A partir del 31 de agosto, la tarifa de la luz en los hogares de estratos 4, 5 y 6 del país tendrá un incremento de $1.000, como parte de las medidas del Gobierno en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira.
El Gobierno, así mismo, decretó un alza de $5.000 para usuarios industriales (fábricas, por ejemplo) y comerciales (negocios), como lo establece el Decreto 1276 expedido por el Ministerio de Minas y Energía.
Para la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno “terminarán perjudicando a los usuarios finales, al desincentivar la competencia y producir sobrecostos en la prestación del servicio”.
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Los “peros” de Acolgen
En la tarde de este miércoles, Acolgen emitió un comunicado en el que señala que algunas de las medidas adoptadas en el Decreto 1276 de 2023 “no conducen a superar las causas de la declaratoria de situación de emergencia en el departamento y, además, van en contravía de los principios que hemos defendido desde el sector de generación de energía eléctrica”.
La entidad, así mismo, insistió en que cualquier medida que se tome sobre el sector eléctrico no debe entorpecer el avance de la institucionalidad pública y privada.
“Los sectores público y privado deben trabajar de manera articulada en la construcción de propuestas para continuar beneficiando a los colombianos, construir sobre lo construido y preservar la estructura de un sector que ha garantizado confiabilidad y suficiencia en la prestación del servicio de electricidad (…)”, puntualizó Acolgen.
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