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El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) llevará a cabo la subasta para el periodo del 1 de diciembre de 2027 al 30 de noviembre de 2028. En ella podrán participar personas jurídicas, naturales o agentes que representen comercialmente plantas o unidades de generación de energía, existentes con obras, especiales y nuevas.
Las empresas que participen en la subasta se comprometen a poner en operación los proyectos de energía en la fecha especificada y a generar la obligación de energía que les sea asignada durante las épocas de sequía para garantizar la prestación continua del servicio a todos los usuarios del país que estén conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
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Para participar en la subasta, los agentes, desarrolladores o inversionistas deben presentar un certificado de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) que certifique la conexión al SIN de la planta o unidad de generación, además de una garantía financiera y un cronograma de construcción del proyecto.
La jugada de la CREG es vital, si se tiene en cuenta, como lo dice Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, que “para 2026 el margen entre energía firme (mínima energía durante las sequías) y la demanda media es negativo. Esto quiere decir que, si no tenemos nuevos proyectos para entonces, podríamos tener riesgo con el suministro de energía para toda la población”.
En una entrevista para este diario, la dirigente gremial agregó: “Hoy Colombia cuenta con autoabastecimiento de energía eléctrica y un diseño de mercado que permite que el país esté encendido 24 horas al día, siete días a la semana e incluso en eventos climáticos extremos. Pero eso no quiere decir que no estemos atentos a los ajustes que se deben hacer de acuerdo con los cambios en la oferta y la demanda de energía del país para mantener y reforzar esa confiabilidad. Este es un mercado que se ajusta y, por eso, es importante que el Gobierno Nacional dé señales de expansión claras y a tiempo para seguir contando con luz en nuestros hogares, oficinas, clínicas, colegios, etc. Estas señales de expansión deben estar acompañadas de una política pública que mantenga la confianza inversionista y, por supuesto, se vuelve crucial que los proyectos que se encuentran en construcción puedan iniciar operaciones lo más pronto posible”.
La subasta de expansión del cargo por confiabilidad para la asignación de obligaciones de energía firme es un mecanismo que opera desde diciembre de 2006 para asegurar la confiabilidad del suministro de energía eléctrica a los usuarios del SIN y protegerlos ante los altos precios de energía esperados en épocas de hidrología baja.
Además, la CREG estableció un incentivo para aquellas plantas o unidades de generación que entren en operación comercial antes del 1 de diciembre de 2027, permitiéndoles recibir la remuneración del cargo por confiabilidad desde su entrada en operación, sin modificar la fecha de finalización de las obligaciones de energía adquiridas en la subasta.
Esta será la cuarta subasta de su tipo que se realiza en Colombia desde la creación del llamado cargo por confiabilidad.
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La decisión de la CREG fue celebrada, a su vez, por la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), que dijo a través de un comunicado que “desde hace unos meses atrás puso a consideración del Gobierno Nacional la importancia de avanzar en la convocatoria de la subasta del Cargo por Confiabilidad planteada por la CREG, por lo que esta resolución tomada por el Regulador se convierte en un motivo de celebración para el sector, ya que permite asegurar las señales de inversión para expansión en proyectos de generación en el marco de una transición energética justa, gradual y segura”.
De acuerdo con Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg, “debemos avanzar en el cronograma que establezca la CREG para la realización de la subasta promoviendo una participación diversificada de nuevos recursos de generación en el marco de la energía firme que se requiere, donde será fundamental el aporte de los recursos existentes, como lo son las plantas térmicas, para asegurar la confiabilidad del suministro eléctrico a todos los consumidores del país”.
Esta medida se conoce justo el mismo día en el que el presidente, Gustavo Petro, firmó el decreto que le permite regular los servicios públicos en Colombia en varios aspectos, incluyendo el tarifario. Esta decisión ha sido ampliamente criticada por empresas y gremios del sector, así como por exministros de Minas y excomisionados de la propia CREG.
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