![Llevarles electricidad a los más de 430.000 colombianos que no la tienen puede costar algo más de $8 billones, dijo José David Insuasti, director del IPSE.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/GVSBLHY7YVCNFBHYAQXKXBUPS4.webp?auth=4ead8c8d3af6a388594274fd4c662905eb2dffbaf3ca1c858b8adb2466c810fd&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
El 3% de los colombianos que vive en el 52% del territorio nacional no está interconectado al sistema regular de energía del cual se beneficia el 97% de los nacionales que goza del servicio de electricidad en sus hogares. En las zonas interconectadas los colombianos disponen del servicio de energía a través de combustibles fósiles. Actualmente, hay 222.000 familias con servicio de energía parcial y de esta cantidad, por lo menos más de 160.000 sólo dispone del servicio por cuatro horas diarias.
Sin embargo, lo más grave es que en las zonas no interconectadas aún persisten más de 430.000 familias sin la posibilidad del servicio de electricidad a ninguna hora, advirtió José David Insuasti, director del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE).
Este gobierno se comprometió a energizar 100.000 nuevos usuarios para bajar esa cifra a 400.000. Pero hasta el momento solo ha sido posible llevar energía a 63.000 nuevos hogares, admitió Insuasti.
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El director del IPSE sostuvo que de este total de personas que no cuentan con el servicio de electricidad, existe la posibilidad de llevarles energía a 130.000 familias, mientras que para las familias restantes es muy costoso suministrarles energía por que viven en un territorio muy disperso.
Esta es la población objetivo del del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas, dijo su director. “A esas (familias) es se enfoca en cómo llevarles energía a través de paneles solares individuales o con micro redes”, dijo.
Llevarles energía a un nuevo usuario le está costando al país cerca de $20 millones. Eso quiere decir que suministrar energía a los más de 430 mil que aún no la tienen demandaría recursos por $8 billones.
Insuasti recordó que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al cual se comprometió el Estado colombiano, es la universalización del servicio de energía al año 2030. “El Estado, al comprometerse con este acuerdo internacional, tiene una obligación superior al gobierno, o sea es una política de largo plazo, y debe cumplirse hacia 2030″, dijo el director del IPSE.
En los últimos ocho años, hasta 2018, no entraron más de 40.000 nuevos usuarios a gozar del servicio de energía eléctrica. Ante la falta de recursos el ministerio de Minas y Energía ha buscado acercamiento con el sector privado buscando una solución a este problema. “Hemos mandado diversos mensajes regulatorios”, dijo el director del IPSE.
Se ha permitido a los operadores de red ofrecer soluciones fotovoltaicas a los usuarios a través del mecanismo que se llama concepto de redes virtuales. En el momento, la mayoría de las empresas afiliadas a EPM están “mapeando” a los usuarios buscan establecer un diagnóstico.
Esas soluciones no pueden ser prestadas por las electrificadoras regionales pues no está claro que estas empresas, la mayoría de propiedad del gobierno nacional, pudieran operar fuera de la red. Además, no había un modelo tarifario que remunerara a los usuarios atendidos bajo esa modalidad.
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Los subsidios de energía eléctrica que benefician a los colombianos de los estratos 1,2 y 3, tienen un costo aproximado a los $2,5 millones anuales. De esta cantidad, menos de $200.000 millones benefician a los colombianos de las zonas no interconectadas. Insuasti explicó que sale más caro subsidiar las zonas no interconectadas debido a que hay un componente de subsidio a la generación que se traslada en la compra de combustible para mantener las plantas operando.