La mesa de negociación entre el Gobierno y el gremio de transportadores sigue estancada. El Gobierno insiste en mantener el decreto que incrementa el precio del ACPM en $1.904, mientras que los transportadores exigen su derogación para poner fin a la protesta a nivel nacional.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que no era cierto que se hayan hecho unas mesas con quienes no representaban a los gremios, “otra cosa es que no represente a todo el gremio, y entonces, aquí están los demás”. Aseguró que fueron 13 mesas de diálogo, incluyendo a Fedetranscarga, liderado por Henry Cárdenas, en que se acordó:
- Plan reposición, en que se acordó que en el plan de financiamiento se extiende la exención de IVA este tema.
- Claridad en el SICE-TAC, donde hubo debate sobre con quiénes se están hablando los contratos de carga y el pago de fletes. En general, la estructura de costos.
- Relación entre generadores de carga y transportistas, y hasta dónde la Superintendencia de Transporte tendría control.
Ahora bien, en la mesa de negociación del día de hoy, los gremios se enfocaron en que solo mediante la derogación del decreto se interrumpirá el paro. Alegaron que el Gobierno espera usar el sector de “caja menor” para sanear las finanzas.
Según Minhacienda, se sabe que el diésel impacta en los costos del transporte, y de acuerdo en el impacto de los fletes, el cálculo es que afectará la inflación en 0,29 % a 0,3 %. “El día que se decidieron congelar los precios el 1 de enero de 2020, se generó el gran hueco en el fondo”, dijo, y agregó que Ecopetrol, que importa diésel al precio internacional, lo coloca en el mercado al mismo precio.
En respuesta, Nidia Hernández, líder del gremio Colfecar, señaló que en las mesas de diálogo el enfoque fue el ACPM. “De esas 12 mesas, 13 fueron el ACPM: y allí buscábamos un cambio en la fórmula”.
“Un subsidio es cuando uno paga por debajo del costo de un producto: nosotros pagamos por debajo de lo que se quiere ganar Ecopetrol a un precio internacional, si exportara”. Además, mencionó que, dado que la producción es nacional, no se debería comprar a precio externo.
Según la líder, “el poder dominante impone los fletes”. Señaló que mientras el precio de la gasolina subió 68 %, al menos el ACPM se mantuvo estable, y el objetivo es mantenerlo hasta que cambien las condiciones económicas.
Los gremios apuntan que el país es un pequeño productor de combustible capaz de autoabastecerse. Si Colombia importa 3% del diésel que se consume es por una decisión comercial de las Carboneras de la costa atlántica, mencionaron.
Lo que se ve “desaprovechado” en función de la competitividad del sector empresarial para competir en mercados nacionales e internacionales. Y en caso de que el decreto siga en pie, el ingreso de los transportadores seguirá cayendo. “Nuestros competidores están siendo más competitivos por esta decisión”, aseguran.
Señalan que 70% la demanda de transporte en Colombia está en crisis, está en negativo, y por ello, plantean en la mesa la reformulación de la política de precios en materia de diésel: ajustarlo en función del ciclo económico. Para los agremiados, el transporte terrestre sigue estancado o en negativo porque hay un problema de generación de carga y de pasajeros.
¿Finalmente qué dijeron los gremios?
Los transportadores señalan que el aumento del ACPM es válido, pero que debería ser gradual.
¿En qué avanza la negociación?
El Gobierno coincide en la suspensión de los incrementos futuros y, aunque entiende la necesidad de los agremiados en modificar el decreto actual para que sea gradual, falta la propuesta del cómo se aplicaría. “Cambiemos la palabra derogar por modificar, en el fondo es lo mismo”, dice la ministra de Transporte, María Constanza García. “Quisiéramos avanzar en una propuesta real”.
Por ahora, el ministro Bonilla mencionó que se podría modificar la resolución si se aclara la gradualidad. “Hacemos una modificación de la resolución en términos de que hacemos un ajuste al 30 de agosto, como existe, lo dividimos, un ajuste el 30 de agosto y otra el 1 de enero”, sugirió.
Eso sí, los transportadores aseguran que están dispuestos a asumir una carga impositiva si cambian las condiciones económicas.
La postura del Gobierno
El ministro Bonilla mencionó que el precio lleva 56 meses congelados, “y la pregunta es a qué precio le tenemos que pagar a Ecopetrol los combustibles”, dice, y agrega que la petrolera cobra a un precio, y la diferencia de este valor, es el subsidio al transporte. “Ese subsidio es el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)”, dijo. Según el ministro, la inflación ha bajado más de 600 puntos “a pesar de que se ajustó el precio de la gasolina”.
El aumento de $1.904, dijo, viene de una cifra que no era totalmente el ajuste, pero que permite acoplar los fletes. “Por lo pronto, esa es la única alza que se está considerando, y las otras son futuras y no se sabe cuándo ni cómo sean, y depende del desarrollo de estas mesas para ir trabajando el paquete completo”.
La defensora del pueblo, Iris Martínez, hizo un llamado a escuchar ambas partes para que sea un diálogo constructivo. En esto coincidió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien señaló que la confianza en ambas partes y la escucha en doble vía serviría en la negociación.
Ministra @Maria_Constanz_ entrega balance de la mesa de diálogo con transportadores, donde el Gobierno propone suspender incrementos adicionales e invita a representantes a plantear alternativas de su parte. pic.twitter.com/z1bYNRyhCX
— MinTransporte (@MinTransporteCo) September 4, 2024
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