Ni el arbitraje sería la solución de la huelga de Avianca

Dado que las negociaciones entre Avianca y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) se estancaron, llevando a la huelga de 700 pilotos de la aerolínea a completar 13 días este martes, el Ministerio del Trabajo ahora opta por los mecanismos jurídicos para encontrar solución a esta manifestación, que ha dejado más de 3.000 vuelos cancelados y 283.000 afectados. Es así como la semana pasada se anunció la convocatoria de un tribunal de arbitramento que dirima el conflicto entre las partes. (Lea “Barrigazo” de economía por paro de Avianca)

La medida no escapó de polémicas, pues existen opinión dividas sobre la validez del tribunal de arbitramento en este caso. Para la Acdac es inconstitucional, pues alega que todavía no se habían cumplido los 60 días de paro que exige la ley para invocar este instrumento, y denuncia que se está vulnerando el derecho a la huelga. Por su parte, el Ministerio del Trabajo defiende el tribunal argumentando que la actividad de los pilotos es un servicio público esencial.

Precisamente, definir si los pilotos entran en la categoría de servicio público esencial siempre ha sido la pregunta del millón desde que comenzó la huelga, y también lo es para determinar si es viable el tribunal de arbitramento. (Lea Líder de la huelga en Avianca dice que ese es el "mejor homenaje a los héroes de la patria")

Tanto el Ministerio de Trabajo como Avianca sostienen que es un servicio público esencial, pues es una actividad que afecta a todo el país. De hecho, Cotelco alerta sobre una reducción de más del 20 % en la ocupación hotelera de algunas ciudades, como Cartagena. Sin embargo, la Acdac se defiende en los conceptos que ha emitido la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre este tipo de trabajo.

Para empezar, la OIT ya había alertado sobre la falta de regulación de los trabajos públicos esenciales en Colombia, de manera que no hay norma que enliste cuáles profesiones pertenecen a esta categoría. Y por otro lado, este organismo (la OIT) publicó un documento en el que especifica que para ellos, los pilotos no serían un servicio público esencial.

De hecho, la legitimidad o no de la huelga la debe establecer la Sala Laboral del Tribunal Superior competente, y uno de los criterios a tener en cuenta suelen ser los conceptos de la Organización Internacional del Trabajo.

Así están las cosas, todo gira sobre la definición sobre si los pilotos entran en la categoría de servicio esencial. Es tal la relevancia de esto, que podría incluso impedir que el tribunal de arbitramento sesione.

El Espectador habló con un abogado que ha participado en estos organismos, quien pidió no ser citado, y explicó que “lo primero que deben hacer los árbitros es emitir un concepto sobre si el tribunal tiene o no facultades dentro del caso de la huelga de Avianca. Y la clave de esto es determinar si los pilotos entran en la categoría de servicio público esencial. Dependiendo de lo que decidan, se podrá sesionar o no”.

Y no sería lo único que pondría en duda la legitimidad del tribunal. Para el investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario Iván Daniel Jaramillo, “en 2009 la Corte Constitucional declaró inexequible la posibilidad de que el presidente convocara a un tribunal para terminar una huelga alegando la afectación de la economía. Es decir, se determinó que el Gobierno no debe intervenir en la libertad sindical, y parte fundamental de este derecho es la huelga”.

Sin embargo, el tribunal ya fue convocado, pero frente a esto, la Acdac afirmó que no elegirá un árbitro, alegando la ilegalidad de ese tribunal y por ende seguirán en cese de operaciones. Ante la negativa, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, dijo este lunes en Caracol Radio que “estamos actuando con mucha responsabilidad. Si no lo envían (el nombre del árbitro), nombraríamos a un segundo y un tercer árbitros por sorteo del listado de la Corte Suprema”.

Aunque el Gobierno esté presionando para usar el tribunal de arbitramento, existen trasfondos jurídicos que indicarían que este recurso legal tampoco sería la solución a la huelga de pilotos.

Dado que las negociaciones entre Avianca y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) se estancaron, llevando a la huelga de 700 pilotos de la aerolínea a completar 13 días este martes, el Ministerio del Trabajo ahora opta por los mecanismos jurídicos para encontrar solución a esta manifestación, que ha dejado más de 3.000 vuelos cancelados y 283.000 afectados. Es así como la semana pasada se anunció la convocatoria de un tribunal de arbitramento que dirima el conflicto entre las partes. (Lea “Barrigazo” de economía por paro de Avianca)

La medida no escapó de polémicas, pues existen opinión dividas sobre la validez del tribunal de arbitramento en este caso. Para la Acdac es inconstitucional, pues alega que todavía no se habían cumplido los 60 días de paro que exige la ley para invocar este instrumento, y denuncia que se está vulnerando el derecho a la huelga. Por su parte, el Ministerio del Trabajo defiende el tribunal argumentando que la actividad de los pilotos es un servicio público esencial.

Precisamente, definir si los pilotos entran en la categoría de servicio público esencial siempre ha sido la pregunta del millón desde que comenzó la huelga, y también lo es para determinar si es viable el tribunal de arbitramento. (Lea Líder de la huelga en Avianca dice que ese es el "mejor homenaje a los héroes de la patria")

Tanto el Ministerio de Trabajo como Avianca sostienen que es un servicio público esencial, pues es una actividad que afecta a todo el país. De hecho, Cotelco alerta sobre una reducción de más del 20 % en la ocupación hotelera de algunas ciudades, como Cartagena. Sin embargo, la Acdac se defiende en los conceptos que ha emitido la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre este tipo de trabajo.

Para empezar, la OIT ya había alertado sobre la falta de regulación de los trabajos públicos esenciales en Colombia, de manera que no hay norma que enliste cuáles profesiones pertenecen a esta categoría. Y por otro lado, este organismo (la OIT) publicó un documento en el que especifica que para ellos, los pilotos no serían un servicio público esencial.

De hecho, la legitimidad o no de la huelga la debe establecer la Sala Laboral del Tribunal Superior competente, y uno de los criterios a tener en cuenta suelen ser los conceptos de la Organización Internacional del Trabajo.

Así están las cosas, todo gira sobre la definición sobre si los pilotos entran en la categoría de servicio esencial. Es tal la relevancia de esto, que podría incluso impedir que el tribunal de arbitramento sesione.

El Espectador habló con un abogado que ha participado en estos organismos, quien pidió no ser citado, y explicó que “lo primero que deben hacer los árbitros es emitir un concepto sobre si el tribunal tiene o no facultades dentro del caso de la huelga de Avianca. Y la clave de esto es determinar si los pilotos entran en la categoría de servicio público esencial. Dependiendo de lo que decidan, se podrá sesionar o no”.

Y no sería lo único que pondría en duda la legitimidad del tribunal. Para el investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario Iván Daniel Jaramillo, “en 2009 la Corte Constitucional declaró inexequible la posibilidad de que el presidente convocara a un tribunal para terminar una huelga alegando la afectación de la economía. Es decir, se determinó que el Gobierno no debe intervenir en la libertad sindical, y parte fundamental de este derecho es la huelga”.

Sin embargo, el tribunal ya fue convocado, pero frente a esto, la Acdac afirmó que no elegirá un árbitro, alegando la ilegalidad de ese tribunal y por ende seguirán en cese de operaciones. Ante la negativa, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, dijo este lunes en Caracol Radio que “estamos actuando con mucha responsabilidad. Si no lo envían (el nombre del árbitro), nombraríamos a un segundo y un tercer árbitros por sorteo del listado de la Corte Suprema”.

Aunque el Gobierno esté presionando para usar el tribunal de arbitramento, existen trasfondos jurídicos que indicarían que este recurso legal tampoco sería la solución a la huelga de pilotos.