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La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, informó que a través del auto 644 del 20 de agosto de 2021 se decretó el embargo sobre cuentas bancarias, inmuebles y otros bienes de la unión temporal Centros Poblados y sus integrantes.
Se trata de una medida cautelar en el caso del cuestionado contratista al que le fueron adjudicadas la conexión a internet y la operación por 11 años de más de 7.000 escuelas rurales. Vale la pena recordar que durante la ejecución del contrato se descubrió que el contratista habría presentado garantías bancarias falsas y el proceso, finalmente, fue caducado, en firme, la semana pasada.
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“El viernes 13 de agosto declaramos la caducidad al contratista UT Centros Poblados que debía conectar 7.000 colegios. Hoy, procediendo con las facultades de la ley, decretamos embargo por más de $70 mil millones sobre cuentas bancarias,inmuebles y vehículos a la UT e integrantes”, trinó Abudinen.
El viernes 13 de agosto declaramos la caducidad al contratista UT Centros Poblados que debía conectar 7.000 colegios. Hoy, procediendo con las facultades de la Ley, decretamos embargo por más de $70 mil millones sobre cuentas bancarias,inmuebles y vehículos a la UT e integrantes. pic.twitter.com/qEfqYMQ2SF
— Karen Abudinen (@karenabudi) August 20, 2021
Mientras la unión temporal Centros Poblados ha argumentado que fue asaltada en su buena fe y que el Mintic solo tuvo en cuenta la versión del banco Itaú (supuesto emisor de la garantía), alrededor del escándalo han surgido nuevas denuncias, como la de uno de los socios de la empresa que habría recibido el anticipo del contrato ($70.000 millones), que asegura que lo estafaron y falsificaron su firma para concretar el negocio.
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La gestión de Abudinen, por otro lado, ha estado en el centro de la polémica. Si bien fue durante una audiencia del Mintic, en seguimiento a la ejecución del contrato, que se descubrió la presunta falsedad de la garantía (hecho que está siendo investigado por la Fiscalía), este y otros procesos del Mintic han sido criticados por lo que veedurías y otros proponentes han considerado como irregularidades, falta de transparencia y participación de proponentes carentes de idoneidad.
En el Congreso de la República, mientras tanto, se sabrá el próximo lunes si una moción de censura en contra de la funcionaria es jurídicamente viable, anunció este viernes la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias.
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