Minería ilegal se está tragando a Buriticá

El occidente de Antioquia es uno de los ejemplos de las dificultades que tiene Colombia vencer la minería ilegal. La situación del municipio de Buriticá es cada vez más incontrolable: la actividad ha sido cooptada por grupos al margen de la ley, especialmente el clan Úsuga, que ahora declaró objetivo militar a varios ejecutivos de Continental Gold.

La situación es preocupante porque este proyecto aurífero promete duplicar la producción agregada del país, que hoy supera las 80 toneladas anuales, el 63 % de las cuales es producto de una actividad que no paga impuestos ni cumple con los estándares ambientales exigidos.

Si bien el Gobierno ha manifestado su preocupación por este fenómeno, la realidad, lejos de los escritorios, es que los avances son todavía incipientes, y Buriticá es un ejemplo de ello. El clan Úsuga produce cerca de 70.000 onzas anuales de oro, mientras Continental, el único titular minero de la zona, apenas llega a 6.000.

Una fuente del sector que pidió no ser nombrada explicó que “allí hay una situación muy difícil porque las autoridades han estado cooptadas, el alcalde está en la cárcel, lo capturaron en diciembre, el secretario de Gobierno está en la cárcel y hace poco un ejecutivo de la empresa fue capturado”.

La participación de actores como el clan Úsuga en esta actividad ha tenido un efecto perverso en la industria legal. De acuerdo con la Brújula Minera, la encuesta anual sobre percepción del sector, más del 60 % de las personas consideran que su vida sería mejor sin la explotación minera, pero este rechazo no es contra la actividad misma sino contra la reducción de beneficios económicos y los efectos de la minería ilegal.

Según Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional y rector de la Universidad Externado, “las bandas criminales se han apoderado del multimillonario negocio de la minería y eso está significando que más o menos el 60 % de la actividad es ilegal. Hay unos 300 puntos en Colombia de minería ilegal ligados a las bandas criminales”.

En ese contexto, la empresa invertirá US$400 millones en la construcción de la mina subterránea más grande del país y aprovechará uno de los depósitos más importantes de América Latina con unos recursos que superan los diez millones de onzas y un tenor de 10 gramos de oro por tonelada.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que, además de la inacción de las autoridades, se ha presentado “cierta indiferencia de las directivas de la empresa para resolver ese problema de invasiones”, en referencia a las minas que funcionan ilegalmente en las inmediaciones de la concesión de Continental Gold.

Y es que esa invasión y el dominio de los grupos al margen de la ley han generado, además, la llegada de más de 8.000 personas de otros municipios en busca de trabajo, a lo cual se suma el uso de mercurio de manera indiscriminada, el coctel perfecto para una crisis socioambiental, que, aunque reconocida por las autoridades, no ha sido atendida.

Entre tanto, el mandatario regional cuestionó la decisión del Gobierno de esperar hasta julio de 2018 para prohibir el uso de mercurio para la explotación de oro, sobre todo en Antioquia, donde se usan cerca de cien toneladas del químico anualmente, convirtiendo a Buriticá en una de las zonas más contaminadas del mundo.

Aunque ningún vocero de Continental Gold quiso referirse a la situación de Buriticá, representantes del gremio le dijeron a este medio que la empresa ha radicado, cuando menos, 200 amparos administrativos en los que pide a las autoridades atender la emergencia en la zona.

El occidente de Antioquia es uno de los ejemplos de las dificultades que tiene Colombia vencer la minería ilegal. La situación del municipio de Buriticá es cada vez más incontrolable: la actividad ha sido cooptada por grupos al margen de la ley, especialmente el clan Úsuga, que ahora declaró objetivo militar a varios ejecutivos de Continental Gold.

La situación es preocupante porque este proyecto aurífero promete duplicar la producción agregada del país, que hoy supera las 80 toneladas anuales, el 63 % de las cuales es producto de una actividad que no paga impuestos ni cumple con los estándares ambientales exigidos.

Si bien el Gobierno ha manifestado su preocupación por este fenómeno, la realidad, lejos de los escritorios, es que los avances son todavía incipientes, y Buriticá es un ejemplo de ello. El clan Úsuga produce cerca de 70.000 onzas anuales de oro, mientras Continental, el único titular minero de la zona, apenas llega a 6.000.

Una fuente del sector que pidió no ser nombrada explicó que “allí hay una situación muy difícil porque las autoridades han estado cooptadas, el alcalde está en la cárcel, lo capturaron en diciembre, el secretario de Gobierno está en la cárcel y hace poco un ejecutivo de la empresa fue capturado”.

La participación de actores como el clan Úsuga en esta actividad ha tenido un efecto perverso en la industria legal. De acuerdo con la Brújula Minera, la encuesta anual sobre percepción del sector, más del 60 % de las personas consideran que su vida sería mejor sin la explotación minera, pero este rechazo no es contra la actividad misma sino contra la reducción de beneficios económicos y los efectos de la minería ilegal.

Según Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional y rector de la Universidad Externado, “las bandas criminales se han apoderado del multimillonario negocio de la minería y eso está significando que más o menos el 60 % de la actividad es ilegal. Hay unos 300 puntos en Colombia de minería ilegal ligados a las bandas criminales”.

En ese contexto, la empresa invertirá US$400 millones en la construcción de la mina subterránea más grande del país y aprovechará uno de los depósitos más importantes de América Latina con unos recursos que superan los diez millones de onzas y un tenor de 10 gramos de oro por tonelada.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que, además de la inacción de las autoridades, se ha presentado “cierta indiferencia de las directivas de la empresa para resolver ese problema de invasiones”, en referencia a las minas que funcionan ilegalmente en las inmediaciones de la concesión de Continental Gold.

Y es que esa invasión y el dominio de los grupos al margen de la ley han generado, además, la llegada de más de 8.000 personas de otros municipios en busca de trabajo, a lo cual se suma el uso de mercurio de manera indiscriminada, el coctel perfecto para una crisis socioambiental, que, aunque reconocida por las autoridades, no ha sido atendida.

Entre tanto, el mandatario regional cuestionó la decisión del Gobierno de esperar hasta julio de 2018 para prohibir el uso de mercurio para la explotación de oro, sobre todo en Antioquia, donde se usan cerca de cien toneladas del químico anualmente, convirtiendo a Buriticá en una de las zonas más contaminadas del mundo.

Aunque ningún vocero de Continental Gold quiso referirse a la situación de Buriticá, representantes del gremio le dijeron a este medio que la empresa ha radicado, cuando menos, 200 amparos administrativos en los que pide a las autoridades atender la emergencia en la zona.