Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La tarea de estabilización fiscal que ha comenzado la administración del presidente Iván Duque le corresponde terminarla al siguiente gobierno que asuma en agosto de 2022. Eso es claro.
Para analistas locales y externos, la reforma que presentó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, no es suficiente. Todos están advertidos. Como esta reforma es muy reducida, para el año entrante se requiere otra iniciativa de mayor recaudo. Restrepo lo destacó en el proyecto que llevó al Congreso: el incremento en los indicadores de pobreza, el deterioro del mercado laboral y la caída de la actividad económica requiere la implementación de “iniciativas fiscales expansionistas en el corto plazo para mejorar las condiciones de vida de la población”.
Lea también: ¿Qué papel juega la reforma tributaria en la creación de empleo?
El Marco Fiscal de Mediano Plazo identifica que, si se aprueba esta reforma de 1,0 % del PIB para 2022, será necesario de manera permanente 1,6 % adicional. “El ambiente político para hacer la reforma de fondo es cada vez más reducido”, sostiene Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia.
El camino fiscal para la siguiente administración se torna muy intrincado. Pasar una reforma tributaria siendo un recién llegado es atrevido, y, si lo hace en 2023, los primeros impuestos entran en vigor un año después, por lo que la recuperación del grado de inversión podría tardar un poco más de tres años, en el mejor de los escenarios.
El deterioro fiscal del país ya venía siendo preocupante antes de la pandemia, pero se acentuó con la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Juan Camilo Restrepo, exministro de Estado, señala “que la reforma presentada por el Gobierno quizá sea la reforma posible en el momento político que se vive, pero está lejos de ser una reforma estructural”.
El plan de reforma tributaria (sugerido en el plan fiscal de mediano plazo actualizado recientemente) no resultó suficiente para evitar otra reducción de la calificación, apunta Carolina Monzón, gerente de Análisis Económico de Itaú Colombia. Sostiene que la calificadora Fitch siguió los pasos de S&P y redujo la calificación crediticia soberana de Colombia a un nivel basura (BB+, perspectiva estable). Esa mirada de las dos firmas calificadoras reflejan el deterioro de las finanzas públicas con grandes déficits fiscales en 2020-2022, un aumento de la deuda pública y una menor confianza en la capacidad del Gobierno para colocar de manera creíble la deuda en una mejor senda en los próximos años.
Componentes fiscales nuevos
Monzón considera que “para reencaminar la senda fiscal, a futuro, sigue siendo necesario no solo la diversificación de las fuentes de financiación, sino también continuar avanzando en la simplificación del esquema, que permita un mejor entendimiento y seguimiento tributario. En simultánea, continuar disminuyendo las exenciones es clave en el proceso de homologación”.
La analista estima que “la evaluación de los componentes de gastos será una tarea de largo aliento, donde si bien ya se empiezan a buscar eficiencias, la revisión más estructural de los gastos es necesaria dada la inflexibilidad que ha caracterizado los egresos del Gobierno, aspecto negativo recalcado frecuentemente por las agencias calificadoras de riesgos”. Finalmente, destaca que “los nuevos ajustes fiscales deberán ir de la mano de una discusión en torno a los efectos tributarios sobre el crecimiento, buscando avances en competitividad”.
Lea también: ¿Qué papel cumple la tributaria en la reducción de la pobreza?
Según Mauricio Santamaría, presidente de ANIF: “En los años que vienen el país debe aumentar los ingresos tributarios para financiar el déficit estructural y las necesidades crecientes, unas de corto plazo (aquellas derivadas de la pandemia) y otras de largo plazo (asociadas al gasto social y de infraestructura que se requiere para mejorar la productividad). El próximo gobierno estará obligado a avanzar en un esquema tributario consistente con la equidad, la reducción de pobreza y una política social mucho más efectiva y ambiciosa”.
Por su parte, Margarita Salas y Luis Orlando Sánchez, de la firma EY Colombia, aseguran que “una próxima reforma debería revisar con cuidado los beneficios tributarios existentes, para considerar si realmente se justifican o deben ser eliminados, limitados o modificados”.
El exministro Restrepo dice que lamenta “que el Gobierno, después de que convocó a la reunión de expertos sobre privilegios tributarios, no se atrevió en este proyecto a proponer algo drástico en materia de reducción de gabelas y privilegios injustificados que, según esta misma comisión de expertos, tienen un costo anual superior a los $50 billones”.
Y según Manuel Orozco, analista de Standard & Poor’s para la calificación soberana de Colombia, se requiere otro tipo de reforma tributaria, que sea un poco más profunda en cuanto a la ampliación de la base gravable con nuevas personas pagando impuestos, lo mismo que otras empresas. Sus palabras hicieron parte del programa radial Primera Página.
¿Y la próxima tributaria?
Para que una reforma tributaria sea progresiva debe contemplar una tasa de tributación de las empresas del 22 %, eliminando los beneficios tributarios, con lo que se genera un recaudo adicional cercano a los $6 billones, destaca Orlando Villabona, profesor de la Universidad Nacional, miembro del Grupo de Estudios Fiscales y de Equidad.
Villabona propone hacer un análisis con los altos ingresos o rentas para incrementar los rangos mínimos hasta en un 50 %, como lo manejan los países que tienen sistemas tributarios progresivos. A su vez, se deben implementar tablas progresivas para el impuesto al patrimonio, empezando desde $1.200 millones y excluyendo la vivienda por $400 millones.
Lea también: Nueva reforma tributaria cumple lo prometido, pero podría ser mejor: observatorio
Sostiene que se debe aplicar prisión real para los evasores y sus asesores: actualmente si el evasor admite su falta solo paga la multa y no va a prisión, y eso los motiva para seguir; en varios países se paga la multa y hay cárcel. Aquí debería empezar la penalización al menos desde $500 millones y no desde $5.000 millones.
Así mismo, el académico llama la atención sobre el hecho de que no se enfatiza en la prohibición a operaciones con paraísos fiscales que no suministren información automática de los colombianos, ni se habla del impuesto a las herencias tan bajo para los más ricos, solo el 10 %, cuando en otros países, como Japón, tienen una tarifa del 55 %. Se debe hacer la actualización catastral, que puede implicar varios billones para las arcas territoriales, ya que grandes extensiones rurales están avaluadas por solo el 5 % del valor comercial y debe incluirse el impuesto a compras electrónicas y un mayor control sobre ellas, algo que implicaría billones en recaudo.
No se incluye un análisis sobre la gran inequidad en los costos de la seguridad social. No es posible que una enfermera que se contrata por prestación de servicios por un monto similar al mínimo tenga que pagar cerca del 30 % por este concepto, mientras el dueño de un banco que reciba cerca de $1 billón solo deba pagar el 0,0007 %, precisa Villabona en las propuestas que requiere una futura reforma tributaria.
La firma de impuestos EY Colombia explica que “una tarifa a las sociedades del 35 % resulta muy superior al promedio de los países OCDE (alrededor de 25 %) y con el impuesto a los dividendos, la tarifa combinada puede ser del 41,5 %. El hecho de que en Colombia el pago de impuestos provenga principalmente de las compañías, y no de las personas naturales, como sucede en la mayoría de los países desarrollados, es una muestra de inequidad, que limita la generación de empresas formales y empleos”.
Respecto a la función de la DIAN, el exministro Restrepo reiteró que en “el proyecto gubernamental es plausible empoderar más a la DIAN para combatir los aterradores índices de evasión, que ya superan el 40 %”.
El país debe ser consistente en el control de la evasión, para lo cual es relevante continuar los adelantos en tecnología (facturación electrónica, nómina electrónica y contabilidad electrónica) y su adecuado marco normativo, subrayan Margarita Salas y Luis Orlando Sánchez. “A la luz de los cambios a escala mundial que se esperan próximamente, como el impuesto mínimo de renta del 15 % a las compañías que están proponiendo en la OCDE, esto podría ser el catalizador para revisar algunos beneficios que llevan a las compañías en Colombia a tributar por debajo de dicha tarifa”, resalta la firma de impuestos EY Colombia.