Mínimo vital de agua, un debate que renace en medio de la pandemia

Cuando el aislamiento obligatorio fue un hecho, el presidente Iván Duque lanzó un aguacero de medidas que, según él, ayudarían a millones de personas vulnerables en Colombia y serían una garantía para evitar la propagación del nuevo coronavirus, conocido como SARS-CoV-2. Quizás una de las más importantes fue la reconexión del servicio de agua a los hogares que no pagaron sus últimas facturas. (Lee también: Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones)

“Se hará reconexión del servicio de agua, gratuitamente y por una única vez, a cerca de un millón de personas que lo tenían desconectado por falta de pago, para que durante la emergencia sanitaria tengan acceso al preciado líquido. Esto lo haremos, además, con otro principio: la aplicación del congelamiento de la tarifa de agua durante la vigencia de la emergencia sanitaria”, anunció en su momento el primer mandatario.

La necesaria decisión fue aplaudida, pero la cifra quedó suspendida en el aire sin mayor eco. En Colombia hay un millón de personas que, según la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), se traducen en 206.000 familias que no accedían al agua por no tener cómo pagarla. De esa cifra, según la CRA, la reconexión se concentró en los estratos uno y dos, con 46 % y 26 %, respectivamente.

Aunque el Gobierno dijo que no se cobrará la reconexión, también dejó claro que no asumiría los costos del consumo de los estratos más vulnerables en medio de la pandemia. En caso de que no tengan cómo pagarlo, las empresas prestadoras del servicio les permitirán a estas familias diferirlo a 36 cuotas sin intereses.

Esa noticia no cayó del todo bien y le dio paso a un debate sobre si hay una obligación del Estado de asumir estos costos, principalmente para quienes viven de trabajos informales y no pueden salir a buscar su sustento. Mandatarios como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y algunos expertos tuvieron que morderse la lengua después de que el presidente rechazara su propuesta. Lo cierto es que detrás de esas posturas volvió a emerger un debate que había perdido fuerza: la necesidad de establecer un mínimo vital de agua.

“Este es el momento ideal para volver a pensar en la importancia de garantizar este derecho que, como nos podemos dar cuenta, es vital, sobre todo en medio de una pandemia”, dice Hugo Escobar, abogado, académico y autor del libro El derecho fundamental del agua. Según Escobar, esto refleja una realidad innegable que, con frecuencia, se evade o menosprecia: “Sin agua no hay vida humana. Su acceso constituye entonces un elemento esencial mínimo”. Además, su existencia está ligada a otros derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, la vivienda, la dignidad humana y hasta el libre desarrollo de la personalidad.

En medio de la crisis sanitaria, destaca el académico, es un imperativo teniendo en cuenta que las principales medidas para hacerle frente al virus son el aislamiento y lavarse las manos con frecuencia. Esta preocupación, dice, es más latente en las zonas rurales, donde hay una infraestructura precaria, la cobertura es deficiente y el 27 % de la población aún no puede acceder al agua potable.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, el 14 % del país no tiene cobertura de acueducto. La mejor cifra se registra en Bogotá, con el 99,5 % de cobertura, frente a Guainía y Chocó, en los últimos lugares, con 21,9 y 28,5 %, respectivamente. En cuanto a alcantarillado, cerca del 23 % del país no cuenta con este servicio. Vichada está en el último puesto, con apenas el 6 % de cobertura.

Para Escobar, de acuerdo con varias decisiones judiciales de la Corte Constitucional, el Estado debe garantizar condiciones de vida digna y promover acciones para nivelar las desigualdades económicas y sociales. Pero eso no sucede con respecto al agua. La pandemia ha sido solo una excepción y aún así no se garantiza el mínimo vital, pues las familias tendrán que pagar el servicio y refinanciar sus deudas.

El jurista recuerda la sentencia 740 de 2011 de la Corte, sobre una tutela que interpuso María Isabel Ortiz, antioqueña de 54 años, quien no pudo pagar su deuda con el acueducto. Ella y sus hijos, ambos menores de edad, pertenecían en ese entonces al Sisbén 1 y no tenían ingresos, pues Ortiz padecía una enfermedad que no le permitía trabajar. Tras la interrupción del servicio, para sobrevivir, tuvo que utilizar el agua de un charco que quedaba a veinte minutos de su casa.

Tras revisar su expediente, el alto tribunal decidió que sí se le estaban vulnerando sus derechos y, por tanto, le pidió a la compañía que prestaba el servicio reconectarle el agua aunque su cuenta no estuviese saldada. Esta decisión fue crucial porque los magistrados, además, establecieron que Ortiz y todas aquellas personas que se encuentran bajo la categoría de sujeto de especial protección (por ejemplo, ser menor de edad, adulto mayor o pertenecer a los estratos más bajos) tienen derecho a recibir un mínimo vital de cincuenta litros por día.

La cantidad se estableció a partir de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la señala como consumo intermedio que asegura la higiene básica personal, la lavandería y la preparación de los alimentos. Para acceder a ella, según la sentencia, solo deben demostrar que no tienen cómo pagar las facturas y que hay personas vulnerables en el hogar.

Y esta no ha sido su única decisión trascendental. En la sentencia 717 de 2010, la Corte va mucho más allá y dice que incluso quienes se han conectado ilegalmente a redes de los servicios de acueducto podrían obtener el beneficio del mínimo vital siempre y cuando demuestren las condiciones mencionadas. Sin embargo, esto tampoco sucede. En la pandemia, por ejemplo, el decreto que estipula la reconexión excluyó a quienes acceden al servicio de manera fraudulenta, muchos de ellos personas que no tienen la infraestructura porque el Estado no ha llegado hasta sus municipios.

Escobar señala que, incluso, el Estado colombiano no solo debe garantizar el mínimo vital por la jurisprudencia nacional, sino también como firmante de tratados internacionales. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Colombia hace parte, estipuló que todos los Estados integrantes deben garantizar este acceso para el uso personal, doméstico y prevenir las enfermedades.

Bogotá fue la primera ciudad en implementar el mínimo vital de agua. Según indica María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Planeación de Bogotá, mediante el Decreto 064 de 2012, la capital decidió otorgar seis metros cúbicos de agua sin costo para los usuarios residenciales de los estratos uno y dos. Aunque tiene cobertura en todas las localidades de Bogotá, este beneficio está concentrado en aquellas que tienen la mayor cantidad de personas vulnerables, como Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Usme y Engativá.

De acuerdo con el último informe de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB), para ejecutar esta decisión se destinaron alrededor de $71.000 millones en 2019. ¿Cómo se costean esos fondos? Maldonado explica que con los excedentes de la compañía, que vienen de recargos que se les hacen a los estratos más altos y a los inmuebles industriales, comerciales y de servicio.

La exsecretaria de Planeación alerta que, si bien jurídicamente existe este derecho, las decisiones no se han materializado en leyes o normas. Maldonado asegura que en el país existe la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, en la que se establece un subsidio que reconoce el Estado de hasta 70 % y 40 %, para estratos uno y dos, respectivamente, para el costo total de la prestación del servicio. Los topes son definidos por cada alcalde y los concejos municipales, de acuerdo con la capacidad de las empresas.

Pero, y en esto es enfática, eso no reemplaza el mínimo vital de agua y los modelos existentes no garantizan el acceso. Cuando no pueden pagar las facturas, en todos los municipios se cortan los servicios y la situación empeora porque, además de la mora, los ciudadanos deben pagar la reconexión, que puede ser igual de costosa.

Su diagnóstico no está alejado de la realidad. De acuerdo con “Análisis jurisprudencial del acceso al agua potable para el consumo humano”, investigación de 2014 hecha por los abogados Elizabeth Restrepo Gutiérrez y Carlos Alberto Zárate Yepes, de la Universidad Nacional, en el momento de la publicación este tipo de programas solo había sido replicado en Medellín, donde se otorgan 2,5 metros cúbicos; en Manizales, donde se establecieron cinco; en Bucaramanga, donde se otorgaron seis, y en La Estrella (Antioquia), donde se permitió el consumo de diez; sin embargo, todos tenían la condición de acceder al beneficio siempre y cuando pagaran sus facturas, contrariando las decisiones de la Corte Constitucional. El estudio determinó que únicamente “en Bogotá hay una concepción universalista de la aplicación del derecho al mínimo vital de agua”.

Según Maldonado, esta medida es difícil de implementar, principalmente, por falta de voluntad política: “Las prioridades están invertidas. Nosotros tenemos un sistema tributario que favorece a los más ricos; entonces no se meten con las utilidades de la gente que tiene altas ganancias ni de las grandes empresas y no hay redistribución, al menos, en lo básico. Se les olvida que hay unos mínimos de dignidad humana y no hacen un esfuerzo por el temor de que no haya la manera de financiarlos, pero siempre la hay. Y el Estado debería contribuir a eso”.

Pero no todas las partes de la ecuación están de acuerdo en este aspecto. Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), advierte que no se trata de un desconocimiento del derecho o desidia de las empresas o autoridades, sino de la ausencia de condiciones técnicas que no permiten la cobertura total. Insiste en que estos modelos de mínimo vital son sostenibles si los estratos más altos costean los gastos de los más bajos y si los privados ayudan a invertir más en infraestructura, pero teme que no en todos los municipios se cumplen estas condiciones. Y hay algunos en los que ni siquiera el Estado es capaz de llegar y deben ser los campesinos quienes inventen mecanismos para acceder al servicio.

Sobre este debate, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco), cree que “en este momento se está cumpliendo el mínimo vital de agua”. Pero, ¿qué pasará cuando termine la contingencia? Sánchez admite que la discusión será importante y deberá darse, aunque con cuidado, pues la gratuidad, en su opinión, no puede ser la solución.

“La Constitución la prohíbe porque se pone en riesgo la prestación del servicio: las empresas, al no tener ingresos ni recursos, no tendrían con qué prestar el servicio. Eso haría que tuviéramos caos en muchos lugares a nivel nacional, puede que no en Bogotá, Medellín o Cali, pero sí en las empresas pequeñas, en la periferia o los lugares más apartados”, dice.

El líder gremial explica que un desequilibrio en la salud financiera de esas compañías más pequeñas las pone en riesgo: “Tenemos que tener empresas sólidas que presten siempre el servicio, que el agua sea potable y que tengamos continuidad las 24 horas”. Eso sí, está convencido de que “el mínimo vital debe existir”, pero insiste en que la discusión está más encaminada a cómo entender el concepto de mínimo vital.

En este punto concuerda Óscar Medina, experto en agua y saneamiento y actual director de Negocios Internacionales en Colombia del Acueducto Municipal de Budapest, quien dice que al aludir a este término tiende a sonar como a “regalo”, y es allí donde el concepto falla: “El Estado debe garantizar el mecanismo de acceso al agua potable de calidad, pero esto no significa que sea un regalo per se”. Y agrega que “si bien no todas las comunidades están en la capacidad de pagar un cargo fijo, ni mucho menos un valor por metro cúbico de agua consumido, sí están en la capacidad de cuidar las cuencas y su entorno, por ejemplo. Producir y distribuir un metro cúbico de agua, sin duda, implica un costo para el operador (público o privado), pero para el caso de comunidades vulnerables este podría financiarse por medio de aquellos que sí están en capacidad de pagar una factura y están en un esquema regulado”.

Además, podría evitar el derroche de agua, que no es un asunto menor hoy, en época de pandemia. El presidente de Andesco, por ejemplo, hizo un llamado para que el recurso hídrico se use de forma responsable y eficiente, para generar ahorros, teniendo en cuenta factores como que el nivel de embalses en el país se encuentra por debajo del 40 % y se habla incluso de la posibilidad de un fenómeno de El Niño en 2021.

Lo cierto es que en los próximos dos meses, los beneficios que otorgó el Gobierno acabarán y todos se preguntan: ¿qué pasará después con esos miles de familias, pobres en su gran mayoría, cuando vuelvan a la normalidad y no tengan con qué pagar este recurso vital?

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus. 

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Cuando el aislamiento obligatorio fue un hecho, el presidente Iván Duque lanzó un aguacero de medidas que, según él, ayudarían a millones de personas vulnerables en Colombia y serían una garantía para evitar la propagación del nuevo coronavirus, conocido como SARS-CoV-2. Quizás una de las más importantes fue la reconexión del servicio de agua a los hogares que no pagaron sus últimas facturas. (Lee también: Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones)

“Se hará reconexión del servicio de agua, gratuitamente y por una única vez, a cerca de un millón de personas que lo tenían desconectado por falta de pago, para que durante la emergencia sanitaria tengan acceso al preciado líquido. Esto lo haremos, además, con otro principio: la aplicación del congelamiento de la tarifa de agua durante la vigencia de la emergencia sanitaria”, anunció en su momento el primer mandatario.

La necesaria decisión fue aplaudida, pero la cifra quedó suspendida en el aire sin mayor eco. En Colombia hay un millón de personas que, según la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), se traducen en 206.000 familias que no accedían al agua por no tener cómo pagarla. De esa cifra, según la CRA, la reconexión se concentró en los estratos uno y dos, con 46 % y 26 %, respectivamente.

Aunque el Gobierno dijo que no se cobrará la reconexión, también dejó claro que no asumiría los costos del consumo de los estratos más vulnerables en medio de la pandemia. En caso de que no tengan cómo pagarlo, las empresas prestadoras del servicio les permitirán a estas familias diferirlo a 36 cuotas sin intereses.

Esa noticia no cayó del todo bien y le dio paso a un debate sobre si hay una obligación del Estado de asumir estos costos, principalmente para quienes viven de trabajos informales y no pueden salir a buscar su sustento. Mandatarios como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y algunos expertos tuvieron que morderse la lengua después de que el presidente rechazara su propuesta. Lo cierto es que detrás de esas posturas volvió a emerger un debate que había perdido fuerza: la necesidad de establecer un mínimo vital de agua.

“Este es el momento ideal para volver a pensar en la importancia de garantizar este derecho que, como nos podemos dar cuenta, es vital, sobre todo en medio de una pandemia”, dice Hugo Escobar, abogado, académico y autor del libro El derecho fundamental del agua. Según Escobar, esto refleja una realidad innegable que, con frecuencia, se evade o menosprecia: “Sin agua no hay vida humana. Su acceso constituye entonces un elemento esencial mínimo”. Además, su existencia está ligada a otros derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, la vivienda, la dignidad humana y hasta el libre desarrollo de la personalidad.

En medio de la crisis sanitaria, destaca el académico, es un imperativo teniendo en cuenta que las principales medidas para hacerle frente al virus son el aislamiento y lavarse las manos con frecuencia. Esta preocupación, dice, es más latente en las zonas rurales, donde hay una infraestructura precaria, la cobertura es deficiente y el 27 % de la población aún no puede acceder al agua potable.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, el 14 % del país no tiene cobertura de acueducto. La mejor cifra se registra en Bogotá, con el 99,5 % de cobertura, frente a Guainía y Chocó, en los últimos lugares, con 21,9 y 28,5 %, respectivamente. En cuanto a alcantarillado, cerca del 23 % del país no cuenta con este servicio. Vichada está en el último puesto, con apenas el 6 % de cobertura.

Para Escobar, de acuerdo con varias decisiones judiciales de la Corte Constitucional, el Estado debe garantizar condiciones de vida digna y promover acciones para nivelar las desigualdades económicas y sociales. Pero eso no sucede con respecto al agua. La pandemia ha sido solo una excepción y aún así no se garantiza el mínimo vital, pues las familias tendrán que pagar el servicio y refinanciar sus deudas.

El jurista recuerda la sentencia 740 de 2011 de la Corte, sobre una tutela que interpuso María Isabel Ortiz, antioqueña de 54 años, quien no pudo pagar su deuda con el acueducto. Ella y sus hijos, ambos menores de edad, pertenecían en ese entonces al Sisbén 1 y no tenían ingresos, pues Ortiz padecía una enfermedad que no le permitía trabajar. Tras la interrupción del servicio, para sobrevivir, tuvo que utilizar el agua de un charco que quedaba a veinte minutos de su casa.

Tras revisar su expediente, el alto tribunal decidió que sí se le estaban vulnerando sus derechos y, por tanto, le pidió a la compañía que prestaba el servicio reconectarle el agua aunque su cuenta no estuviese saldada. Esta decisión fue crucial porque los magistrados, además, establecieron que Ortiz y todas aquellas personas que se encuentran bajo la categoría de sujeto de especial protección (por ejemplo, ser menor de edad, adulto mayor o pertenecer a los estratos más bajos) tienen derecho a recibir un mínimo vital de cincuenta litros por día.

La cantidad se estableció a partir de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la señala como consumo intermedio que asegura la higiene básica personal, la lavandería y la preparación de los alimentos. Para acceder a ella, según la sentencia, solo deben demostrar que no tienen cómo pagar las facturas y que hay personas vulnerables en el hogar.

Y esta no ha sido su única decisión trascendental. En la sentencia 717 de 2010, la Corte va mucho más allá y dice que incluso quienes se han conectado ilegalmente a redes de los servicios de acueducto podrían obtener el beneficio del mínimo vital siempre y cuando demuestren las condiciones mencionadas. Sin embargo, esto tampoco sucede. En la pandemia, por ejemplo, el decreto que estipula la reconexión excluyó a quienes acceden al servicio de manera fraudulenta, muchos de ellos personas que no tienen la infraestructura porque el Estado no ha llegado hasta sus municipios.

Escobar señala que, incluso, el Estado colombiano no solo debe garantizar el mínimo vital por la jurisprudencia nacional, sino también como firmante de tratados internacionales. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Colombia hace parte, estipuló que todos los Estados integrantes deben garantizar este acceso para el uso personal, doméstico y prevenir las enfermedades.

Bogotá fue la primera ciudad en implementar el mínimo vital de agua. Según indica María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Planeación de Bogotá, mediante el Decreto 064 de 2012, la capital decidió otorgar seis metros cúbicos de agua sin costo para los usuarios residenciales de los estratos uno y dos. Aunque tiene cobertura en todas las localidades de Bogotá, este beneficio está concentrado en aquellas que tienen la mayor cantidad de personas vulnerables, como Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Usme y Engativá.

De acuerdo con el último informe de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB), para ejecutar esta decisión se destinaron alrededor de $71.000 millones en 2019. ¿Cómo se costean esos fondos? Maldonado explica que con los excedentes de la compañía, que vienen de recargos que se les hacen a los estratos más altos y a los inmuebles industriales, comerciales y de servicio.

La exsecretaria de Planeación alerta que, si bien jurídicamente existe este derecho, las decisiones no se han materializado en leyes o normas. Maldonado asegura que en el país existe la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, en la que se establece un subsidio que reconoce el Estado de hasta 70 % y 40 %, para estratos uno y dos, respectivamente, para el costo total de la prestación del servicio. Los topes son definidos por cada alcalde y los concejos municipales, de acuerdo con la capacidad de las empresas.

Pero, y en esto es enfática, eso no reemplaza el mínimo vital de agua y los modelos existentes no garantizan el acceso. Cuando no pueden pagar las facturas, en todos los municipios se cortan los servicios y la situación empeora porque, además de la mora, los ciudadanos deben pagar la reconexión, que puede ser igual de costosa.

Su diagnóstico no está alejado de la realidad. De acuerdo con “Análisis jurisprudencial del acceso al agua potable para el consumo humano”, investigación de 2014 hecha por los abogados Elizabeth Restrepo Gutiérrez y Carlos Alberto Zárate Yepes, de la Universidad Nacional, en el momento de la publicación este tipo de programas solo había sido replicado en Medellín, donde se otorgan 2,5 metros cúbicos; en Manizales, donde se establecieron cinco; en Bucaramanga, donde se otorgaron seis, y en La Estrella (Antioquia), donde se permitió el consumo de diez; sin embargo, todos tenían la condición de acceder al beneficio siempre y cuando pagaran sus facturas, contrariando las decisiones de la Corte Constitucional. El estudio determinó que únicamente “en Bogotá hay una concepción universalista de la aplicación del derecho al mínimo vital de agua”.

Según Maldonado, esta medida es difícil de implementar, principalmente, por falta de voluntad política: “Las prioridades están invertidas. Nosotros tenemos un sistema tributario que favorece a los más ricos; entonces no se meten con las utilidades de la gente que tiene altas ganancias ni de las grandes empresas y no hay redistribución, al menos, en lo básico. Se les olvida que hay unos mínimos de dignidad humana y no hacen un esfuerzo por el temor de que no haya la manera de financiarlos, pero siempre la hay. Y el Estado debería contribuir a eso”.

Pero no todas las partes de la ecuación están de acuerdo en este aspecto. Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), advierte que no se trata de un desconocimiento del derecho o desidia de las empresas o autoridades, sino de la ausencia de condiciones técnicas que no permiten la cobertura total. Insiste en que estos modelos de mínimo vital son sostenibles si los estratos más altos costean los gastos de los más bajos y si los privados ayudan a invertir más en infraestructura, pero teme que no en todos los municipios se cumplen estas condiciones. Y hay algunos en los que ni siquiera el Estado es capaz de llegar y deben ser los campesinos quienes inventen mecanismos para acceder al servicio.

Sobre este debate, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco), cree que “en este momento se está cumpliendo el mínimo vital de agua”. Pero, ¿qué pasará cuando termine la contingencia? Sánchez admite que la discusión será importante y deberá darse, aunque con cuidado, pues la gratuidad, en su opinión, no puede ser la solución.

“La Constitución la prohíbe porque se pone en riesgo la prestación del servicio: las empresas, al no tener ingresos ni recursos, no tendrían con qué prestar el servicio. Eso haría que tuviéramos caos en muchos lugares a nivel nacional, puede que no en Bogotá, Medellín o Cali, pero sí en las empresas pequeñas, en la periferia o los lugares más apartados”, dice.

El líder gremial explica que un desequilibrio en la salud financiera de esas compañías más pequeñas las pone en riesgo: “Tenemos que tener empresas sólidas que presten siempre el servicio, que el agua sea potable y que tengamos continuidad las 24 horas”. Eso sí, está convencido de que “el mínimo vital debe existir”, pero insiste en que la discusión está más encaminada a cómo entender el concepto de mínimo vital.

En este punto concuerda Óscar Medina, experto en agua y saneamiento y actual director de Negocios Internacionales en Colombia del Acueducto Municipal de Budapest, quien dice que al aludir a este término tiende a sonar como a “regalo”, y es allí donde el concepto falla: “El Estado debe garantizar el mecanismo de acceso al agua potable de calidad, pero esto no significa que sea un regalo per se”. Y agrega que “si bien no todas las comunidades están en la capacidad de pagar un cargo fijo, ni mucho menos un valor por metro cúbico de agua consumido, sí están en la capacidad de cuidar las cuencas y su entorno, por ejemplo. Producir y distribuir un metro cúbico de agua, sin duda, implica un costo para el operador (público o privado), pero para el caso de comunidades vulnerables este podría financiarse por medio de aquellos que sí están en capacidad de pagar una factura y están en un esquema regulado”.

Además, podría evitar el derroche de agua, que no es un asunto menor hoy, en época de pandemia. El presidente de Andesco, por ejemplo, hizo un llamado para que el recurso hídrico se use de forma responsable y eficiente, para generar ahorros, teniendo en cuenta factores como que el nivel de embalses en el país se encuentra por debajo del 40 % y se habla incluso de la posibilidad de un fenómeno de El Niño en 2021.

Lo cierto es que en los próximos dos meses, los beneficios que otorgó el Gobierno acabarán y todos se preguntan: ¿qué pasará después con esos miles de familias, pobres en su gran mayoría, cuando vuelvan a la normalidad y no tengan con qué pagar este recurso vital?

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus. 

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