Minería: ¿seguridad jurídica o soberanía?

La delimitación de los páramos en Colombia está saldando una deuda histórica con el medioambiente, pero también está abriendo un limbo jurídico para las empresas que ya tenían concesiones con licencias ambientales en esas zonas estratégicas.

A la demarcación del páramo de Santurbán se sumaron esta semana otros ocho ecosistemas, y el Gobierno espera que al finalizar el año los otros 27 sistemas de alta montaña tengan definidos sus límites para protegerlos de la extracción minera y de hidrocarburos, tras la decisión de la Corte Constitucional de que, ni siquiera antes de su prohibición en 2010, debe haber proyectos en estas zonas estratégicas. Pero el Gobierno lo había permitido hasta que vencieran los contratos, justamente para evitar desgastes jurídicos.

Según la Agencia Nacional de Minería (ANM), existen más de 475 títulos —286 en explotación— que se traslapan con 28 páramos, en una superficie de 127.000 hectáreas. Dichas concesiones pertenecen a cerca de 100 empresas y 300 personas naturales, quienes, a medida que se delimiten los páramos, tendrán que frenar sus actividades.

Eco Oro, antes Greystar, empresa canadiense que desde hace veinte años adelanta el proyecto minero de Angostura, en el páramo de Santurbán, prendió la primera chispa. Hace un par de semanas, ignorando las competencias del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería, dirigió una carta al presidente Juan Manuel Santos, en la que le notificó la intención de iniciar formalmente un proceso de acuerdo amistoso, invocando los artículos pactados en el tratado de libre comercio con Canadá que protegen jurídicamente a las empresas extrajeras.

De llegar a darse, las partes tendrán que sentarse, en un período no mayor a seis meses, a definir cómo podría Eco Oro desarrollar el proyecto de Angostura sin afectar el páramo. De no encontrar puntos en común, dijo la empresa, llevaría el caso a un tribunal de arbitramento internacional para definir si se violó algún derecho de la empresa o si, por el contrario, el Estado actuó de conformidad con lo pactado en el acuerdo bilateral.

“Hemos invertido US$250 millones, llevamos veinte años sacando el proyecto adelante y la idea es avanzar en esa meta, obviamente respetando el medioambiente, el páramo. Yo también vi Magia salvaje (película) y todos somos conscientes de que este es un ecosistema que tenemos que cuidar, pero eso no implica que la minería no se pueda hacer. Hay compatibilidades, y eso es lo que estamos buscando”, señaló Mark Moseley-Williams, presidente de Eco Oro.

Por esta razón, el Gobierno se debate entre empezar a apagar la locomotora minera que anunció con entusiasmo en 2010 o buscar soluciones para que estos empresarios puedan realizar sus proyectos mineros sin afectar los ecosistemas. ¿Cómo va a actuar frente a los títulos que se solapan con los parámos? ¿Por qué hizo concesiones dentro de los ecosistemas? ¿Qué tan viable es que un tribunal internacional ponga en jaque la autonomía del país?

El ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, ya lo ratificó: se cumplirá a rajatabla la sentencia de la Corte Constitucional de erradicar la minería existente en páramos y evitar que se otorguen nuevos títulos dentro de ellos.

“A partir de las resoluciones que firmé de la delimitación de páramos, en el tema minero y de hidrocarburos, las licencias ambientales, de acuerdo con los límites, dejan de tener vigencia. Y se está trabajando con el Ministerio de Minas para tomar la decisión frente a los títulos vigentes para darlos por terminados con base en la sentencia de la Corte Constitucional”.

En todo caso, dijo que las empresas están en el derecho de hacer la reclamación que cada una considere, si creen que se han vulnerado sus derechos. No obstante, “estamos acatando una decisión de la Corte”.

La otra pregunta que entra al debate es: ¿por qué el Gobierno hizo concesiones dentro de los ecosistemas?

Primero, porque tácitamente sólo se prohibió a través de un artículo del Plan de Desarrollo 2010-2014, aunque se hizo la salvedad de que las empresas que antes de 2010 tuvieran concesiones con licencia ambiental podrían explotar en páramos hasta la caducidad del contrato. No obstante, eso fue lo que el alto tribunal contrarió.

De acuerdo con el excontralor delegado para asuntos ambientales Mauricio Cabrera, en varias ocasiones advirtió, como asesor del Ministerio de Medio Ambiente, que expedir títulos en esas zonas iba a dar lugar a problemas jurídicos en el futuro.

“Después, en 2013, desde la Contraloría General se hizo una función de advertencia porque ese año el Gobierno reabrió el catastro minero. Dijimos que era inapropiado, que no estaban dadas las condiciones para volver a otorgar títulos mineros en el país. Sin embargo, ocurrió”.

Es decir, el problema que el Ejecutivo quiso evitar hace seis años acaba de reaparecer con la advertencia de Eco Oro. Sin embargo, esta no es la única alerta que tendrá que enfrentar el Estado colombiano. Cosigo Resources y Tobie Mining and Energy ya están exigiendo una indemnización por US$16.500 millones. Las firmas argumentan que con la declaratoria del parque nacional natural del resguardo Yaigojé-Apaporis, en 2007, sus derechos a la explotación fueron revocados ilegalmente, violando el TLC con Estados Unidos.

Ana Carolina González, experta en proyectos de desarrollo e investigación sobre gobernanza y políticas públicas del sector minero-energético, fijó su posición: “Este tema es delicado, porque la posición que asuma el Estado va a ser determinante para la actuación de las demás empresas. Esto no está pasando sólo en Colombia: si mira en El Salvador, también hay una demanda de una minera contra el Estado. Pasa lo mismo en Ecuador con la Oxy. Están usando estos mecanismos de arbitramento, lo que me parece complicado porque pasan por encima de la soberanía de los estados. Los tratados existen para que haya seguridad jurídica, que es importante, pero hay derechos que están por encima de ese derecho. ¿Qué está primero: lo que firmó el Estado con otro o lo que la población decida sobre su territorio?”.

Así las cosas, aunque ya se había advertido que expedir títulos en esas zonas iba a ser un generador de problemas jurídicos, el excontralor cree que el país está blindado porque no pueden obligarlo a explotar en una zona que se considera de alta biodiversidad y de altos servicios ambientales. No obstante, va a haber un desgaste administrativo que, según él, podría favorecer a Colombia, aunque existe riesgo por el precedente de lo que ocurrió recientemente en La Haya en el diferendo limítrofe con Nicaragua.

Lo que está en juego no es de poca monta. Colombia posee el 50% de los páramos del mundo, ecosistemas con los que sólo cuentan seis países de América Latina y que generan el 70% del vital líquido del país. Esta semana, el Ministerio de Comercio, a cargo de estos casos, ya anunció que dará a conocer la posición oficial del Gobierno y entonces se sabrá cuál será el futuro de las empresas que tienen títulos en 28 páramos del país.}

Las cifras

La delimitación de los páramos en Colombia está saldando una deuda histórica con el medioambiente, pero también está abriendo un limbo jurídico para las empresas que ya tenían concesiones con licencias ambientales en esas zonas estratégicas.

A la demarcación del páramo de Santurbán se sumaron esta semana otros ocho ecosistemas, y el Gobierno espera que al finalizar el año los otros 27 sistemas de alta montaña tengan definidos sus límites para protegerlos de la extracción minera y de hidrocarburos, tras la decisión de la Corte Constitucional de que, ni siquiera antes de su prohibición en 2010, debe haber proyectos en estas zonas estratégicas. Pero el Gobierno lo había permitido hasta que vencieran los contratos, justamente para evitar desgastes jurídicos.

Según la Agencia Nacional de Minería (ANM), existen más de 475 títulos —286 en explotación— que se traslapan con 28 páramos, en una superficie de 127.000 hectáreas. Dichas concesiones pertenecen a cerca de 100 empresas y 300 personas naturales, quienes, a medida que se delimiten los páramos, tendrán que frenar sus actividades.

Eco Oro, antes Greystar, empresa canadiense que desde hace veinte años adelanta el proyecto minero de Angostura, en el páramo de Santurbán, prendió la primera chispa. Hace un par de semanas, ignorando las competencias del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería, dirigió una carta al presidente Juan Manuel Santos, en la que le notificó la intención de iniciar formalmente un proceso de acuerdo amistoso, invocando los artículos pactados en el tratado de libre comercio con Canadá que protegen jurídicamente a las empresas extrajeras.

De llegar a darse, las partes tendrán que sentarse, en un período no mayor a seis meses, a definir cómo podría Eco Oro desarrollar el proyecto de Angostura sin afectar el páramo. De no encontrar puntos en común, dijo la empresa, llevaría el caso a un tribunal de arbitramento internacional para definir si se violó algún derecho de la empresa o si, por el contrario, el Estado actuó de conformidad con lo pactado en el acuerdo bilateral.

“Hemos invertido US$250 millones, llevamos veinte años sacando el proyecto adelante y la idea es avanzar en esa meta, obviamente respetando el medioambiente, el páramo. Yo también vi Magia salvaje (película) y todos somos conscientes de que este es un ecosistema que tenemos que cuidar, pero eso no implica que la minería no se pueda hacer. Hay compatibilidades, y eso es lo que estamos buscando”, señaló Mark Moseley-Williams, presidente de Eco Oro.

Por esta razón, el Gobierno se debate entre empezar a apagar la locomotora minera que anunció con entusiasmo en 2010 o buscar soluciones para que estos empresarios puedan realizar sus proyectos mineros sin afectar los ecosistemas. ¿Cómo va a actuar frente a los títulos que se solapan con los parámos? ¿Por qué hizo concesiones dentro de los ecosistemas? ¿Qué tan viable es que un tribunal internacional ponga en jaque la autonomía del país?

El ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, ya lo ratificó: se cumplirá a rajatabla la sentencia de la Corte Constitucional de erradicar la minería existente en páramos y evitar que se otorguen nuevos títulos dentro de ellos.

“A partir de las resoluciones que firmé de la delimitación de páramos, en el tema minero y de hidrocarburos, las licencias ambientales, de acuerdo con los límites, dejan de tener vigencia. Y se está trabajando con el Ministerio de Minas para tomar la decisión frente a los títulos vigentes para darlos por terminados con base en la sentencia de la Corte Constitucional”.

En todo caso, dijo que las empresas están en el derecho de hacer la reclamación que cada una considere, si creen que se han vulnerado sus derechos. No obstante, “estamos acatando una decisión de la Corte”.

La otra pregunta que entra al debate es: ¿por qué el Gobierno hizo concesiones dentro de los ecosistemas?

Primero, porque tácitamente sólo se prohibió a través de un artículo del Plan de Desarrollo 2010-2014, aunque se hizo la salvedad de que las empresas que antes de 2010 tuvieran concesiones con licencia ambiental podrían explotar en páramos hasta la caducidad del contrato. No obstante, eso fue lo que el alto tribunal contrarió.

De acuerdo con el excontralor delegado para asuntos ambientales Mauricio Cabrera, en varias ocasiones advirtió, como asesor del Ministerio de Medio Ambiente, que expedir títulos en esas zonas iba a dar lugar a problemas jurídicos en el futuro.

“Después, en 2013, desde la Contraloría General se hizo una función de advertencia porque ese año el Gobierno reabrió el catastro minero. Dijimos que era inapropiado, que no estaban dadas las condiciones para volver a otorgar títulos mineros en el país. Sin embargo, ocurrió”.

Es decir, el problema que el Ejecutivo quiso evitar hace seis años acaba de reaparecer con la advertencia de Eco Oro. Sin embargo, esta no es la única alerta que tendrá que enfrentar el Estado colombiano. Cosigo Resources y Tobie Mining and Energy ya están exigiendo una indemnización por US$16.500 millones. Las firmas argumentan que con la declaratoria del parque nacional natural del resguardo Yaigojé-Apaporis, en 2007, sus derechos a la explotación fueron revocados ilegalmente, violando el TLC con Estados Unidos.

Ana Carolina González, experta en proyectos de desarrollo e investigación sobre gobernanza y políticas públicas del sector minero-energético, fijó su posición: “Este tema es delicado, porque la posición que asuma el Estado va a ser determinante para la actuación de las demás empresas. Esto no está pasando sólo en Colombia: si mira en El Salvador, también hay una demanda de una minera contra el Estado. Pasa lo mismo en Ecuador con la Oxy. Están usando estos mecanismos de arbitramento, lo que me parece complicado porque pasan por encima de la soberanía de los estados. Los tratados existen para que haya seguridad jurídica, que es importante, pero hay derechos que están por encima de ese derecho. ¿Qué está primero: lo que firmó el Estado con otro o lo que la población decida sobre su territorio?”.

Así las cosas, aunque ya se había advertido que expedir títulos en esas zonas iba a ser un generador de problemas jurídicos, el excontralor cree que el país está blindado porque no pueden obligarlo a explotar en una zona que se considera de alta biodiversidad y de altos servicios ambientales. No obstante, va a haber un desgaste administrativo que, según él, podría favorecer a Colombia, aunque existe riesgo por el precedente de lo que ocurrió recientemente en La Haya en el diferendo limítrofe con Nicaragua.

Lo que está en juego no es de poca monta. Colombia posee el 50% de los páramos del mundo, ecosistemas con los que sólo cuentan seis países de América Latina y que generan el 70% del vital líquido del país. Esta semana, el Ministerio de Comercio, a cargo de estos casos, ya anunció que dará a conocer la posición oficial del Gobierno y entonces se sabrá cuál será el futuro de las empresas que tienen títulos en 28 páramos del país.}

Las cifras