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La lotería petrolera
Al parecer, una parte esencial de la reapertura estaría basada en el sector minero-energético, una vez más. En las últimas tres décadas, la mal llamada estabilidad macroeconómica ha pasado de lotería en lotería petrolera: las bonanzas de las décadas de 1990 y 2000 se repetirían a escala mini en 2021, lo que salvaría las finanzas de corto plazo.
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Si las perspectivas de precios se mantienen para 2021, a las arcas del Estado entrarían unos $3,8 billones adicionales que no estaban contemplados inicialmente. Lo mismo ocurre por el lado del carbón, cuya producción aumentó 52 % en el primer trimestre de 2021, con precios promedios de US$96 la tonelada, y Glencore acaba de enviar un mensaje de confianza con la adquisición de BHP y Anglo American por US$588 millones.
La locomotora minera no se detiene, se piensa como la salvación, por lo menos así lo ha expresado el ministro de la cartera, afirmando que “el sector minero es una pieza fundamental para la reactivación sostenible de Colombia”.
Durante la pandemia, el Gobierno colombiano no ha mostrado la más mínima capacidad de reflexión sobre las causas estructurales que impidieron un mejor manejo sanitario, pues ni una sola reforma estructural a la economía ha sido implementada ni pensada. Lo que se espera es que la recuperación de los mercados de materias primas llegue al país, sin esfuerzo por establecer políticas serias de crecimiento económico productivo.
Crear empleos, pero ¿en qué?
El principal problema que sufre el país es la necesidad de generar empleo. Creer en la reactivación desde la minería es una apuesta al colapso económico y social, pues nunca ha generado más de 300.000 empleos en el país ni lo hará; además, tampoco es un sector encadenado con otras actividades capaces de demandar mano de obra.
La desaceleración económica desde años anteriores a la pandemia ha tenido un impacto fuerte sobre las condiciones del mercado laboral. Entre 2016 y 2019, la tasa de desempleo creció 1,3 puntos porcentuales (pp), la tasa de ocupación cayó en 1,7 pp, pero la población en edad de trabajar seguía creciendo a un ritmo del 0,2 %.
El anhelo de muchos países industrializados de contar con mano de obra disponible para la producción es dramáticamente desaprovechado en Colombia. Cuantas más personas salen al mercado laboral, más se incrementa la inactividad. Este panorama se ha agravado con la pandemia y las posibles soluciones desde la mirada oficial son desalentadoras.
Para el trimestre marzo a mayo de 2021, hay 1’465.000 más personas en edad de trabajar en condición de inactividad que las que había en el mismo período de 2019; el 73 % de las que se sumaron a esta categoría están en oficios del hogar y el 93,2 % son mujeres. Pero la discriminación no se da solo por género, sino por ineficiencias ante los obstáculos para vincular al mercado a la juventud, la población de más alto desempleo por rangos de edad.
Aquí se suman dos necesidades a resolver. Primero: el desempleo en las mujeres. Son la mayoría de la población, tienen mejor formación académica que los hombres, pero la forma como se desarrolla el sistema económico las relega mayoritariamente al cuidado no remunerado del hogar o a actividades de alta precariedad. En promedio, en 2019 había veinte millones de mujeres en edad de trabajar, 10,6 millones estaban inactivas, 5,5 millones en oficios no remunerados y 1,4 millones estaban desocupadas. De los ocho millones que se ocuparon, el 52 % lo hizo en empleos domésticos, por cuenta propia o en trabajos sin remuneración.
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La situación empeoró con la pandemia, pues en mayo de 2021 había 1’074.000 más personas en oficios del hogar que en el mismo período de 2019, lo que aumenta considerablemente la probabilidad de pobreza, que es mayor en jefas del hogar menores de 25 años, sin educación, desempleadas y sin seguridad social. Además, el 76,9 % de los hogares con tres niños o más están en condición de pobreza.
Segundo: la juventud nini. En 2019, en promedio, había 12,3 millones de jóvenes en edad de trabajar (14 a 28 años), de los cuales 2,7 millones no trabajaban ni estudiaban. De los 5,7 millones ocupados, el 41 % lo hacían en empleo doméstico, cuenta propia o sin remuneración. Para el trimestre febrero a abril de 2021, había 486.000 más jóvenes nini. Que el 53 % de la población joven en edad de trabajar no lo haga ni estudie es la prueba más consistente del fracaso de la política económica orientada al extractivismo y al parasitismo financiero.
La solución requiere que el Estado disponga de más recursos para financiar programas públicos y colectivos del cuidado, de formación en actividades productivas, que posibilite a las mujeres salir del hogar a trabajar en tareas más estables y mejor remuneradas. Asimismo, recursos para programas de formación y capacitación gratuita de jóvenes, con perspectivas de vinculación a una actividad formal.
Se requieren reformas
La minería no es la respuesta a estos problemas. Su actividad consiste en importar maquinarias y herramientas, extraer el recurso con muy poca mano de obra y echarlo en un buque con destino al mundo desarrollado sin ningún proceso de transformación.
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Lo más lógico sería tomar las ganancias que recibe el Estado de dicha actividad e invertirlas en capacitación y subsidios directos a las nóminas de empresas transformadoras intensivas en mano de obra. Se debe otorgar un estímulo monetario a la creación de empleo transformador en cultivos y fábricas, pero también a servicios que estén encadenados con los dos anteriores. Por ejemplo, el comercio de mercancías elaboradas o ensambladas dentro del país también sería sujeto a recibirlo, pero el de bienes finales importados no.
Una propuesta fundamentada en reconocer como un disparate el mantener excluidas del crecimiento económico a la juventud y las mujeres. Es el mejor y único camino de reformas útiles para la reactivación.
*Datos con la colaboración de Sneyder Rivera y Miguel Ángel Rodríguez.
