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Continúan las reuniones para concertar el incremento que debería tener el salario mínimo en 2024. En la mesa se encuentran representantes de los empresarios, gobierno y trabajadores, quienes buscan poner en la balanza la cifra que mejor responda a la realidad macroeconómica del país.
Este martes, las centrales obreras presentes en la mesa (CUT, CGT y CTC) revelaron su propuesta de incremento, la cual es de 18%. Si se tiene en cuenta que el salario mínimo en 2023 está en $1.160.000, la mencionada alza lo dejaría en $1.368.800. Este valor, vale aclarar, contempla el subsidio de transporte.
Para algunos representantes de empresarios, como el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, el aumento del mínimo debería estar más pegado a la cifra con la que cerrará 2023 en inflación. Durante las presentaciones en la mesa, el Banco de la República proyectó que el IPC llegaría a 9,4 % para diciembre de este año.
Si el incremento se ciñe a la inflación proyectada por el Banco de la República, estaríamos hablando de una cifra (sin subsidio de transporte) que llegaría a $1.269.040.
Esta cifra se logra tras casi una semana de reuniones en las que se han recibido insumos de entidades económicas en el país, como el DANE y el Banco de la República, así como expertos en la materia, con cifras como PIB, inflación, productividad y composición del mercado laboral colombiano.
Este lunes cada una de las centrales se reunió en el Comando Nacional Unitario, en donde discutieron la cifra y construyeron la propuesta propuesta que se presentó.
Para los empresarios, si bien es cierto que el país no atraviesa por un panorama sencillo (pues el PIB cayó al -0,3 % en el tercer trimestre del año), hay que ser moderados, pues un incremento significativo podría disparar, o por lo menos mantener, el fenómeno inflacionario que continúa creciendo anualmente a un ritmo de doble dígito.
La presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Rosmery Quintero, dijo a este medio que, como empresarios, consideran fundamental “evitar aumentos salariales que excedan las correcciones necesarias para preservar el poder adquisitivo. Un incremento por encima de dichas correcciones podría traer consigo problemas macroeconómicos como una alta inflación al presionar los precios al alza, aumentar los costos de producción para las empresas y afectar su competitividad a nivel internacional. Encontrar un equilibrio entre los incrementos salariales y la estabilidad macroeconómica es crucial para asegurar un crecimiento económico sostenible y evitar impactos adversos en la economía”.
La premisa que manejan las centrales obreras es que se requiere un aumento considerable en el salario para que la economía se dinamice, pues hay que recordar que la falta de poder adquisitivo en los hogares colombianos (castigado por la alta inflación y las disparadas tasas de interés) ha ralentizado la economía.
Hay que tener en cuenta que este fenómeno no es exclusivo de Colombia, pues otras economías también pasan por inflaciones disparadas y tímidos crecimientos en su PIB. Lo que explican los expertos es que esto es producto del desmedido consumo que se vivió tras el coletazo de la pandemia.
Lo cierto es que en Colombia solo uno de cada diez trabajadores devenga un salario mínimo, por lo que, más allá del incremento, lo que se busca es implementar medidas que protejan el poder adquisitivo. El año pasado se logró mediante la desindexación de ciertos cobros del mínimo (atándolos a la UVT). Para esta ocasión se busca insistir en la revisión de las tarifas de la energía, el combustible y la disminución de la tasa de usura.
El primer plazo para que la mesa llegue a una concertación vence el 15 de diciembre. Después de esta fecha se instalarían unas reuniones extra que, de no arrojar humo blanco, el aumento lo decidiría el presidente Gustavo Petro vía decreto.
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