Siguen las alertas por intención de Petro de asumir funciones de la Creg

Nuevamente, un grupo de expertos lanza advertencias sobre los riesgos de que el presidente retome las funciones que actualmente tiene la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en el mercado eléctrico y de combustibles en el país.

Esta vez se trata de un grupo de 15 exministros, y exviceministros, de energía, así como anteriores comisionados de la propia Creg, quienes manifestaron a través de una carta que la intención del presidente, Gustavo Petro, “es una medida que vulnera la institucionalidad del sistema, la ejecución de proyectos, las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento de electricidad del país, así como la calidad del servicio de gas y electricidad para todos los colombianos. Los de hoy y de mañana”.

Lea también: ¿Es acertado que Gustavo Petro asuma la administración de los servicios públicos?

En el documento, los exfuncionarios aseguran que en los últimos 30 años “los distintos gobiernos han intervenido el sector eléctrico dando direcciones de política desde el Ministerio de Minas y Energía, pero manteniendo la responsabilidad regulatoria en la CREG; en ningún caso reemplazándola. Todo esto, dentro del marco institucional del cual el gobierno hace parte a través de los ministerios de hacienda, minas y energía, así como del Departamento Nacional de Planeación y el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Alterar este marco podría deteriorar la confianza de todos los agentes del sector y poner en riesgo las futuras inversiones necesarias para garantizar la cobertura y calidad en la prestación del servicio a los colombianos”.

Esta posición se suma a la de varios gremios del sector, que apenas hace unos días advirtieron de los riesgos de esta idea del presidente Petro, que ya cuenta con un borrador de decreto.

En ese momento, las agremiaciones (Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis y SER Colombia) dijeron que le solicitan que el Gobierno argumente las razones que ameritan que reasuma estas funciones, pero también que tenga en cuenta que modificar las metodologías implica requisitos que se deben cumplir. “Estas disposiciones no se pueden reasumir para modificarlas sin excluir el tránsito legislativo”.

Lea también: El incierto panorama del sector eléctrico

En una entrevista reciente con este diario, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen aseguró que “normalmente, las intervenciones tienen un efecto contrario al que se espera, pues se aumenta la percepción de riesgo y esto disminuye la confianza inversionista. En un sector cuyas inversiones para los próximos años superan los $20 billones y que anualmente representa alrededor de $7 billones en tributos, estos cambios sin soporte, sin análisis técnico, sin una socialización adecuada, ponen en riesgo mantener estos niveles de inversión y, lo que es más delicado, la calidad de la prestación del servicio a los usuarios”.

El espíritu detrás del plan del presidente es lograr una baja en las tarifas de la energía, que han sido uno de los motores de la inflación en el país, indicador que para enero de este año se ubicó en 13,25 % en su variación anual (en comparación con el mismo mes del año pasado).

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Esta vez se trata de un grupo de 15 exministros, y exviceministros, de energía, así como anteriores comisionados de la propia Creg, quienes manifestaron a través de una carta que la intención del presidente, Gustavo Petro, “es una medida que vulnera la institucionalidad del sistema, la ejecución de proyectos, las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento de electricidad del país, así como la calidad del servicio de gas y electricidad para todos los colombianos. Los de hoy y de mañana”.

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En el documento, los exfuncionarios aseguran que en los últimos 30 años “los distintos gobiernos han intervenido el sector eléctrico dando direcciones de política desde el Ministerio de Minas y Energía, pero manteniendo la responsabilidad regulatoria en la CREG; en ningún caso reemplazándola. Todo esto, dentro del marco institucional del cual el gobierno hace parte a través de los ministerios de hacienda, minas y energía, así como del Departamento Nacional de Planeación y el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Alterar este marco podría deteriorar la confianza de todos los agentes del sector y poner en riesgo las futuras inversiones necesarias para garantizar la cobertura y calidad en la prestación del servicio a los colombianos”.

Esta posición se suma a la de varios gremios del sector, que apenas hace unos días advirtieron de los riesgos de esta idea del presidente Petro, que ya cuenta con un borrador de decreto.

En ese momento, las agremiaciones (Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis y SER Colombia) dijeron que le solicitan que el Gobierno argumente las razones que ameritan que reasuma estas funciones, pero también que tenga en cuenta que modificar las metodologías implica requisitos que se deben cumplir. “Estas disposiciones no se pueden reasumir para modificarlas sin excluir el tránsito legislativo”.

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En una entrevista reciente con este diario, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen aseguró que “normalmente, las intervenciones tienen un efecto contrario al que se espera, pues se aumenta la percepción de riesgo y esto disminuye la confianza inversionista. En un sector cuyas inversiones para los próximos años superan los $20 billones y que anualmente representa alrededor de $7 billones en tributos, estos cambios sin soporte, sin análisis técnico, sin una socialización adecuada, ponen en riesgo mantener estos niveles de inversión y, lo que es más delicado, la calidad de la prestación del servicio a los usuarios”.

El espíritu detrás del plan del presidente es lograr una baja en las tarifas de la energía, que han sido uno de los motores de la inflación en el país, indicador que para enero de este año se ubicó en 13,25 % en su variación anual (en comparación con el mismo mes del año pasado).

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