Negociaciones con camioneros en riesgo: Gobierno pide respaldo para evitar paro
Los transportadores denuncian incumplimientos y advierten sobre un posible paro. Mientras tanto, el Gobierno solicitará apoyo a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría.
El Ministerio de Transporte solicitó a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación verificar el cumplimiento de los acuerdos pactados con transportadores de carga y pasajeros, tras las tensiones generadas por las denuncias de incumplimiento y un posible paro.
Esta solicitud se enmarca en un proceso de diálogo que ha incluido mesas de trabajo durante los últimos cuatro meses y que alcanzó un punto crítico esta semana.
La ministra María Constanza García anunció la medida tras una mesa virtual que reunió a más de 1.300 participantes.
El encuentro, que duró seis horas, reveló la persistencia de quejas sobre temas como el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC) y las alzas en los costos operativos.
La jefa de cartera recalcó que la Superintendencia de Transporte implementará una herramienta de auditoría de puertos para responder a denuncias de prácticas irregulares, mientras que se propuso una “verificación de campo” para revisar el funcionamiento de plataformas clave y despejar dudas del sector.
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Acuerdos y avances: ¿dónde están los puntos críticos?
Desde el paro de septiembre de 2024, el Ministerio ha trabajado en 19 mesas técnicas que involucraron a 1.959 transportadores, logrando avances en temas como:
- Horas logísticas y de viaje: se estableció un mínimo de cuatro horas logísticas por trayecto, remuneradas según SICE-TAC.
- Vehículos y cargas: actualización de tipologías vehiculares e inclusión de nuevas categorías como “granel líquido” y cargas refrigeradas.
- Costos operativos: incremento de 54 % en el cálculo del mantenimiento vehicular tras ampliar el análisis de piezas a 100 componentes organizados en 11 subsistemas.
- Financiamiento y regulación: ajuste de amortizaciones a 10 años para vehículos y facilidades para el registro de maquinaria amarilla.
- Condiciones laborales: salarios calculados en función de una jornada laboral de 46 horas semanales y 288 horas operativas mensuales.
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A pesar de estos avances, los líderes gremiales aseguran que los acuerdos no se han implementado completamente, acusando al Gobierno de emitir resoluciones “insuficientes” y de no abordar las demandas clave, como la fórmula “Precio Colombia” para calcular el costo del diésel y el control de peajes.
La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) expresó que, si no se cumplen los acuerdos, iniciarán una nueva inmovilización nacional. Alfonso Medrano, presidente de la ACC, criticó al Ministerio de Hacienda por no incluir al gremio en las decisiones sobre el precio del combustible y advirtió que el alza del ACPM podría ser el detonante de un nuevo paro.
Por su parte, Édgar Zapata, representante de los transportadores del Oriente Antioqueño, señaló que los actos administrativos emitidos hasta ahora no transforman las condiciones estructurales del sector.
“La ministra de Transporte le está mintiendo al país, diciéndole a Colombia que nos está cumpliendo. Ella y sus funcionarios se han encargado de sacar actos administrativos engañosos que poco o nada le ayudan a la solución del problema. No han cumplido los acuerdos”, aseguró Zapata.
En respuesta, el Ministerio de Transporte detalló que en octubre y noviembre se integraron observaciones de las bases transportadoras al SICE-TAC y al Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC). Además, se publicarán en los próximos días los ajustes al Decreto 174 de 2001 para reforzar la regulación del sector.
La ministra García reiteró su compromiso con el diálogo: “Estamos avanzando en medidas que permitan mayor transparencia y equilibrio en las relaciones económicas del sector. Invitamos a los transportadores a denunciar irregularidades con las evidencias necesarias para actuar”.
Lea también: El desafío de la vivienda: ¿cómo se está cerrando el déficit habitacional?
El trasfondo económico: combustibles y déficit fiscal
El alza en el precio del ACPM responde al déficit acumulado por el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC), que subsidió durante años las variaciones del petróleo en los mercados internacionales. Este modelo, según el Gobierno, se volvió insostenible, obligando a ajustes graduales que han generado protestas de sectores económicos y sociales.
La fórmula “Precio Colombia” propuesta por los transportadores busca redistribuir los costos a otros eslabones de la cadena para mantener los precios actuales del combustible, una propuesta que aún no ha sido discutida formalmente.
Con todo esto, el futuro de los acuerdos es incierto. Mientras el Gobierno intenta implementar soluciones, el sector enfrenta una creciente incertidumbre. El gremio logístico, crucial para la economía del país, advierte que sin acciones concretas, los costos operativos seguirán amenazando la sostenibilidad del transporte.
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría serán determinantes en la verificación del cumplimiento de los acuerdos, pero el desenlace de estas tensiones aún está por definirse.
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El Ministerio de Transporte solicitó a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación verificar el cumplimiento de los acuerdos pactados con transportadores de carga y pasajeros, tras las tensiones generadas por las denuncias de incumplimiento y un posible paro.
Esta solicitud se enmarca en un proceso de diálogo que ha incluido mesas de trabajo durante los últimos cuatro meses y que alcanzó un punto crítico esta semana.
La ministra María Constanza García anunció la medida tras una mesa virtual que reunió a más de 1.300 participantes.
El encuentro, que duró seis horas, reveló la persistencia de quejas sobre temas como el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC) y las alzas en los costos operativos.
La jefa de cartera recalcó que la Superintendencia de Transporte implementará una herramienta de auditoría de puertos para responder a denuncias de prácticas irregulares, mientras que se propuso una “verificación de campo” para revisar el funcionamiento de plataformas clave y despejar dudas del sector.
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Acuerdos y avances: ¿dónde están los puntos críticos?
Desde el paro de septiembre de 2024, el Ministerio ha trabajado en 19 mesas técnicas que involucraron a 1.959 transportadores, logrando avances en temas como:
- Horas logísticas y de viaje: se estableció un mínimo de cuatro horas logísticas por trayecto, remuneradas según SICE-TAC.
- Vehículos y cargas: actualización de tipologías vehiculares e inclusión de nuevas categorías como “granel líquido” y cargas refrigeradas.
- Costos operativos: incremento de 54 % en el cálculo del mantenimiento vehicular tras ampliar el análisis de piezas a 100 componentes organizados en 11 subsistemas.
- Financiamiento y regulación: ajuste de amortizaciones a 10 años para vehículos y facilidades para el registro de maquinaria amarilla.
- Condiciones laborales: salarios calculados en función de una jornada laboral de 46 horas semanales y 288 horas operativas mensuales.
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A pesar de estos avances, los líderes gremiales aseguran que los acuerdos no se han implementado completamente, acusando al Gobierno de emitir resoluciones “insuficientes” y de no abordar las demandas clave, como la fórmula “Precio Colombia” para calcular el costo del diésel y el control de peajes.
La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) expresó que, si no se cumplen los acuerdos, iniciarán una nueva inmovilización nacional. Alfonso Medrano, presidente de la ACC, criticó al Ministerio de Hacienda por no incluir al gremio en las decisiones sobre el precio del combustible y advirtió que el alza del ACPM podría ser el detonante de un nuevo paro.
Por su parte, Édgar Zapata, representante de los transportadores del Oriente Antioqueño, señaló que los actos administrativos emitidos hasta ahora no transforman las condiciones estructurales del sector.
“La ministra de Transporte le está mintiendo al país, diciéndole a Colombia que nos está cumpliendo. Ella y sus funcionarios se han encargado de sacar actos administrativos engañosos que poco o nada le ayudan a la solución del problema. No han cumplido los acuerdos”, aseguró Zapata.
En respuesta, el Ministerio de Transporte detalló que en octubre y noviembre se integraron observaciones de las bases transportadoras al SICE-TAC y al Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC). Además, se publicarán en los próximos días los ajustes al Decreto 174 de 2001 para reforzar la regulación del sector.
La ministra García reiteró su compromiso con el diálogo: “Estamos avanzando en medidas que permitan mayor transparencia y equilibrio en las relaciones económicas del sector. Invitamos a los transportadores a denunciar irregularidades con las evidencias necesarias para actuar”.
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El trasfondo económico: combustibles y déficit fiscal
El alza en el precio del ACPM responde al déficit acumulado por el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC), que subsidió durante años las variaciones del petróleo en los mercados internacionales. Este modelo, según el Gobierno, se volvió insostenible, obligando a ajustes graduales que han generado protestas de sectores económicos y sociales.
La fórmula “Precio Colombia” propuesta por los transportadores busca redistribuir los costos a otros eslabones de la cadena para mantener los precios actuales del combustible, una propuesta que aún no ha sido discutida formalmente.
Con todo esto, el futuro de los acuerdos es incierto. Mientras el Gobierno intenta implementar soluciones, el sector enfrenta una creciente incertidumbre. El gremio logístico, crucial para la economía del país, advierte que sin acciones concretas, los costos operativos seguirán amenazando la sostenibilidad del transporte.
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría serán determinantes en la verificación del cumplimiento de los acuerdos, pero el desenlace de estas tensiones aún está por definirse.
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