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Este martes, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, informó que se radicará ante el Congreso una ley de ampliación del cupo de deuda. El jefe de la cartera explicó que el Gobierno le está pagando un crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI), pero que con el pago de esas cuotas no se libera cupo.
“Pagamos la primera de ocho cuotas con el FMI, US$622,2 millones, de un crédito que recibió el Gobierno durante la pandemia por US$5.400 millones, pero que tiene ventajas y desventajas: la ventaja, el crédito es barato, la desventaja, no califica en el cupo de endeudamiento que tiene aprobado el Gobierno. Pagamos el crédito, pero no amplía el cupo”, afirmó Bonilla.
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De acuerdo con el ministro, que hizo el anuncio durante un debate de control político en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, se dará toda la discusión necesaria para poder ampliar el cupo de la deuda. El proyecto contemplará una ampliación del presupuesto de US$17.600 millones para las vigencias fiscales de 2024, 2025 y 2026.
“Para ser realistas, tenemos que plantear la alternativa de ampliar el cupo de endeudamiento”, agregó Bonilla. También aseguró que el país no se va a endeudar más, sino que esta medida permitirá manejar “la actividad crediticia”, considerando que se está pagando una deuda que no abre cupo.
Los analistas y centros de pensamiento han cuestionado los cálculos del Gobierno. Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explica que en la actualización del Plan Financiero se estableció que el déficit fiscal proyectado para 2024 sería del 5,3 % del PIB, principalmente por el comportamiento del ciclo petrolero y la desaceleración económica que permiten que, de acuerdo con la Regla Fiscal, el déficit fiscal sea mayor.
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Como el déficit es mayor, los gastos serán más altos que los ingresos, de ahí que tiene sentido que el endeudamiento aumente.
Para Pardo, el problema no es el aumento del cupo de endeudamiento, sino los cálculos que está haciendo el Gobierno para argumentar la cifra de déficit fiscal. “Aun con los cálculos del 4,2 % del PIB (la proyección inicial) se estaba contando con unos ingresos de arbitraje de litigios que difícilmente se van a materializar. A la larga, puede que el déficit a fin de año sea aún más alto que el 5,3 % que proyecta el Gobierno, por lo tanto, el endeudamiento puede ser aún mayor”.
De acuerdo con ANIF, si bien se está cumpliendo con la regla fiscal (según los cálculos oficiales), el Gobierno se verá obligado a “financiar deuda con más deuda futura e imponer restricciones fiscales”.
En este punto, la mayor preocupación de los analistas en torno al Plan Financiero es que, considerando el poco margen de maniobra, podría quedar en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal.
Otras claves de la intervención de Bonilla
El ministro hizo dos aclaraciones clave. La primera es que el Gobierno se está “tomando con calma” la decisión de incrementar el precio del diésel para seguir cerrando la brecha del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, considerando las implicaciones para el transporte masivo y el transporte de carga. “Lo vamos a tomar con más calma, pero el déficit del diésel puede terminar en $10 billones que se siguen pagando el presupuesto general”.
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La segunda es que el país no ha cerrado la producción de petróleo y gas. “Ecopetrol se volvió a colocar en la senda de buscar la meta del millón de barriles de petróleo diarios, que solo se ha conseguido dos veces, en dos momentos en la historia colombiana”. Agregó que Ecopetrol tuvo un buen año en 2023, “el segundo mejor de su historia, después de 2022″.
La petrolera, según Bonilla, le entrega a la nación recursos por regalías, utilidades e impuestos, que pueden llegar a los $40 billones.
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