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Finalizando diciembre, diversos sectores del gremio de los transportadores anunciaron que entrarían en paro si el gobierno de Gustavo Petro insistía, bajo su criterio, en incumplir los acuerdos alcanzados en septiembre.
Temas como el ajuste en el SISETAC (la herramienta con la que se calcula cuánto cuesta transportar una carga por carretera en Colombia) y el precio del diésel son parte de las principales preocupaciones que tienen las bases transportadoras, quienes argumentan que la actual situación, a la que suma una eventual alza en el combustible, amenaza con la sostenibilidad de su negocio.
El viernes la ministra de Transporte, María Constanza García, informó que le había solicitado a la Defensoría del Pueblo y a la procuraduría adelantar una veeduría sobre el cumplimiento de los acuerdos suscritos en septiembre. En la mencionada petición también se incluyó la comunicación del sector transportador que manifiesta inconformidades, así como los resultados que se han logrado de las mesas de trabajo.
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Lo anterior sería una muestra del compromiso que tiene el Gobierno para con este gremio, poniendo de manifiesto su disposición a ser observado por las mencionadas entidades, quienes señalarían los eventuales incumplimientos y, por ende, velarían porque se avance en la materialización de esos acuerdos.
A lo anterior también se suma las reuniones que ha tenido la cartera de transporte con gran parte de los sectores de transportadores en las últimas horas y de forma virtual. El viernes se tuvo un encuentro de cinco horas, en donde se analizó punto a punto el acuerdo.
El lunes, también se adelantó una reunión con el presidente Gustavo Petro, en la que también participó el presidente de la ANI, el director del INVÍAS, la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Hacienda, en la que se revisó el incremento decretado para los peajes en el país, el cual es del 60 % del IPC que corresponde a 2023 (9,28 %) y que se le debía a las concesiones por cuenta del congelamiento ordenado en su momento por el Gobierno, con la intención de mitigar el impacto que estaba teniendo la inflación.
La ministra García explicó que estas alzas responden a compromisos contractuales asumidos por el Gobierno, por lo que no hay margen de acción sobre los mismos. No obstante, señala que se están revisando los otros incrementos que se darán para 2025 (pues se debe el 40 % del IPC de 2023, así como el de 2024 -que se espera sea de un 5 %-).
“Para el martes cité a seis concesionarios en los que se dieron estas alzas para hacer una evaluación y tomar decisiones”, explicó.
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García también señaló que en los próximos días se tendrán nuevas reuniones con el sector de los transportadores. En estos encuentros se espera cerrar temas como la incorporación al SISETAC de los vehículos de 3,5 a 7,5 toneladas, así como la revisión del proyecto de resolución para modificar el decreto 163 (el que regula la actividad de carga en el país).
Las bases transportadoras han desmentido que tengan una fecha para el inicio de un nuevo paro. La apuesta se sigue concentrando en continuar con los diálogos, avanzando en la implementación de los acuerdos y revisando cómo mitigar el impacto económico que tendría una eventual alza del diésel, así como el incremento de los peajes.
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