Más allá de la línea: ¿cómo se representa la ruralidad en las cifras de pobreza?

Recientemente, el DANE reveló las cifras de pobreza monetaria para el 2020, los resultados mostraron que este fue un año dramático para buena parte de la población colombiana: las cifras muestran retrocesos que nos llevan más de una década atrás. Sin embargo, los resultados también muestran otra circunstancia muy distinta: a pesar del año tan difícil, la pobreza monetaria rural cayó 5 puntos porcentuales (p. p.), lo que no ocurría desde el 2002. Estos resultados sorprendieron a muchos, pues a pesar de que era de esperarse que los efectos de la pandemia fueran menos severos en las zonas rurales y que el sector agropecuario tuvo un buen desempeño el año pasado, la reducción fue bastante atípica. Prácticamente se cerró la brecha urbano-rural en términos de pobreza monetaria.

La primera explicación que se tiene para este fenómeno son los efectos de las ayudas institucionales ordinarias y extraordinarias, que llegaron a una parte importante de la población rural. Esto permitió que los ingresos reales de los hogares rurales no cayeran como sí ocurrió en las zonas urbanas. De acuerdo con el DANE, los ingresos del quintil más bajo aumentaron en el 2020 un 7,2 %, explicados por una caída de 12 p. p. de los ingresos laborales pero contrarrestados por un aumento de 20 p. p. en cuanto al papel que jugaron las ayudas monetarias. Así mismo, es importante precisar que, en ninguno de los quintiles, los ingresos reales de los hogares rurales cayeron y que solo en el quintil de mayor ingreso, este incremento estuvo explicado en su mayoría por la categoría de otros. Sin embargo, el ingreso laboral se reduce sistemáticamente.

Ahora bien, este efecto como lo advierten Fedesarrollo y el mismo DANE en su comunicado, también se explica porque la línea de pobreza rural es mucho más baja que la urbana y la de las principales ciudades, lo que implica que las ayudas institucionales permiten, a una parte importante de hogares, superar dicho umbral. La información que alimenta esta estimación se basa en la metodología del IPC, el cual se recolecta a nivel urbano, como bien lo dice el Comunicado de los Expertos de Pobreza de 21 de mayo de 2021.

La estimación actual representa una mejora metodológica significativa por considerar la diversidad en términos de canasta a nivel de las distintas ciudades, la información sobre los precios de la canasta básica que representan los gastos de los hogares rurales proviene de las zonas urbanas de las ciudades de Mitú, Leticia, San José del Guaviare, Inírida y Puerto Carreño.

No hay ninguna duda sobre la robustez metodológica de este ajuste, sin embargo, estas ciudades en estricto sentido no representan la heterogeneidad de los territorios rurales de Colombia. Si bien son ciudades que se caracterizan por ser rurales o rurales dispersas, de acuerdo con las categorías de ruralidad, las dinámicas económicas, sociales y culturales son bastante homogéneas entre sí. La ocupación está concentrada en actividades de comercio, transporte y administración pública, donde la participación del trabajo agropecuario en el mejor de los casos llega al 10 %. De igual forma, estas ciudades presentan una estructura del mercado laboral más cercana a la urbana: con altas tasas de desempleo, mayor participación y menor inactividad.

Por otro lado, de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario del 2014, estos territorios representan el 50 % del área de bosques naturales del país y el 18,7 % de otros usos. Además, se destinan cerca de 330.000 hectáreas a cultivos, lo cual apenas representa el 5 % comparado con el total nacional y es comparable con el área de cultivos de un departamento como Córdoba o Caldas.

En cuanto a población, las proyecciones del DANE basadas en el Censo del 2018 muestran que para el 2020, las cinco ciudades sumaban cerca de 190 mil habitantes (que equivale al 1,6 % de la población rural), con una clasificación de 63,5 % en las cabeceras y el 36,5 % en centros poblados y rural disperso, lo cual contrasta con la clasificación nacional, que tiene una participación del 76 y 24 % para cada área respectivamente. Los tipos de empleos están más cercanos con servicios urbanos, la tierra no se destina a actividades agropecuarias y además se trata de territorios con una mayor concentración de la ruralidad dispersa y en el agregado poblacional representa una cifra irrisoria. La baja representación de la ruralidad detrás de la línea de pobreza hace que esta sea sensible a los cambios de precios de algunos productos de solamente cinco ciudades.

Así pues, las ciudades escogidas para determinar la línea de la pobreza monetaria rural no representan comprehensivamente las dinámicas de la ruralidad y por tanto referenciar la línea de pobreza solo a esta selección es insuficiente.

Las consecuencias de esta baja representatividad de la ruralidad agregada llevan a generalizaciones equívocas para todo el país. No es lo mismo hablar de las poblaciones dispersas que tienen poco vínculos urbano-rurales y en la cual el papel de las aglomeraciones es casi nulo, a comparar la ruralidad cercana a ciudades y territorios intermedios, que se ve fuertemente influenciada por los cambios de precios y el cambio de la demanda urbana. Mucho más, si se analiza desde una perspectiva de sistemas agroalimentarios, según la cual los cambios en los patrones de consumo afectan directamente las condiciones de los productores, los precios y los patrones de consumo.

En Colombia, los habitantes rurales son el 24 % de los habitantes del país, incluso si se adopta el criterio de categorías de ruralidad, este porcentaje llega al 36 %, sin embargo, la línea que define si son pobres o no varía de acuerdo con lo que pasa en cinco ciudades que apenas equivalen al 1,6 % del primer porcentaje. Es decir, las políticas públicas para la lucha contra la pobreza pueden estar clasificando a los pobres rurales con una vara distinta a la realidad. Eso, junto con el hecho de que la Gran Encuesta Integrada de Hogares no permite la desagregación urbano-rural a nivel departamental, es un gran obstáculo al reconocimiento de las heterogeneidades territoriales del país.

No podemos seguir pensando que la ruralidad boyacense es igual a la de Inírida. Tener un criterio justo de medida (y equivalente, además) de la pobreza rural debe ser el primer paso en el cierre de las brechas históricas de la ruralidad colombiana.

*Directora de la Iniciativa en Sistemas Agroalimentarios de la Universidad de los Andes.

**Asistente de Investigación Rimisp Colombia.

Recientemente, el DANE reveló las cifras de pobreza monetaria para el 2020, los resultados mostraron que este fue un año dramático para buena parte de la población colombiana: las cifras muestran retrocesos que nos llevan más de una década atrás. Sin embargo, los resultados también muestran otra circunstancia muy distinta: a pesar del año tan difícil, la pobreza monetaria rural cayó 5 puntos porcentuales (p. p.), lo que no ocurría desde el 2002. Estos resultados sorprendieron a muchos, pues a pesar de que era de esperarse que los efectos de la pandemia fueran menos severos en las zonas rurales y que el sector agropecuario tuvo un buen desempeño el año pasado, la reducción fue bastante atípica. Prácticamente se cerró la brecha urbano-rural en términos de pobreza monetaria.

La primera explicación que se tiene para este fenómeno son los efectos de las ayudas institucionales ordinarias y extraordinarias, que llegaron a una parte importante de la población rural. Esto permitió que los ingresos reales de los hogares rurales no cayeran como sí ocurrió en las zonas urbanas. De acuerdo con el DANE, los ingresos del quintil más bajo aumentaron en el 2020 un 7,2 %, explicados por una caída de 12 p. p. de los ingresos laborales pero contrarrestados por un aumento de 20 p. p. en cuanto al papel que jugaron las ayudas monetarias. Así mismo, es importante precisar que, en ninguno de los quintiles, los ingresos reales de los hogares rurales cayeron y que solo en el quintil de mayor ingreso, este incremento estuvo explicado en su mayoría por la categoría de otros. Sin embargo, el ingreso laboral se reduce sistemáticamente.

Ahora bien, este efecto como lo advierten Fedesarrollo y el mismo DANE en su comunicado, también se explica porque la línea de pobreza rural es mucho más baja que la urbana y la de las principales ciudades, lo que implica que las ayudas institucionales permiten, a una parte importante de hogares, superar dicho umbral. La información que alimenta esta estimación se basa en la metodología del IPC, el cual se recolecta a nivel urbano, como bien lo dice el Comunicado de los Expertos de Pobreza de 21 de mayo de 2021.

La estimación actual representa una mejora metodológica significativa por considerar la diversidad en términos de canasta a nivel de las distintas ciudades, la información sobre los precios de la canasta básica que representan los gastos de los hogares rurales proviene de las zonas urbanas de las ciudades de Mitú, Leticia, San José del Guaviare, Inírida y Puerto Carreño.

No hay ninguna duda sobre la robustez metodológica de este ajuste, sin embargo, estas ciudades en estricto sentido no representan la heterogeneidad de los territorios rurales de Colombia. Si bien son ciudades que se caracterizan por ser rurales o rurales dispersas, de acuerdo con las categorías de ruralidad, las dinámicas económicas, sociales y culturales son bastante homogéneas entre sí. La ocupación está concentrada en actividades de comercio, transporte y administración pública, donde la participación del trabajo agropecuario en el mejor de los casos llega al 10 %. De igual forma, estas ciudades presentan una estructura del mercado laboral más cercana a la urbana: con altas tasas de desempleo, mayor participación y menor inactividad.

Por otro lado, de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario del 2014, estos territorios representan el 50 % del área de bosques naturales del país y el 18,7 % de otros usos. Además, se destinan cerca de 330.000 hectáreas a cultivos, lo cual apenas representa el 5 % comparado con el total nacional y es comparable con el área de cultivos de un departamento como Córdoba o Caldas.

En cuanto a población, las proyecciones del DANE basadas en el Censo del 2018 muestran que para el 2020, las cinco ciudades sumaban cerca de 190 mil habitantes (que equivale al 1,6 % de la población rural), con una clasificación de 63,5 % en las cabeceras y el 36,5 % en centros poblados y rural disperso, lo cual contrasta con la clasificación nacional, que tiene una participación del 76 y 24 % para cada área respectivamente. Los tipos de empleos están más cercanos con servicios urbanos, la tierra no se destina a actividades agropecuarias y además se trata de territorios con una mayor concentración de la ruralidad dispersa y en el agregado poblacional representa una cifra irrisoria. La baja representación de la ruralidad detrás de la línea de pobreza hace que esta sea sensible a los cambios de precios de algunos productos de solamente cinco ciudades.

Así pues, las ciudades escogidas para determinar la línea de la pobreza monetaria rural no representan comprehensivamente las dinámicas de la ruralidad y por tanto referenciar la línea de pobreza solo a esta selección es insuficiente.

Las consecuencias de esta baja representatividad de la ruralidad agregada llevan a generalizaciones equívocas para todo el país. No es lo mismo hablar de las poblaciones dispersas que tienen poco vínculos urbano-rurales y en la cual el papel de las aglomeraciones es casi nulo, a comparar la ruralidad cercana a ciudades y territorios intermedios, que se ve fuertemente influenciada por los cambios de precios y el cambio de la demanda urbana. Mucho más, si se analiza desde una perspectiva de sistemas agroalimentarios, según la cual los cambios en los patrones de consumo afectan directamente las condiciones de los productores, los precios y los patrones de consumo.

En Colombia, los habitantes rurales son el 24 % de los habitantes del país, incluso si se adopta el criterio de categorías de ruralidad, este porcentaje llega al 36 %, sin embargo, la línea que define si son pobres o no varía de acuerdo con lo que pasa en cinco ciudades que apenas equivalen al 1,6 % del primer porcentaje. Es decir, las políticas públicas para la lucha contra la pobreza pueden estar clasificando a los pobres rurales con una vara distinta a la realidad. Eso, junto con el hecho de que la Gran Encuesta Integrada de Hogares no permite la desagregación urbano-rural a nivel departamental, es un gran obstáculo al reconocimiento de las heterogeneidades territoriales del país.

No podemos seguir pensando que la ruralidad boyacense es igual a la de Inírida. Tener un criterio justo de medida (y equivalente, además) de la pobreza rural debe ser el primer paso en el cierre de las brechas históricas de la ruralidad colombiana.

*Directora de la Iniciativa en Sistemas Agroalimentarios de la Universidad de los Andes.

**Asistente de Investigación Rimisp Colombia.