Minería ilegal del oro le compite al narcotráfico

La explotación ilegal de minerales como el oro está compitiendo en terreno e importancia con el narcotráfico en ciertos lugares de Colombia.

El Gobierno ha declarado una guerra sin cuartel para frenar el auge de esta actividad ilegal que deja millonarias utilidades a los grupos criminales. En las zonas de mayor incidencia de esta práctica hacen presencia grupos como el Eln, miembros del clan del Golfo y disidencias de las Farc.

Para contrarrestar el crecimiento de la actividad ilícita en la extracción de minerales, hace cerca de dos años fue creada la Brigada contra la Minería Ilegal, del Ejército. Su radio de operaciones se localiza en Antioquia, uno de los lugares de mayor impacto de esta actividad, el Chocó y Nariño. Otras regiones afectadas son Valle del Cauca, Cauca, Córdoba, el sur de Bolívar y otros departamentos que empiezan a sentir el rigor de este fenómeno, como Putumayo, Amazonas y una parte del Vichada. “En estos momentos tenemos 152 municipios afectados por minería ilegal”, dijo el coronel Carlos Alberto Montenegro, comandante de esta unidad.

Lea también: Minería ilegal, ¿con los días contados?

Los empresarios mineros admiten que el Gobierno ha hecho esfuerzos para controlar la explotación ilegal, aunque achacan al Congreso de la República no hacer los esfuerzos suficientes para aprobar la ley de minería ilegal.

El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel Urdinola, destacó que los controles a la minería ilegal se han comenzado a reflejar en las exportaciones de oro del país. “En este cuatrienio se hicieron esfuerzos para controlar la minería ilegal”, afirmó.

A las autoridades les preocupa el crecimiento de la explotación ilícita del oro, pese a que hay otros minerales que entran en la cadena de lo ilícito, pero que no registran cifras significativas.

“Un kilo de clorhidrato de cocaína está en unos $6 millones y un kilo de oro entre $130 millones y $140 millones. Es mucho más rentable y mucho más fácil de producir”, indicó el coronel Montenegro. Después de haber sido extraído el oro de la mina, la comercialización se hace mucho más rápida, mientras que el narcotráfico “en toda su cadena, desde la siembra a la producción, está en la ilegalidad”, añadió el oficial. Cálculos oficiales muestran que 60 % del oro exportado en 2017 salió de manera ilegal.

En la lucha para diezmar la explotación ilegal de minerales, el año pasado fueron destruidas por lo menos 500 máquinas excavadoras y 300 dragas. En total, la destrucción de la maquinaria de los grupos criminales puede costar alrededor de $490.000 millones. “La inversión inicial que hacen estas personas es fuerte, pero puede estar sacando uno o dos kilos mensuales de oro”, dijo Montenegro.

La minería ilegal también deja a su paso una gran destrucción en el entorno ambiental, que resulta mucho más difícil de cuantificar y regular por la misma naturaleza de la actividad. Los ríos, por ejemplo, son duramente impactados por la minería tipo aluvión, en donde las dragas producen un gran sedimento de tierra, haciendo que las corrientes hídricas se explayen hasta llegar al punto de secarlas. Este es un escenario que se ha visto en el Chocó con algunos afluentes del río Atrato, como el río Quito, que lucha por sobrevivir, también afectado por la presencia del mercurio. A cielo abierto, las excavadoras hacen una gran devastación de los bosques para mover volúmenes grandes de tierras, y el tercer procedimiento de destrucción es la minería de socavón o subterránea, en donde es normal el tráfico de explosivos.

Regalías y demandas

La minería ilegal es uno de los nubarrones que los empresarios mineros perciben en el horizonte. El otro tiene que ver con el régimen de regalías, un tema que sigue generando inquietud en el sector. Edgardo Maya Villazón, contralor general, calificó de fracaso el nuevo modelo de las regalías. “El Sistema General de Regalías entregó, en la práctica, una chequera en blanco a las entidades territoriales, permitiendo que los recursos deriven fácilmente hacia la esfera del clientelismo y la corrupción”, dijo el funcionario.

Maya Villazón recordó que los recursos de regalías se han fragmentado en proyectos de bajo impacto. Unos 12.000 proyectos aprobados entre 2015 y 2017, por cerca de $30,5 billones, y un promedio por proyecto de $2,5 millones, constituyen un indicador alto de atomización.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el nuevo sistema de regalías ha fortalecido la capacidad de ahorro del país. Destacó que hay US$3.700 millones ahorrados en el exterior que sirven de colchón ante una caída estruendosa de los precios de los minerales y de los hidrocarburos. En el reciente congreso de la Asociación Colombiana de Minería se advirtió sobre la necesidad de una urgente reforma a las regalías.

La explotación ilegal de minerales como el oro está compitiendo en terreno e importancia con el narcotráfico en ciertos lugares de Colombia.

El Gobierno ha declarado una guerra sin cuartel para frenar el auge de esta actividad ilegal que deja millonarias utilidades a los grupos criminales. En las zonas de mayor incidencia de esta práctica hacen presencia grupos como el Eln, miembros del clan del Golfo y disidencias de las Farc.

Para contrarrestar el crecimiento de la actividad ilícita en la extracción de minerales, hace cerca de dos años fue creada la Brigada contra la Minería Ilegal, del Ejército. Su radio de operaciones se localiza en Antioquia, uno de los lugares de mayor impacto de esta actividad, el Chocó y Nariño. Otras regiones afectadas son Valle del Cauca, Cauca, Córdoba, el sur de Bolívar y otros departamentos que empiezan a sentir el rigor de este fenómeno, como Putumayo, Amazonas y una parte del Vichada. “En estos momentos tenemos 152 municipios afectados por minería ilegal”, dijo el coronel Carlos Alberto Montenegro, comandante de esta unidad.

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Los empresarios mineros admiten que el Gobierno ha hecho esfuerzos para controlar la explotación ilegal, aunque achacan al Congreso de la República no hacer los esfuerzos suficientes para aprobar la ley de minería ilegal.

El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel Urdinola, destacó que los controles a la minería ilegal se han comenzado a reflejar en las exportaciones de oro del país. “En este cuatrienio se hicieron esfuerzos para controlar la minería ilegal”, afirmó.

A las autoridades les preocupa el crecimiento de la explotación ilícita del oro, pese a que hay otros minerales que entran en la cadena de lo ilícito, pero que no registran cifras significativas.

“Un kilo de clorhidrato de cocaína está en unos $6 millones y un kilo de oro entre $130 millones y $140 millones. Es mucho más rentable y mucho más fácil de producir”, indicó el coronel Montenegro. Después de haber sido extraído el oro de la mina, la comercialización se hace mucho más rápida, mientras que el narcotráfico “en toda su cadena, desde la siembra a la producción, está en la ilegalidad”, añadió el oficial. Cálculos oficiales muestran que 60 % del oro exportado en 2017 salió de manera ilegal.

En la lucha para diezmar la explotación ilegal de minerales, el año pasado fueron destruidas por lo menos 500 máquinas excavadoras y 300 dragas. En total, la destrucción de la maquinaria de los grupos criminales puede costar alrededor de $490.000 millones. “La inversión inicial que hacen estas personas es fuerte, pero puede estar sacando uno o dos kilos mensuales de oro”, dijo Montenegro.

La minería ilegal también deja a su paso una gran destrucción en el entorno ambiental, que resulta mucho más difícil de cuantificar y regular por la misma naturaleza de la actividad. Los ríos, por ejemplo, son duramente impactados por la minería tipo aluvión, en donde las dragas producen un gran sedimento de tierra, haciendo que las corrientes hídricas se explayen hasta llegar al punto de secarlas. Este es un escenario que se ha visto en el Chocó con algunos afluentes del río Atrato, como el río Quito, que lucha por sobrevivir, también afectado por la presencia del mercurio. A cielo abierto, las excavadoras hacen una gran devastación de los bosques para mover volúmenes grandes de tierras, y el tercer procedimiento de destrucción es la minería de socavón o subterránea, en donde es normal el tráfico de explosivos.

Regalías y demandas

La minería ilegal es uno de los nubarrones que los empresarios mineros perciben en el horizonte. El otro tiene que ver con el régimen de regalías, un tema que sigue generando inquietud en el sector. Edgardo Maya Villazón, contralor general, calificó de fracaso el nuevo modelo de las regalías. “El Sistema General de Regalías entregó, en la práctica, una chequera en blanco a las entidades territoriales, permitiendo que los recursos deriven fácilmente hacia la esfera del clientelismo y la corrupción”, dijo el funcionario.

Maya Villazón recordó que los recursos de regalías se han fragmentado en proyectos de bajo impacto. Unos 12.000 proyectos aprobados entre 2015 y 2017, por cerca de $30,5 billones, y un promedio por proyecto de $2,5 millones, constituyen un indicador alto de atomización.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el nuevo sistema de regalías ha fortalecido la capacidad de ahorro del país. Destacó que hay US$3.700 millones ahorrados en el exterior que sirven de colchón ante una caída estruendosa de los precios de los minerales y de los hidrocarburos. En el reciente congreso de la Asociación Colombiana de Minería se advirtió sobre la necesidad de una urgente reforma a las regalías.