Este gobierno se encuentra en su recta final, de ahí que estos últimos ocho meses serán una carrera contra el tiempo para entregar, e incluso adjudicar, la mayor cantidad de obras posibles. De hecho, la meta del Ministerio de Transporte e Infraestructura, en cabeza de Ángela María Orozco, es terminar antes de agosto de 2022 al menos 14 proyectos de la cuarta generación de concesiones (4G) y dejar adjudicados todos los de la primera ola de las 5G.
Vale la pena recordar que en la última semana la cartera fue noticia por la suspensión de la licitación para la administración, operación y explotación del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) por 10 años y dos meses, tiempo en el que también se pretende actualizar sus funcionalidades. Varios interesados formularon observaciones por una modificación al amparo de calidad de servicio, pues se incluyó que este también debía garantizar el pago de multas, sanciones y de la cláusula penal. Al respecto, la ministra dijo que la suspensión busca “sanear el yerro de transcripción” al precisar que el amparo de la calidad de servicio no incluye ni multas ni la cláusula penal.
Aunque el tema pareciera aclarado, esta licitación por $805.209 millones marcará el rumbo de la plataforma que consolida y administra buena parte de los datos de la movilidad en Colombia.
En entrevista con El Espectador, Orozco se refirió, entre otras cosas, a los nuevos peajes -según el cronograma, se instalarán 17 entre 2022 y diciembre de 2023-, la ejecución del presupuesto de 2021 y a los retos que enfrentará el próximo gobierno.
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¿Cómo van los proyectos de cuarta generación?
Cuando llegamos al gobierno encontramos 29 proyectos adjudicados entre 2014 y 2016; sin embargo, ocho iban muy bien y 21 estaban paralizados: 15 con ejecuciones inferiores al 5 % y seis con ejecuciones de menos del 1 %, por múltiples razones, falta de decisiones administrativas y temas ambientales, sociales, prediales.
Hoy ya entregamos cinco: Girardot-Honda-Puerto Salgar (2020), Vías del Nus, Pacífico II, Cartagena-Barranquilla, Circunvalar de La Prosperidad y Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Cruz del Viso (2021). De aquí a agosto entregaremos al menos 14 proyectos más. Ya tenemos un nivel de ejecución del 62 %, frente a un 16 % que encontramos; se han invertido alrededor de $29 billones en Capex, de los $46 billones para los proyectos de cuarta generación.
En los proyectos concesionados hemos hecho 458 kilómetros de segundas calzadas, dobles calzadas y terceros carriles, y vamos a finalizar 292 kilómetros más, lo que suma la misma cantidad que se ha hecho en toda la historia de las concesiones viales en 25 años. También hicimos cinco túneles y 20 más quedarán listos. Importante señalar que logramos sacar adelante proyectos que tenían diagnóstico de caducidad o que estaban enredados y no habían podido hacer cierre financiero, como Santana-Mocoa-Neiva o Ruta del Sol III.
¿Todos los proyectos 4G están en curso? ¿Cuál es el siguiente paso de las 5G?
Actualmente, 27 están reactivados y estamos haciendo todo el esfuerzo con los dos que todavía no lo están, porque si no los logramos reactivar, estos entrarán en los procesos de requerimientos y sanciones. Se trata de Mulaló-Loboguerrero, por razones ambientales, y Popayán-Santander de Quilichao, por algo similar.
En cuanto a los proyectos de la quinta generación de concesiones viales, ya hemos adjudicado dos de los 14 de la primera ola: Accesos Cali-Palmira Malla Vial del Valle del Cauca y Alo Sur. En proceso competitivo se encuentran la troncal del Magdalena Medio (Puerto Salgar-Barrancabermeja y Barrancabermeja-San Roque), la doble calzada Buga-Buenaventura, Accesos Norte y los dos proyectos multimodales (la APP del río Magdalena y la APP del Canal del Dique).
En el primer semestre saldrá la iniciativa privada Santuario-Caño Alegre y en el primer trimestre tendremos el proyecto para fortalecer el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná. Igualmente, la ampliación del aeropuerto de Cartagena ya está en proceso competitivo y los otros tres, aeropuertos de suroccidente, nuevo aeropuerto de Cartagena y la iniciativa privada para ampliar y mejorar el aeropuerto de San Andrés, saldrán en el primer trimestre a licitación o procesos competitivos. Nuestro gran reto es dejar adjudicados todos los proyectos de la primera ola de la quinta generación o, como las hemos denominado, Concesiones del Bicentenario.
¿Se instalarán nuevos peajes en 2022? ¿Cuántos?
La cifra de peajes nuevos tiene que ver con los contratos de cuarta generación adjudicados en el gobierno anterior. Hay un cronograma donde dice que de aquí a diciembre de 2023 se instalarán 17 peajes, si acaso uno o dos este año, pues en la mayoría de los casos se instalan después de terminar las obras. Los peajes son de los proyectos Autopista al Mar II, Conexión Norte, Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, Transversal del Sisga, Cúcuta-Pamplona, Pacífico III, Pasto-Rumichaca, Villavicencio-Yopal y Autopista al río Magdalena.
Antes de la instalación hay un proceso previo de socialización e identificación de las comunidades para establecer un esquema de tarifas diferenciales y así no afectar a quienes viven al lado de los peajes. Cerca del 85 % de las concesiones viales en Colombia tienen esquemas de tarifas diferenciales, así podemos sacar adelante los proyectos sin afectar a las comunidades.
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La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) señaló que el Ministerio invirtió poco del presupuesto asignado para la vigencia 2021. ¿Qué cifras tienen ustedes?
Esas cifras son producto, seguramente, de la desinformación. La CCI ha criticado la ejecución del presupuesto de regalías, la cual depende de las regiones, porque el Ministerio lo que hace es dar un concepto de factibilidad técnica. Como sector terminamos con un presupuesto comprometido (contratos suscritos) del 97 % y ejecutado (obligado) del 81 %.
Las cifras del gremio, con corte al 30 de noviembre, indican que el Invías solo invirtió el 41 % del presupuesto y la Aerocivil el 38 %.
Esos datos están desactualizados. Al 31 diciembre, según el último reporte, el Invías terminó con un presupuesto comprometido del 99 % y ejecutado del 70 %, y la Aerocivil, 85 % comprometido y 62 % ejecutado.
Hay unas demoras normales en la ejecución de proyectos derivadas no solo por la pandemia, sino también por lo que sucedió en mayo, pues no se permitía el acceso para continuar con las obras, eso retrasó algunos proyectos dos o tres meses, pero desde julio cada uno se fue retomando con unas gerencias puntuales para recuperar los tiempos perdidos. Algunos presupuestos, por esos retrasos derivados de razones ajenas a la voluntad del sector o de los contratistas, quedan reservados para terminarlos de ejecutar este año.
¿Cuál es el balance en las vías no concesionadas?
Con el Invías no solo entregamos las 60 obras del Cruce de la Cordillera Central, sino también el proyecto La Espriella-Río Mataje, en Nariño, que encontramos en un 40 % de ejecución. Para construir el puente sobre el río Mira tuvimos que abrir la selva, fue un trabajo con complejidades en temas de orden público; hoy en día tenemos un puente que se convertirá en un nuevo paso de frontera entre Colombia y Ecuador. El proyecto implica desarrollo económico para toda esa zona del sur del país, porque acerca el puerto de Tumaco con el puerto Esmeralda, en Ecuador.
En segundas calzadas, con el Invías hemos hecho 261 kilómetros y antes de agosto finalizaremos 51 kilómetros más. En cuanto a vías mantenidas y rehabilitadas de la red vial primaria, ya hemos hecho 3.025 kilómetros y terminaremos 731 más antes de agosto; frente a un histórico en los 10 años anteriores a nuestro gobierno de 966 kilómetros. Es decir, casi lo multiplicamos por cuatro.
A todo esto se suma lo que logramos en Compromiso por Colombia con la adjudicación por obra pública más ambiciosa en la historia del país en vías. En seis meses adjudicamos alrededor de $11,5 billones en 50 contratos: los 28 de concluir y concluir, que ya están contratados y en ejecución, y los 22 de vías para la legalidad, que se van a tardar entre cinco y 10 años, pero ya tienen vigencia futuras.
¿Y las vías terciarias?
En la red terciaria, según las estadísticas de Sinergia, de Planeación Nacional, recibimos tan solo 1.658 kilómetros construidos y mejorados de los 10 años anteriores; nosotros ya hemos mejorado y construido 2.455 kilómetros y están en ejecución 2.585 adicionales; es decir, en agosto habremos entregado 5.040 kilómetros y cerca de 6.000 más se finalizarán seis meses después de que termine nuestro gobierno.
Por otro lado, hemos hecho una inversión histórica de $5,5 billones. Es un gran avance, pero todavía no es suficiente porque tenemos un inventario de 140.000 kilómetros de red terciaria, nosotros dejaremos 12.000 kilómetros mejorados y 15.000 mantenidos, pero tiene que ser una política de Estado, porque necesitamos, por lo menos, 10 años para poner al día las vías terciarias del país.
¿Cuál es el diferencial del Conpes de las 5G?
La mayor ventaja fue construir sobre lo construido, incorporar en el Conpes todas las experiencias pasadas. Una de las razones por las que estaban estancados los proyectos era por la falta de sostenibilidad social, no haber tenido en cuenta a las comunidades. De ahí identificamos que el criterio más importante de los proyectos de quinta generación es la sostenibilidad tanto social como ambiental, financiera e institucional. Los preceptos incorporan, por ejemplo, la necesidad no solamente de tener en cuenta a las comunidades en el diseño, sino que ahora tenemos una obligación que no existía antes: el 0,5 % del Capex de los proyectos debe invertirse en las comunidades que están alrededor de las obras, en proyectos sociales, de empleo y de recuperación. (Lea: Intermodalismo y sostenibilidad: las apuestas de las 5G)
¿Cuál será el principal reto del próximo gobierno en cuanto a transporte e infraestructura?
El principal reto es entender que esta es una política de Estado y que es importante mantener al sector aislado de la polarización política. Los proyectos de infraestructura no pueden tener partido, y para sacarlos adelante en las regiones uno necesita el apoyo de las comunidades. Pongo siempre como ejemplo que a mi despacho llegaban juntas bancadas del Congreso, que en otros temas eran enemigas, para poder sacar adelante los proyectos en su región. Un ejemplo es la bancada del Valle del Cauca, ya que pudimos con todos los actores conciliar las obras que debían ir en la malla vial que ya se adjudicó; iban juntos miembros del Centro Democrático, el Polo, el Partido Verde y el Partido Liberal.
¿Cómo está el sector frente al cambio climático?
Esa es una gran apuesta del sector, transversal con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Minas y Energía. No solamente hemos incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo la posibilidad de cofinanciar el diseño y la construcción de los sistemas de transporte masivo, sino también su material rodante.
Igualmente, sacamos la ley de movilidad eléctrica y la ley de promoción del gas natural vehicular, buscando apoyar al sector privado colombiano y a los sistemas de transporte público en la transición energética hacia una movilidad eléctrica, en los casos en los que la tecnología lo permite, pero también al gas -el energético de transición que tiene un efecto similar en términos de emisión de material particulado y que reduce entre un 70 y 80 % la emisión de gases contaminantes respecto a la tecnología convencional-.
Adoptamos una estrategia nacional de movilidad eléctrica y estamos terminando de construir una estrategia nacional de movilidad sostenible, que incorpora la promoción del gas natural vehicular y de la movilidad activa; es decir, cómo logramos que las ciudades en su diseño promuevan opciones como las caminatas y el uso de la bicicleta.