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"Un manto de incertidumbre" quedó luego del laudo del tribunal de arbitramento sobre la liquidación del contrato de Ruta del Sol II, según el gremio de bancos Asobancaria, pese a que la asociación manifestó su "respaldo a la institucionalidad del país y a las decisiones judiciales".
Según esa organización, ese manto de duda "afectará el apetito futuro de nuestros agremiados y de la banca internacional en los proyectos de infraestructura, vitales para el crecimiento y la competitividad del país".
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De acuerdo con Asobancaria, los "efectos de la decisión tomada" generan incertidumbre "a pesar de que en el referido laudo el Tribunal manifiesta que reconoce los derechos de los terceros de buena fe, como son los trabajadores, proveedores y financiadores".
El pasado 6 de agosto, el tribunal conformado por los árbritos Catalina Hoyos, Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Mauricio González, determinó la nulidad absoluta del contrato entre la Concesionaria Ruta del Sol, de la cual son socios Odebrecht, Episol de Corficolombiana, y CSS Constructores, y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por los hechos de corrrupción que rodearon su adjudicación.
A raíz del laudo, el Estado debe pagar $211.273 millones. Con ese dinero, se deben saldar las obligaciones laborales ($1.448 millones), luego las deudas fiscales e impuestos ($282 millones), posteriormente los pagos a proveedores ($6.200 millones) y finalmente pagar a los bancos ($1,4 billones).
Para el pago de los $211.000 millones a favor de la concesionaria, la ANI solo debe dar $24.200 millones, pues en el fidecomiso de la concesionaria en el que se depositaron los otros pagos por las obras hay $187.000 millones. La decisión de los árbitros ha sido interprtada como muy lejana de las pretensiones de los socios, que esperban obtener unos $3,8 billones como consecuencia de la liquidación del contrato.
Antes de que se conociera la decisión del tribunal, se supo que el Ministerio de Transporte estaba negociando un acuerdo con los bancos, que supuestamente habrían estado dispuestos a renunciar a los intereses de la deuda estimada en $1,2 billones. Eso, según el Gobierno, le habría ahorrado a la Nación unos $230.000 millones.
Sin embargo, la decisión de los árbitros confirmó que el valor de esa deuda era mucho menor, lo que a la ministra de Transporte, Ángela Orozco, le ha valido críticas e incluso reclamos para que renuncie. Según Caracol Radio, la jefe de la cartera de Transporte ha manifestado que no hay razones para que los bancos dejen de prestar dinero para la construcción de infarestructura, y que ocurrió lo acordado: que la fórmula de liquidación del contrato sería definida por un tribunal de arbitramento.