Vigencias futuras: ¿cuánto dinero del Estado está comprometido y en qué proyectos?
El Ministerio de Hacienda ha priorizado el dinero del Estado a futuro para los sectores de transporte, defensa y policía, y vivienda. Le contamos cuáles son los sectores con mayores compromisos autorizados y cuánto presupuesto recibirán.
Las vigencias futuras son un término poco entendido para la mayoría de los colombianos, pero lo que quiere decir en pocas palabras es que hay recursos comprometidos para proyectos que se extienden más allá del año fiscal en curso.
El objetivo es simple: ejecutar grandes obras de infraestructura a largo plazo, y como no se cuenta con toda la financiación ahora, pero se requiere continuidad para completar el proyecto, se comprometen recursos disponibles a futuro mediante proyecciones que no afecten la salud económica del país. A esto se le suman beneficios de generación de empleo y estabilidad en inversiones, sin retrasos ni cancelaciones en las obras.
Según un informe del Ministerio de Hacienda, 90 % de las vigencias futuras autorizadas a la fecha se concentran en tres sectores: transporte, defensa y policía, y vivienda, ciudad y territorio.
El grueso de estos recursos futuros corresponde al sector transporte, con 80 % de los compromisos. Por ejemplo, en 2025, el total de dinero autorizado por la Nación asciende a $30,7 billones, de los cuales $12,5 billones están destinados a este sector.
Desde el próximo año hasta 2053, los compromisos autorizados suman más de $194,4 billones, equivalentes a 11,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). De este monto, $155 billones ya están autorizados para el sector transporte, con la mayor parte de la inversión programada para el periodo 2031-2053, utilizando $87,4 billones de los $90 billones comprometidos del Estado.
¿Qué planea hacer el Gobierno con las vigencias futuras?
Está claro que sector tiene diferentes prioridades. Con $194,4 billones autorizados a la fecha para los proyectos del Estado, el sector transporte se enfocará los $155 billones en los corredores arteriales de competitividad, la rehabilitación de la red vial y los sistemas integrados y estratégicos, como los transportes férreos y fluviales.
Por su parte, la defensa y la policía tienen autorizados $12,4 billones, enfocados en el fortalecimiento de fuegos aéreos y navales; adquisición de bienes y servicios; nuevas sedes para el sector, y gastos de comercialización y salarios.
La vivienda cuenta con $6,8 billones para coberturas de tasa de interés para vivienda nueva; subsidios familiares; cobertura condicionada de créditos de vivienda de segunda generación, y servicios de acueducto y alcantarillado.
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¿Cuáles son los principales proyectos?
En Bogotá y la región:
- Metro de Bogotá.
- Diseño y puesta en marcha de la línea 2 del metro.
- Troncal de la calle 13.
- Corredor perimetral de Cundinamarca, en área Centro Oriente.
- Fases II y III de la troncal NQS, Transmilenio Soacha.
- Consolidación en aeropuerto El Dorado, en Bogotá.
Proyectos en Antioquia:
- Autopistas Mar 1 y 2.
- Metro ligero de la 80.
- Pacífico 1, 2 y 3.
- Túnel del Toyo y vías de acceso Santa Fe de Antioquia - Cañasgordas.
- Autopista al río Magdalena.
- Tribugá-Medellín-Puerto Berrío.
- Sistema Integrado de Trasporte Masivo en Envigado, Medellín e Itagüí.
Otros proyectos:
- Corredor vial Bucaramanga-Pamploma-Cúcuta.
- Corredor Rumichaca-Pasto.
- Programa cobertura condicionada crédito de vivienda de segunda generación.
- Conectividad TIC.
- Canal navegable del río Magdalena, Bocas de Ceniza-Barrancabermeja.
- Fortalecimiento de capacidad operacional del Ejército.
- Plan Todos Somos Pazcífico.
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El problema de los ingresos del Estado
En medio de los compromisos financieros a largo plazo del Estado, como las vigencias futuras destinadas a grandes obras de infraestructura y proyectos estratégicos, se destaca un desafío crucial: asegurar los ingresos necesarios para cumplir con estos compromisos. Con sectores como el transporte, la defensa y la vivienda demandando la mayoría de estos recursos a futuro, el gobierno enfrenta una presión adicional para incrementar su capacidad de recaudo y fortalecer la estabilidad fiscal del país.
Para solventar esta necesidad y garantizar el financiamiento de proyectos en el presupuesto de 2025, el gobierno ha impulsado una reforma tributaria que busca fortalecer los ingresos nacionales en un contexto económico que requiere tanto de estabilidad fiscal como de inversiones continuas en desarrollo e infraestructura.
Ante el bajo recaudo de ingresos por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el gobierno adelantó el trámite de una reforma tributaria para conseguir $12 billones que se sumarían al Presupuesto General de la Nación de 2025.
Por ahora, la ley está en “veremos”, por lo que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que en caso de que se hunda en el periodo actual en los debates del Congreso, se volverá a presentar el próximo año.
En este documento se gravarán nuevas actividades económicas. Por ejemplo, se nivelará el IVA para plataformas de juego y azar, y vehículos eléctricos, y se ampliará el impuesto al carbón. Aunque se disminuirá gradualmente el impuesto de renta de las empresas del 35 % al 30 % (excepto para las extranjeras) para fomentar la creación de empresas, también se aumentará la tarifa del impuesto al patrimonio y las ganancias ocasionales.
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Las vigencias futuras son un término poco entendido para la mayoría de los colombianos, pero lo que quiere decir en pocas palabras es que hay recursos comprometidos para proyectos que se extienden más allá del año fiscal en curso.
El objetivo es simple: ejecutar grandes obras de infraestructura a largo plazo, y como no se cuenta con toda la financiación ahora, pero se requiere continuidad para completar el proyecto, se comprometen recursos disponibles a futuro mediante proyecciones que no afecten la salud económica del país. A esto se le suman beneficios de generación de empleo y estabilidad en inversiones, sin retrasos ni cancelaciones en las obras.
Según un informe del Ministerio de Hacienda, 90 % de las vigencias futuras autorizadas a la fecha se concentran en tres sectores: transporte, defensa y policía, y vivienda, ciudad y territorio.
El grueso de estos recursos futuros corresponde al sector transporte, con 80 % de los compromisos. Por ejemplo, en 2025, el total de dinero autorizado por la Nación asciende a $30,7 billones, de los cuales $12,5 billones están destinados a este sector.
Desde el próximo año hasta 2053, los compromisos autorizados suman más de $194,4 billones, equivalentes a 11,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). De este monto, $155 billones ya están autorizados para el sector transporte, con la mayor parte de la inversión programada para el periodo 2031-2053, utilizando $87,4 billones de los $90 billones comprometidos del Estado.
¿Qué planea hacer el Gobierno con las vigencias futuras?
Está claro que sector tiene diferentes prioridades. Con $194,4 billones autorizados a la fecha para los proyectos del Estado, el sector transporte se enfocará los $155 billones en los corredores arteriales de competitividad, la rehabilitación de la red vial y los sistemas integrados y estratégicos, como los transportes férreos y fluviales.
Por su parte, la defensa y la policía tienen autorizados $12,4 billones, enfocados en el fortalecimiento de fuegos aéreos y navales; adquisición de bienes y servicios; nuevas sedes para el sector, y gastos de comercialización y salarios.
La vivienda cuenta con $6,8 billones para coberturas de tasa de interés para vivienda nueva; subsidios familiares; cobertura condicionada de créditos de vivienda de segunda generación, y servicios de acueducto y alcantarillado.
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En Bogotá y la región:
- Metro de Bogotá.
- Diseño y puesta en marcha de la línea 2 del metro.
- Troncal de la calle 13.
- Corredor perimetral de Cundinamarca, en área Centro Oriente.
- Fases II y III de la troncal NQS, Transmilenio Soacha.
- Consolidación en aeropuerto El Dorado, en Bogotá.
Proyectos en Antioquia:
- Autopistas Mar 1 y 2.
- Metro ligero de la 80.
- Pacífico 1, 2 y 3.
- Túnel del Toyo y vías de acceso Santa Fe de Antioquia - Cañasgordas.
- Autopista al río Magdalena.
- Tribugá-Medellín-Puerto Berrío.
- Sistema Integrado de Trasporte Masivo en Envigado, Medellín e Itagüí.
Otros proyectos:
- Corredor vial Bucaramanga-Pamploma-Cúcuta.
- Corredor Rumichaca-Pasto.
- Programa cobertura condicionada crédito de vivienda de segunda generación.
- Conectividad TIC.
- Canal navegable del río Magdalena, Bocas de Ceniza-Barrancabermeja.
- Fortalecimiento de capacidad operacional del Ejército.
- Plan Todos Somos Pazcífico.
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El problema de los ingresos del Estado
En medio de los compromisos financieros a largo plazo del Estado, como las vigencias futuras destinadas a grandes obras de infraestructura y proyectos estratégicos, se destaca un desafío crucial: asegurar los ingresos necesarios para cumplir con estos compromisos. Con sectores como el transporte, la defensa y la vivienda demandando la mayoría de estos recursos a futuro, el gobierno enfrenta una presión adicional para incrementar su capacidad de recaudo y fortalecer la estabilidad fiscal del país.
Para solventar esta necesidad y garantizar el financiamiento de proyectos en el presupuesto de 2025, el gobierno ha impulsado una reforma tributaria que busca fortalecer los ingresos nacionales en un contexto económico que requiere tanto de estabilidad fiscal como de inversiones continuas en desarrollo e infraestructura.
Ante el bajo recaudo de ingresos por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el gobierno adelantó el trámite de una reforma tributaria para conseguir $12 billones que se sumarían al Presupuesto General de la Nación de 2025.
Por ahora, la ley está en “veremos”, por lo que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que en caso de que se hunda en el periodo actual en los debates del Congreso, se volverá a presentar el próximo año.
En este documento se gravarán nuevas actividades económicas. Por ejemplo, se nivelará el IVA para plataformas de juego y azar, y vehículos eléctricos, y se ampliará el impuesto al carbón. Aunque se disminuirá gradualmente el impuesto de renta de las empresas del 35 % al 30 % (excepto para las extranjeras) para fomentar la creación de empresas, también se aumentará la tarifa del impuesto al patrimonio y las ganancias ocasionales.
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