponencia positiva que defiende la iniciativa del Gobierno.

En su intervención, el representante a la Cámara, Cristian Munir Garcés (también del Centro Democrático), resaltó que el Gobierno no puede pretender un aumento que se equipare al de la inflación. Aunque reconoce que hay pagos en el Presupuesto que son inflexibles (como los que se destinan a las fuerzas militares, a los docentes y al funcionamiento del sistema de salud), señala que son diversos los rubros que sí pueden experimentar recortes.

La congresista Karina Espinosa (del Partido Liberal) , cuestionó que en lo ajustes que se le hicieron al Presupuesto, departamentos con altos niveles de pobreza como Sucre experimenten recortes tan considerables (se le disminuyó un 38 %, pasando de $2,5 billones a $1,6 billones).

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