Más de 170 puentes del país requieren intervención inmediata: Contraloría
La entidad, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, emitió una alerta sobre el estado de algunas obras de infraestructura del país.
La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre el estado de algunas obras de infraestructura en el país, tanto de las vías concesionadas a carga de la ANI, como de las que están a cargo del Invías, pues afectan la conectividad y el acceso a servicios básicos.
La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) ha desarrollado y operado modelos de monitoreo especializado para identificar riesgos y anomalías en obras públicas desde 2020. De acuerdo con la entidad, “estos modelos han emitido 1.647 alertas, involucrando recursos por $71.8 billones, de los cuales $6.2 billones corresponden a 287 alertas emitidas en 2024″.
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Según la Diari, las principales inconsistencias están relacionadas con un avance físico significativamente menor al programado, suspensiones prolongadas que duplican el plazo contractual y diferencias marcadas entre los avances físicos y financieros de los contratos.
Los proyectos más afectados son infraestructura vial (19,81 %), vivienda (17,73 %), centros educativos (17,67 %) y acueductos y alcantarillados (13,50 %).
“Las alertas reflejan fallas en la planeación, ejecución, puesta en servicio y seguimiento de los contratos, lo que deriva en obras demoradas e inconclusas y costos adicionales que afectan significativamente a las Comunidades beneficiarias de las mismas”, agregó la entidad.
Por ejemplo, el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, diseñado para intervenir 33.102 km de vías rurales terciarias en 26 departamentos y que tiene una inversión estimada de 8 billones de dólares, presenta un avance físico muy por debajo del cronograma establecido.
De acuerdo con la entidad, los departamentos de Boyacá (con 4), Atlántico (3), Bolívar (3) y Risaralda (3) presentan el mayor número de proyectos suspendidos, mientras que Nariño, Atlántico y Magdalena enfrentan las prórrogas más largas.
“Estas situaciones afectan a las comunidades beneficiarias que, en muchos casos, son los propios ejecutores de las obras. Además, retrasarán la debida conectividad de las zonas rurales donde se ubican, e incrementarán los costos de las obras, en muchos casos disminuyendo su alcance”, afirmó la Contraloría.
En cuanto a los proyectos de agua potable y saneamiento básico, el 64 % de estas obras han requerido reformulaciones debido a fallas en los estudios iniciales. Esta situación, según explica la Contraloría, ha generado incrementos promedio del 28 % en costos totales y tiempos de finalización extendidos entre 2 y 5 años.
Sobre los puentes la Diari alertó que el 30 % carecen de pólizas de seguro, lo que agrava los riesgos para su mantenimiento. La entidad también ha emitido alertas sobre 173 estructuras prioritarias que requieren intervención inmediata, “advirtiendo que su deterioro pone en peligro la seguridad de los ciudadanos y la conectividad regional”.
Finalmente, la Contraloría recordó que el Decreto 050 de 2023, que congeló las tarifas de peaje, ha generado un impacto financiero significativo en los proyectos de concesión vial y en las finanzas públicas.
Durante 2023, se generó una obligación contractual de compensar a los concesionarios por valor de $610.000 millones y para el año 2024 podría alcanzar los $440.000 millones, “lo cual se incrementará si próximamente no se realiza el ajuste pendiente del 4,64 % de 2023 y si no se garantiza el ajuste oportuno correspondiente al 2024″.
La entidad hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las entidades responsables para fortalecer los lineamientos normativos y técnicos, asignar recursos adecuados, mejorar la supervisión y revisar las políticas tarifarias de pesos.
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La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre el estado de algunas obras de infraestructura en el país, tanto de las vías concesionadas a carga de la ANI, como de las que están a cargo del Invías, pues afectan la conectividad y el acceso a servicios básicos.
La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) ha desarrollado y operado modelos de monitoreo especializado para identificar riesgos y anomalías en obras públicas desde 2020. De acuerdo con la entidad, “estos modelos han emitido 1.647 alertas, involucrando recursos por $71.8 billones, de los cuales $6.2 billones corresponden a 287 alertas emitidas en 2024″.
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Según la Diari, las principales inconsistencias están relacionadas con un avance físico significativamente menor al programado, suspensiones prolongadas que duplican el plazo contractual y diferencias marcadas entre los avances físicos y financieros de los contratos.
Los proyectos más afectados son infraestructura vial (19,81 %), vivienda (17,73 %), centros educativos (17,67 %) y acueductos y alcantarillados (13,50 %).
“Las alertas reflejan fallas en la planeación, ejecución, puesta en servicio y seguimiento de los contratos, lo que deriva en obras demoradas e inconclusas y costos adicionales que afectan significativamente a las Comunidades beneficiarias de las mismas”, agregó la entidad.
Por ejemplo, el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, diseñado para intervenir 33.102 km de vías rurales terciarias en 26 departamentos y que tiene una inversión estimada de 8 billones de dólares, presenta un avance físico muy por debajo del cronograma establecido.
De acuerdo con la entidad, los departamentos de Boyacá (con 4), Atlántico (3), Bolívar (3) y Risaralda (3) presentan el mayor número de proyectos suspendidos, mientras que Nariño, Atlántico y Magdalena enfrentan las prórrogas más largas.
“Estas situaciones afectan a las comunidades beneficiarias que, en muchos casos, son los propios ejecutores de las obras. Además, retrasarán la debida conectividad de las zonas rurales donde se ubican, e incrementarán los costos de las obras, en muchos casos disminuyendo su alcance”, afirmó la Contraloría.
En cuanto a los proyectos de agua potable y saneamiento básico, el 64 % de estas obras han requerido reformulaciones debido a fallas en los estudios iniciales. Esta situación, según explica la Contraloría, ha generado incrementos promedio del 28 % en costos totales y tiempos de finalización extendidos entre 2 y 5 años.
Sobre los puentes la Diari alertó que el 30 % carecen de pólizas de seguro, lo que agrava los riesgos para su mantenimiento. La entidad también ha emitido alertas sobre 173 estructuras prioritarias que requieren intervención inmediata, “advirtiendo que su deterioro pone en peligro la seguridad de los ciudadanos y la conectividad regional”.
Finalmente, la Contraloría recordó que el Decreto 050 de 2023, que congeló las tarifas de peaje, ha generado un impacto financiero significativo en los proyectos de concesión vial y en las finanzas públicas.
Durante 2023, se generó una obligación contractual de compensar a los concesionarios por valor de $610.000 millones y para el año 2024 podría alcanzar los $440.000 millones, “lo cual se incrementará si próximamente no se realiza el ajuste pendiente del 4,64 % de 2023 y si no se garantiza el ajuste oportuno correspondiente al 2024″.
La entidad hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las entidades responsables para fortalecer los lineamientos normativos y técnicos, asignar recursos adecuados, mejorar la supervisión y revisar las políticas tarifarias de pesos.
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