Municipios mineros le pierden fe a la actividad

La distribución de las regalías y la falta de programas que hagan evidente los beneficios de la explotación minera en los municipios productores le pasó cuenta de cobro a la industria este año, según la Brújula Minera, encuesta presentada anualmente y que da luces de lo que piensa el país sobre la actividad.

El porcentaje de la población que considera que esta actividad es buena para el país se redujo dramáticamente. De acuerdo con el estudio, en los municipios no mineros se redujo de 73% a 54% mientras que en los mineros cayó a 54% desde el 73% en la última medición.

Y es que la reducción, dice Jaime Arteaga, uno de los responsables de la medición, de los recursos económicos para estos territorios han fortalecido la idea de que “las regalías se las roban”. Sin duda, este imaginario ha sido uno de los factores que han hecho más difícil el trabajo para la industria.

Esta misma razón generó otro resultado dramático y es que cerca del 60% de los habitantes de municipios en los que opera alguna firma del sector considera que su calidad de vida mejoraría si la minería dejara de operar. A esta mala percepción sobre la actividad se suma la que tienen de las empresas tanto habitantes de territorios productores como de no productores. En ambos casos, la imagen positiva de las mismas se redujo en casi un 10%.

La oposición a la actividad o a proyectos concretos, además de despertar la preocupación ambiental de muchos ciudadanos, también ha puesto de relieve, según los encuestados, que detrás de estas acciones generalmente existen organizaciones que quieren sacar provecho político y económico (el año pasado el 30% de los encuestados lo pensaba, este aumentó al 39%). Las otras razones que generan conflicto entre empresas y comunidades, como preocupación por el medioambiente, por el deterioro social o la confusión entre minería legal e ilegal, se redujo considerablemente.

A propósito del proceso de paz, en este trabajo se le preguntó a las personas si la minería es un riesgo o una oportunidad para la paz. El 56% de los municipios no mineros considera que es una amenaza, cifra similar en los territorios mineros. De cerca, con un 40% y un 45% ven esta actividad como una oportunidad.

La medición de la confianza de las comunidades mineras en la instituciones del sector deja muy mal parado a los ministerios de Minas y Energía y al de Ambiente. Las empresas también estuvieron muy mal calificadas al igual que las corporaciones regionales.

Este ejercicio, presentado en la Cumbre Minera, para Arteaga deja tres grandes reflexiones:
“Las empresas tienen que hacer una inversión más fuerte en reputación. Reduzcan sus costos, sí, pero no en reputación porque igual tienen que volver a la comunidad y en materia de seguridad jurídica las empresas deben tratar de jugar dentro de las reglas existentes y ejercer su rol de ciudadanos, es decir participar en el control de los recursos públicos en los municipios donde trabajan”.

En cuanto al papel del gobierno considera que “la continuidad de los funcionarios es fundamental. Esa es la seguridad jurídica que puede controlar el ejecutivo porque cuando cambia de funcionario se modifican los proceso, eso hay que evitarlo”.

La distribución de las regalías y la falta de programas que hagan evidente los beneficios de la explotación minera en los municipios productores le pasó cuenta de cobro a la industria este año, según la Brújula Minera, encuesta presentada anualmente y que da luces de lo que piensa el país sobre la actividad.

El porcentaje de la población que considera que esta actividad es buena para el país se redujo dramáticamente. De acuerdo con el estudio, en los municipios no mineros se redujo de 73% a 54% mientras que en los mineros cayó a 54% desde el 73% en la última medición.

Y es que la reducción, dice Jaime Arteaga, uno de los responsables de la medición, de los recursos económicos para estos territorios han fortalecido la idea de que “las regalías se las roban”. Sin duda, este imaginario ha sido uno de los factores que han hecho más difícil el trabajo para la industria.

Esta misma razón generó otro resultado dramático y es que cerca del 60% de los habitantes de municipios en los que opera alguna firma del sector considera que su calidad de vida mejoraría si la minería dejara de operar. A esta mala percepción sobre la actividad se suma la que tienen de las empresas tanto habitantes de territorios productores como de no productores. En ambos casos, la imagen positiva de las mismas se redujo en casi un 10%.

La oposición a la actividad o a proyectos concretos, además de despertar la preocupación ambiental de muchos ciudadanos, también ha puesto de relieve, según los encuestados, que detrás de estas acciones generalmente existen organizaciones que quieren sacar provecho político y económico (el año pasado el 30% de los encuestados lo pensaba, este aumentó al 39%). Las otras razones que generan conflicto entre empresas y comunidades, como preocupación por el medioambiente, por el deterioro social o la confusión entre minería legal e ilegal, se redujo considerablemente.

A propósito del proceso de paz, en este trabajo se le preguntó a las personas si la minería es un riesgo o una oportunidad para la paz. El 56% de los municipios no mineros considera que es una amenaza, cifra similar en los territorios mineros. De cerca, con un 40% y un 45% ven esta actividad como una oportunidad.

La medición de la confianza de las comunidades mineras en la instituciones del sector deja muy mal parado a los ministerios de Minas y Energía y al de Ambiente. Las empresas también estuvieron muy mal calificadas al igual que las corporaciones regionales.

Este ejercicio, presentado en la Cumbre Minera, para Arteaga deja tres grandes reflexiones:
“Las empresas tienen que hacer una inversión más fuerte en reputación. Reduzcan sus costos, sí, pero no en reputación porque igual tienen que volver a la comunidad y en materia de seguridad jurídica las empresas deben tratar de jugar dentro de las reglas existentes y ejercer su rol de ciudadanos, es decir participar en el control de los recursos públicos en los municipios donde trabajan”.

En cuanto al papel del gobierno considera que “la continuidad de los funcionarios es fundamental. Esa es la seguridad jurídica que puede controlar el ejecutivo porque cuando cambia de funcionario se modifican los proceso, eso hay que evitarlo”.