Millonaria multa contra los azucareros

Cinco años de investigaciones, indagaciones, entrevistas, cotejos y pesquisas fueron necesarios para que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), después de encontrar las pruebas necesarias y suficientes, tomara la decisión de imponer sanciones por $320.000 millones contra Asocaña, Ciamsa (CI Azúcares y Mineles), Dicsa (Desarrollos Industriales y Comerciales), Manuelita, Riopaila Castilla, Central Tumaco y los ingenios del Cauca, Providencia, La Cabaña, Pichichi, Risaralda, Carlos Sarmiento - Ingenio San Carlos, Carmelita y María Luisa.

La razón: cartelización empresarial con la que durante varios años protagonizaron una conducta concertada, continuada y coordinada para obstruir importaciones de azúcar de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica con destino a Colombia. Manifiesta la SIC que los altos directivos de estas organizaciones colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron y toleraron dicha conducta anticompetitiva.

Pero, ¿qué encontró en detalle el superintendente delegado para la Protección de la Competencia? “Los ingenios investigados han actuado coordinadamente y se han comportado en el mercado, en algunos casos, como un bloque, eliminando la competencia”. Dice también que “se identificó que históricamente ha existido una preocupación constante por parte de los investigados, en relación con el azúcar proveniente de países con capacidad para exportar dicho producto hacia Colombia, lo cual ven como una amenaza”.

Esto último con un agravante: “Para contrarrestar la amenaza que suponía para sus intereses la entrada al país de azúcar proveniente del exterior, los investigados concibieron y ejecutaron deliberadamente una estrategia anticompetitiva, ilegal, encaminada a bloquear importaciones de azúcar a Colombia en general, para evitar que aumentara la oferta y disminuyera el precio interno que pagan los consumidores y la industria”.

Y, para sumar, la SIC encontró que era evidente “el interés de los investigados por asegurar y mantener el control sobre los excedentes de azúcar de los principales ingenios de la región para que no pudieran ser exportados a Colombia. Para este propósito, los investigados concibieron varias estrategias, incluso, la creación de empresas para adquirir excedentes regionales y evitar que éstos llegasen a Colombia”.

¿Quién los denunció?

Todo comenzó en 2010, cuando representantes de la Asociación de Agroindustriales del Bocadillo Veleño, Comestibles San Antonio, Coca-Cola Femsa, Bavaria, Coca-Cola Industria Nacional de Gaseosas, Aje Colombia, Nestlé de Colombia, Bimbo de Colombia, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Galletas Noel, Meals de Colombia S. A. y Casa Luker denunciaron la obstrucción de las importaciones del azúcar, que es una materia prima esencial para sus negocios.

Precisamente, en una entrevista publicada el 13 de junio por El Espectador, John A. Santa María Otazua, director general de Femsa, organización que produce y embotella Coca-Cola, Sprite, Fanta y jugos Del Valle, advirtió que el azúcar era muy caro en Colombia. “Yo no veo el precio del azúcar mexicano subiendo al ritmo de la devaluación del peso mexicano. Tampoco veo esa tendencia en Brasil. Este es el único país donde uno se pregunta: ¿qué pasó aquí? Siendo su tierra y su mano de obra local, se comportan como si estuvieran dolarizados. Entiendo que sí es más atractivo, exportan, pero a cuestas del consumidor local. Y eso nos fuerza a tomar decisiones como subir el precio (de la Coca-Cola), pero no quisiéramos”.

Pocas horas después de que se supo la decisión de la SIC, Néstor Humberto Martínez, exministro de la Presidencia y, actualmente, representante de los ingenios azucareros del Valle del Cauca, aseguró que la sanción es una medida sin precedentes que “condena a muerte al sector azucarero”.

Entre tanto, Pablo Cáceres, el apoderado de Asocaña, declaró de falsas las acusaciones de la SIC argumentando que las importaciones del endulzante nunca se obstruyeron y que en la investigación no se mencionaron las importaciones procedentes de Guatemala y El Salvador, “por lo cual es abiertamente ilegal una sanción sobre hechos que no figuran en la investigación”, dijo.

Pese a que la Superintendencia aseguró que la multa de $320.000 millones que se impuso a los ingenios no supera el 7% de sus ingresos operacionales anuales ni el 7% de su patrimonio, Martínez dijo que equivale a las utilidades de todos los ingenios de 2013 y 2014, y la mitad de las de 2012. Agregó que hay pruebas que, por ejemplo, desvirtúan el hecho de que desde Costa Rica se hubiera limitado las importaciones del alimento.

Al tiempo, otro de los multados, Riopaila Castilla, envió un comunicado en el que afirmó que nunca ha participado en acuerdos o acciones para impedir las importaciones de azúcar. “Es de resaltar que el presidente y representante legal de Riopaila Castilla, Djalma Teixeira de Lima Filho, así como su antecesor Alfonso Ocampo Gaviria, fueron exonerados de todos los cargos”, dijo la empresa. Aun así, Riopaila recibió la segunda multa más alta, de más de $40.000 millones.

Cinco años de investigaciones, indagaciones, entrevistas, cotejos y pesquisas fueron necesarios para que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), después de encontrar las pruebas necesarias y suficientes, tomara la decisión de imponer sanciones por $320.000 millones contra Asocaña, Ciamsa (CI Azúcares y Mineles), Dicsa (Desarrollos Industriales y Comerciales), Manuelita, Riopaila Castilla, Central Tumaco y los ingenios del Cauca, Providencia, La Cabaña, Pichichi, Risaralda, Carlos Sarmiento - Ingenio San Carlos, Carmelita y María Luisa.

La razón: cartelización empresarial con la que durante varios años protagonizaron una conducta concertada, continuada y coordinada para obstruir importaciones de azúcar de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica con destino a Colombia. Manifiesta la SIC que los altos directivos de estas organizaciones colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron y toleraron dicha conducta anticompetitiva.

Pero, ¿qué encontró en detalle el superintendente delegado para la Protección de la Competencia? “Los ingenios investigados han actuado coordinadamente y se han comportado en el mercado, en algunos casos, como un bloque, eliminando la competencia”. Dice también que “se identificó que históricamente ha existido una preocupación constante por parte de los investigados, en relación con el azúcar proveniente de países con capacidad para exportar dicho producto hacia Colombia, lo cual ven como una amenaza”.

Esto último con un agravante: “Para contrarrestar la amenaza que suponía para sus intereses la entrada al país de azúcar proveniente del exterior, los investigados concibieron y ejecutaron deliberadamente una estrategia anticompetitiva, ilegal, encaminada a bloquear importaciones de azúcar a Colombia en general, para evitar que aumentara la oferta y disminuyera el precio interno que pagan los consumidores y la industria”.

Y, para sumar, la SIC encontró que era evidente “el interés de los investigados por asegurar y mantener el control sobre los excedentes de azúcar de los principales ingenios de la región para que no pudieran ser exportados a Colombia. Para este propósito, los investigados concibieron varias estrategias, incluso, la creación de empresas para adquirir excedentes regionales y evitar que éstos llegasen a Colombia”.

¿Quién los denunció?

Todo comenzó en 2010, cuando representantes de la Asociación de Agroindustriales del Bocadillo Veleño, Comestibles San Antonio, Coca-Cola Femsa, Bavaria, Coca-Cola Industria Nacional de Gaseosas, Aje Colombia, Nestlé de Colombia, Bimbo de Colombia, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Galletas Noel, Meals de Colombia S. A. y Casa Luker denunciaron la obstrucción de las importaciones del azúcar, que es una materia prima esencial para sus negocios.

Precisamente, en una entrevista publicada el 13 de junio por El Espectador, John A. Santa María Otazua, director general de Femsa, organización que produce y embotella Coca-Cola, Sprite, Fanta y jugos Del Valle, advirtió que el azúcar era muy caro en Colombia. “Yo no veo el precio del azúcar mexicano subiendo al ritmo de la devaluación del peso mexicano. Tampoco veo esa tendencia en Brasil. Este es el único país donde uno se pregunta: ¿qué pasó aquí? Siendo su tierra y su mano de obra local, se comportan como si estuvieran dolarizados. Entiendo que sí es más atractivo, exportan, pero a cuestas del consumidor local. Y eso nos fuerza a tomar decisiones como subir el precio (de la Coca-Cola), pero no quisiéramos”.

Pocas horas después de que se supo la decisión de la SIC, Néstor Humberto Martínez, exministro de la Presidencia y, actualmente, representante de los ingenios azucareros del Valle del Cauca, aseguró que la sanción es una medida sin precedentes que “condena a muerte al sector azucarero”.

Entre tanto, Pablo Cáceres, el apoderado de Asocaña, declaró de falsas las acusaciones de la SIC argumentando que las importaciones del endulzante nunca se obstruyeron y que en la investigación no se mencionaron las importaciones procedentes de Guatemala y El Salvador, “por lo cual es abiertamente ilegal una sanción sobre hechos que no figuran en la investigación”, dijo.

Pese a que la Superintendencia aseguró que la multa de $320.000 millones que se impuso a los ingenios no supera el 7% de sus ingresos operacionales anuales ni el 7% de su patrimonio, Martínez dijo que equivale a las utilidades de todos los ingenios de 2013 y 2014, y la mitad de las de 2012. Agregó que hay pruebas que, por ejemplo, desvirtúan el hecho de que desde Costa Rica se hubiera limitado las importaciones del alimento.

Al tiempo, otro de los multados, Riopaila Castilla, envió un comunicado en el que afirmó que nunca ha participado en acuerdos o acciones para impedir las importaciones de azúcar. “Es de resaltar que el presidente y representante legal de Riopaila Castilla, Djalma Teixeira de Lima Filho, así como su antecesor Alfonso Ocampo Gaviria, fueron exonerados de todos los cargos”, dijo la empresa. Aun así, Riopaila recibió la segunda multa más alta, de más de $40.000 millones.