Mercado eléctrico colapsaría si Electricaribe incumple: Contraloría

Una serie de incertidumbres y amenazas fue la que encontró la Contraloría General de la República al realizar un análisis a la empresa prestadora del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en la Costa Caribe colombiana, Electricaribe. Lea también: 890.000 usuarios de Electricaribe serán compensados con $20.000

Por ejemplo, la entidad encontró varios indicadores de la compañía en niveles preocupanm como las pérdidas de energía, ya que el promedio que logró establecerse hasta septiembre del presente año es del 22.58% en la prestación del servicio mensual.

A lo anterior se suman los inconvenientes financieros que tiene Electricaribe, ya que se ha podido comprobar una cifra creciente en lo relacionado a su déficit de caja.

Además, se pudo evidenciar una baja en la disponibilidad y confiablidad del servicio, que se mide con una serie de variables, entre ellas el Tiempo Total Promedio de Interrupción por Usuario (SAIDI, por sus siglas en inglés), que presentó un crecimiento de 90.84 puntos para consolidarse en 99.37. El incremento de esta cifra muestra que la cantidad de interrupciones en el servicio creció, en relación con el número total de usuarios a los que atiende la empresa. 

Lo mismo sucedió con otra variables conocida como Frecuencia Media de Interrupción por Usuario (SAIFI, por sus siglas en inglés), que también demostró un incremento, pasando de 93.23 a 100.33.

Según la Contraloría, el déficit de caja de esta empresa podría llegar a los $35.000 millones a diciembre del presente año. Para la entidad resulta preocupante la posibilidad que esta cifra alcance los $138.000 millones para febrero del 2018. Un crecimiento de más de $100.000 millones en tan solo dos meses.

Hay que recordar que no siempre un déficit de caja significa un problema para las empresas, ya que este puede ser mitigado por medio de financiamiento externo. No obstante, la Contraloría dejó en claro que el rango de pago que tiene Electricaribe desde su tesorería se estima entre el 30% y 65. (Lea "Contraloría abre indagación a Electricaribe por aparente uso indebido de subsidios")

“Al momento de ser intervenida, Electricaribe quedó debiendo $3.098 millones, siendo su mayor acreencia con los proveedores financieros, bancos, que suman $1.8 billones; le siguen el pasivo pensional, que contablemente está calculado en $698.000 millones; luego la deuda con proveedores de bienes y servicios con $350.00 millones; y finalmente la acreencia con los generadores de energía con $250.000 millones”, detalló la Contraloría.

Según la entidad de control, si Electricaribe deja de pagar a los generadores habrá un colapso en el mercado eléctrico del sector, ya que la empresa representa el 22% de las transacciones de energía. También aseguró que en noviembre la empresa recibirá menos ingresos por concepto de seguros.

Otra de las acciones que ha hecho la Contraloría es revisar millones de facturas generadas por Electricaribe desde el segundo semestre de 2011, en las que se encontraron irregularidades que afectan a cerca de 600.000 usuarios de escasos recursos.

Una serie de incertidumbres y amenazas fue la que encontró la Contraloría General de la República al realizar un análisis a la empresa prestadora del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en la Costa Caribe colombiana, Electricaribe. Lea también: 890.000 usuarios de Electricaribe serán compensados con $20.000

Por ejemplo, la entidad encontró varios indicadores de la compañía en niveles preocupanm como las pérdidas de energía, ya que el promedio que logró establecerse hasta septiembre del presente año es del 22.58% en la prestación del servicio mensual.

A lo anterior se suman los inconvenientes financieros que tiene Electricaribe, ya que se ha podido comprobar una cifra creciente en lo relacionado a su déficit de caja.

Además, se pudo evidenciar una baja en la disponibilidad y confiablidad del servicio, que se mide con una serie de variables, entre ellas el Tiempo Total Promedio de Interrupción por Usuario (SAIDI, por sus siglas en inglés), que presentó un crecimiento de 90.84 puntos para consolidarse en 99.37. El incremento de esta cifra muestra que la cantidad de interrupciones en el servicio creció, en relación con el número total de usuarios a los que atiende la empresa. 

Lo mismo sucedió con otra variables conocida como Frecuencia Media de Interrupción por Usuario (SAIFI, por sus siglas en inglés), que también demostró un incremento, pasando de 93.23 a 100.33.

Según la Contraloría, el déficit de caja de esta empresa podría llegar a los $35.000 millones a diciembre del presente año. Para la entidad resulta preocupante la posibilidad que esta cifra alcance los $138.000 millones para febrero del 2018. Un crecimiento de más de $100.000 millones en tan solo dos meses.

Hay que recordar que no siempre un déficit de caja significa un problema para las empresas, ya que este puede ser mitigado por medio de financiamiento externo. No obstante, la Contraloría dejó en claro que el rango de pago que tiene Electricaribe desde su tesorería se estima entre el 30% y 65. (Lea "Contraloría abre indagación a Electricaribe por aparente uso indebido de subsidios")

“Al momento de ser intervenida, Electricaribe quedó debiendo $3.098 millones, siendo su mayor acreencia con los proveedores financieros, bancos, que suman $1.8 billones; le siguen el pasivo pensional, que contablemente está calculado en $698.000 millones; luego la deuda con proveedores de bienes y servicios con $350.00 millones; y finalmente la acreencia con los generadores de energía con $250.000 millones”, detalló la Contraloría.

Según la entidad de control, si Electricaribe deja de pagar a los generadores habrá un colapso en el mercado eléctrico del sector, ya que la empresa representa el 22% de las transacciones de energía. También aseguró que en noviembre la empresa recibirá menos ingresos por concepto de seguros.

Otra de las acciones que ha hecho la Contraloría es revisar millones de facturas generadas por Electricaribe desde el segundo semestre de 2011, en las que se encontraron irregularidades que afectan a cerca de 600.000 usuarios de escasos recursos.