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Un listado de inconformidades es el que lleva a que los transportadores se manifiesten. En la mañana del lunes decenas de vehículos se concentraron en el sector de Playón 1, sobre la entrada a Bogotá por la calle 13. En otras ciudades del país también se registran protestas. Su intención, aseguran, no es afectar el tráfico bloqueando la vía ni adelantando un plan tortuga.
En entrevista con El Espectador, la presidente ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Nidia Hernández Jiménez, explicó que buscan un espacio con el Ministerio de Transporte y Hacienda para abordar los temas que hoy les genera preocupación.
Contrario a lo que muchos piensan, no solo es el aumento en el precio del combustible lo que motiva su manifestación, sino otros elementos como la seguridad, en donde sienten que las autoridades han estado ausentes y de allí el incremento de casos como extorsiones, secuestro de vehículos y asesinato de conductores.
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Otro agravante son los bloqueos que se han presentado en las últimas semanas por cuenta de comunidades que tienen sus propios reparos con el Gobierno, a lo que se suman los derrumbes y afectaciones en la vía (como el que se presentó en la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio, el desplome del puente Los Grillos y las afectaciones que permanecen en la vía Panamericana).
Esto ha causado que un trayecto que antes podía tardar dos días ahora dure una semana, o más. También el hecho de tener que tomar vías alternas se traducen en sobrecostos de entre un 30 % y 40 %, por el combustible y peajes adicionales que se tienen que asumir.
Todo esto, para el gremio, se traduce en una amenaza para la productividad si se tiene en cuenta que el 97 % de la carga que se mueve en el país lo hace por carretera.
“Estamos en una situación muy compleja, con más de 400 bloqueos, cierres viales y una inseguridad que nos está matando. Todo esto en medio de una desaceleración de la economía”, señala Hernández.
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Finalmente está el tema del incremento del diesel que, como lo ha manifestado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, comenzará a revisarse desde noviembre, cuando la gasolina haya alcanzado el precio internacional.
Se estima que el diesel pasará de los cerca de $9.000 promedio por galón a los $16.000 en una ventana de diez meses, lo que para los transportadores se traduce en un aumento que a la larga resultará insostenible.
La única forma, aseguran, para continuar con el negocio pese al alza de los combustibles será trasladar esos costos al bolsillo de los consumidores finales, lo que se traduciría en una mayor presión a la inflación que, aunque viene desacelerando, en el país continúa sobre los dos dígitos.
Cifras manejadas por Colfecar muestran que actualmente el combustible representa un 40 % del costo operativo del transporte por carretera. Si se llega a los $16.000 por galón en el diesel este porcentaje aumentaría al 60 %.
Hay que tener en cuenta que el aumento lo ha justificado el Gobierno por el déficit que presenta el Fondo para la Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), el cual cerró 2022 en $36 billones.
Un déficit que ha venido se ha venido acrecentando en los últimos años y que si no se mitiga terminará representando un vacío fiscal impresionante para el país, de allí que se considere financieramente responsable elevar el precio del combustible para mitigarlo y permitir que los recursos que actualmente se destinan para ese subsidio se inviertan en otros componentes.
Para Colfecar esto no es así, pues el Estado podría mantener ese subsidio con las utilidades extraordinarias de Ecopetrol. Es por eso que consideran que en sus propuestas no está el de tener una tarifa congelada (como ya se le ha brindado a los taxistas), sino solidarizarse con todos los conductores (de motocicleta, vehículo particular, buses intermunicipales…) para que el combustible sea asequible.
“Esto es más un tema de falta de voluntad del Gobierno. Ecopetrol produce el 80 % del combustible, no se puede pensar que nos cobren a precio internacional”, concluye.
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