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La minería colombiana va a ser explorada en todas las dimensiones en el congreso de la Asociación Colombiana de Minería (ACM). La inseguridad jurídica será el tema central de análisis, además de la explotación ilegal que está afectando esta actividad importante para impulsar la economía del país.
El presidente de la ACM, Santiago Ángel Urdinola, considera que el campanazo de alerta que dio Anglo Gold Ashanti suspendiendo labores en La Colosa, en Cajamarca, debe llamar a reflexionar sobre la necesidad de reglamentar las consultas populares.
La situación que se ha presentado con Anglo Gold Ashanti, ¿cómo va a repercutir en el sector de la minería?
Veníamos hablando y previendo desde tiempo atrás que el tema de certeza jurídica iba a afectar a las inversiones. Era previsible que en algún momento los inversionistas sintieran el impacto sobre sus inversiones y eso era algo que habíamos advertido de tiempo atrás. No en este caso (Anglo), sino en muchos otros donde precisamente se podrían dar diferentes factores, como compañías que dejaran congelados sus proyectos.
¿Qué información tiene la ACM sobre empresas y montos de posible inversión que se han frenado por la decisión de Anglo?
Tenemos alguna información de las empresas, pero muy confidencial, sobre sus proyectos. Sí hay un número de empresas que han tomado la decisión de aplazar proyectos o nuevas inversiones. Sí se ha visto decisiones por ese caso. Lo que pasa es que, a raíz de la certeza jurídica, se ha levantado un capítulo nuevo de preocupación en el país.
¿Qué cifras maneja la Asociación?
La cifra más exacta es con la inversión extranjera directa. En años anteriores teníamos una cifra cercana a los US$2.500 millones y el año pasado tuvimos una inversión extranjera bastante baja, casi de cero.
¿Qué debe hacerse para reactivar la inversión, sobre todo con el manejo de las consultas populares?
Yo he insistido en que se necesita una ley de la República para reglamentar el tema. Las consultas populares son un mecanismo de participación ciudadana y no de ordenamiento territorial.
¿La decisión de Anglo fue un campanazo de alerta?
Yo creo que, más que la decisión de Anglo, es que hay más de 10 departamentos con consultas populares para todos los sectores, no sólo minería, también hidrocarburos y energía eléctrica. El campanazo ya venía en cuanto a que las consultas populares tienen que tener unas reglas de juego bastante claras, porque hay un debate jurídico que no se ha zanjado todavía.
En minería ilegal, ¿cuál va a ser el tratamiento que esperan?
Lo de la minería ilegal tiene un proyecto de ley en el Congreso. Ahí hay una hoja de ruta bastante sensata desde el punto de vista penal y a la vez se tiene que reformar y fortalecer todo el tema de formalización. La industria minera sigue comprometida con la formalización de verdaderos mineros con vocación minera. Usted tiene que mirar las dos herramientas: la de la zanahoria, que es toda la política de la formalización, y la del garrote, que es la que se está discutiendo en el Congreso.
¿Hay temores de que en las zonas de La Colosa y Santurbán aparezca ese tipo de minera ilegal y las regiones se queden sin el pan y sin el queso?
Eso es cierto. Hay una historia de la industria que a mí no me tocó. Hace 20 años, en Ataco (Tolima), una compañía minera trató de hacer una intervención, pero la licencia ambiental le fue negada por factores políticos. Quince años después, hay que ver lo que pasó en esa región: la minería ilegal se tomó ese río.
¿Qué recursos maneja la minería ilegal por la explotación de minerales?
Hicimos un cálculo de que si el país reportaba dos millones de onzas de oro extraídas al año y en la industria minera formal eran 300.000 onzas, lo demás entraba de forma complicada. Lo del barequeo es una muy pequeña proporción, porque pensar que esta actividad produce cinco o seis veces lo que produce la gran industria no es cierto.
¿Siguen mirando con interés a Colombia, a pesar de los problemas que se han presentado en la minería?
Sí. Colombia siempre despierta interés, sobre todo porque la geología colombiana es la segunda mejor del continente, después de la del Perú.
¿Cómo es calificada la seguridad jurídica del país?
La seguridad jurídica ha tenido un descenso gigantesco. Nosotros éramos un país que estaba catalogado como de atractivo alto y medio alto de inversión. Hoy en día somos medio. Es decir, la seguridad jurídica nos ha causado un lastre que nos ha hecho perder posiciones.