Ni los sindicatos apoyan propuesta de Uribe de subir el salario mínimo

La discusión en torno al salario mínimo se adelantó cuatro meses: el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez radicó un proyecto de ley que busca dar facultades extraordinarias al presidente Iván Duque para que, si lo cree prudente, decrete un incremento salarial significativo y sin necesidad de esperar el resultado de las negociaciones entre empresarios y sindicatos que se dan a final de año. (Lea Aumento del salario mínimo: más dudas que certezas en la propuesta uribista)

Textualmente, la iniciativa propone “el incremento extraordinario por una sola vez del salario mínimo legal mensual vigente, aprobado mediante el Decreto 2269 de 2017”. Además, realiza una serie de recomendaciones como “la articulación jurídica, tributaria y financiera con el fin de evitar presiones inflacionarias respecto del citado incremento extraordinario”. Por lo que, si Duque realiza esta alza salarial, deberá hacerla siempre y cuando no comprometa la estabilidad económica del país.

Como se esperaba, la propuesta generó un gran interés público y mediático. No es para menos, pues según el Ministerio de Trabajo, cerca de 1,5 millones de colombianos devengan el salario mínimo. Y estas palabras (salario mínimo) suelen estar cada año entre las más buscadas en Google en Colombia.

Sin embargo, por el momento prevalece la discordia entre los que apoyan el proyecto de ley, que, argumenta el texto, se da como respuesta necesaria al deterioro económico y social que padece Colombia (aunque no justifica con cifras esta aseveración) y están quienes aseguran que es tan sólo una jugada política para mejorar la imagen del Gobierno ante la tributaria, pero que puede tener graves efectos sobre la economía e institucionalidad del país.

Es un debate complejo que requiere analizar el estado actual de los indicadores socioeconómicos y sus posibles impactos laborales y empresariales.

¿Los indicadores están tan mal?

Al analizar las cifras económicas y laborales del país se encuentra que, si bien los indicadores económicos y laborales puede que no se encuentran en su mejor condición, tampoco están en punto rojo.

Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que, si bien la tasa de desempleo se ha venido estancando recientemente, en el mediano plazo sí ha mostrado una reducción importante: en junio de 2010 se encontraba en 11,6 %, en el mismo mes de 2014 estaba en 9,3 % y en 2018 (también junio) llegó a 9,1 %.

Respecto al crecimiento económico, es bien conocido que el país apenas está terminando de sentir los estragos de la crisis internacional del petróleo. Pero aun así en el reporte del segundo trimestre de 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) registró un alza de 2,8 %, un poco mejor que las expectativas del Banco de la República.

¿Qué dicen los empresarios?

Aunque en los últimos cuatro años Bruce Mac Master, presidente de la Andi, fue uno de los principales detractores de los incrementos bruscos en el salario mínimo, alertando sobre las consecuencias nocivas sobre la generación de empleo, en esta oportunidad le parece interesante la propuesta de Uribe.

“Puede traer efectos importantes en los hogares colombianos, en su capacidad de compra. Debemos tener mucho cuidado para que la iniciativa no vaya a crear unos efectos indeseados sobre las finanzas públicas. Por ejemplo, todos los gastos que eventualmente tiene el Estado que estén atados a los salarios mínimos legales. Y me parece que hay que revisar quizás el mecanismo porque no tengo seguridad de que esto se deba hacer a través de un proyecto de ley”, dijo Mac Master en diálogo con La FM.

Pero también hay dirigentes gremiales que muestran su preocupación sobre el proyecto de ley. Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), advierte que “tal vez para las grandes empresas el salario mínimo no sea tan importante, pues tienen varios escalafones salariales, pero sí lo es para las pymes: es el sueldo más abundante dentro de estas unidades productivas. Por lo que un incremento salarial de este tipo las impactaría con mayor fuerza”.

Quintero agrega que no cree que “el proyecto de ley pase en el Congreso. La verdad nos sorprende que se dé esta propuesta en pleno cambio de gobierno, cuando nos habían prometido reformas para fortalecer a las empresas. Además, hay que tener en cuenta que la productividad sigue negativa, por lo que no es el momento. Creemos que se deben dar reformas laborales de otro tipo, como un estímulo para los trabajadores de mayor productividad”.

Asimismo, Camilo Herrera, creador de la firma de investigación de mercado Raddar, indica que “el aumento de salario desmotiva la creación de ciertos empleos, en un momento en el que se está creando muy poco, lo que frena el gasto. Hay que ver cómo es el escenario en el efecto neto. El gran riesgo es un aumento de la informalidad”.

¿Y los sindicatos?

Aunque el proyecto proponga una de las principales peticiones de las centrales obreras, tampoco cuenta con su apoyo. Para Mario Alejandro Valencia, director de Cedetrabajo, “el proyecto del senador Uribe es una cortina de humo para esconder que en la reforma tributaria sí se va a afectar el bolsillo de los hogares, por la vía de aumentar la base de productos gravados con IVA y el incremento del impuesto de renta. El proyecto no es para subir el salario, sino para otorgar facultades extraordinarias al presidente para que lo considere”.

Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) indicó que “no podemos aceptar que la necesidad del aumento del salario mínimo se pueda utilizar para justificar una reducción significativa de los impuestos de los empresarios y trasladarlos al resto de los ciudadanos de a pie”.

¿Golpe a la institucionalidad?

Aunque el proyecto de ley contempla un espacio para socializar el incremento con la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la misma iniciativa pone en riesgo su existencia y sentido.

Para Diego Guevara, profesor de la escuela de economía de la Universidad Nacional, la propuesta de Uribe “no tiene ninguna estructuración técnica ni económica. Es más como para mandar una señal política y es probable que no sea aprobado en el Congreso. De fondo, la propuesta hace que se pierda el poder de negociación en la mesa de final de año. Como ya se tendría un aumento del salario, se puede decir entonces que sólo debe incrementarse en el nivel de la inflación y la productividad, y eso, a todas luces, no es un incremento: es una actualización, pero no significa más poder adquisitivo para los trabajadores”.

No obstante, hay que reconocer que la mesa de concertación no ha mostrado los mejores resultados. En los 20 años que lleva operando sólo se ha llegado a seis acuerdos entre empresarios y sindicatos para definir el incremento del salario mínimo. A pesar de esto, el investigador del observatorio laboral de la Universidad del Rosario, Iván Daniel Jaramillo, dice que “este es un espacio creado por la Constitución (artículo 56) para el dialogo tripartito: Gobierno, trabajadores y empresarios. Por lo que no es deseable derogarlo, aunque tal vez sí se debe reformular y mejorar su metodología”.

La discusión en torno al salario mínimo se adelantó cuatro meses: el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez radicó un proyecto de ley que busca dar facultades extraordinarias al presidente Iván Duque para que, si lo cree prudente, decrete un incremento salarial significativo y sin necesidad de esperar el resultado de las negociaciones entre empresarios y sindicatos que se dan a final de año. (Lea Aumento del salario mínimo: más dudas que certezas en la propuesta uribista)

Textualmente, la iniciativa propone “el incremento extraordinario por una sola vez del salario mínimo legal mensual vigente, aprobado mediante el Decreto 2269 de 2017”. Además, realiza una serie de recomendaciones como “la articulación jurídica, tributaria y financiera con el fin de evitar presiones inflacionarias respecto del citado incremento extraordinario”. Por lo que, si Duque realiza esta alza salarial, deberá hacerla siempre y cuando no comprometa la estabilidad económica del país.

Como se esperaba, la propuesta generó un gran interés público y mediático. No es para menos, pues según el Ministerio de Trabajo, cerca de 1,5 millones de colombianos devengan el salario mínimo. Y estas palabras (salario mínimo) suelen estar cada año entre las más buscadas en Google en Colombia.

Sin embargo, por el momento prevalece la discordia entre los que apoyan el proyecto de ley, que, argumenta el texto, se da como respuesta necesaria al deterioro económico y social que padece Colombia (aunque no justifica con cifras esta aseveración) y están quienes aseguran que es tan sólo una jugada política para mejorar la imagen del Gobierno ante la tributaria, pero que puede tener graves efectos sobre la economía e institucionalidad del país.

Es un debate complejo que requiere analizar el estado actual de los indicadores socioeconómicos y sus posibles impactos laborales y empresariales.

¿Los indicadores están tan mal?

Al analizar las cifras económicas y laborales del país se encuentra que, si bien los indicadores económicos y laborales puede que no se encuentran en su mejor condición, tampoco están en punto rojo.

Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que, si bien la tasa de desempleo se ha venido estancando recientemente, en el mediano plazo sí ha mostrado una reducción importante: en junio de 2010 se encontraba en 11,6 %, en el mismo mes de 2014 estaba en 9,3 % y en 2018 (también junio) llegó a 9,1 %.

Respecto al crecimiento económico, es bien conocido que el país apenas está terminando de sentir los estragos de la crisis internacional del petróleo. Pero aun así en el reporte del segundo trimestre de 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) registró un alza de 2,8 %, un poco mejor que las expectativas del Banco de la República.

¿Qué dicen los empresarios?

Aunque en los últimos cuatro años Bruce Mac Master, presidente de la Andi, fue uno de los principales detractores de los incrementos bruscos en el salario mínimo, alertando sobre las consecuencias nocivas sobre la generación de empleo, en esta oportunidad le parece interesante la propuesta de Uribe.

“Puede traer efectos importantes en los hogares colombianos, en su capacidad de compra. Debemos tener mucho cuidado para que la iniciativa no vaya a crear unos efectos indeseados sobre las finanzas públicas. Por ejemplo, todos los gastos que eventualmente tiene el Estado que estén atados a los salarios mínimos legales. Y me parece que hay que revisar quizás el mecanismo porque no tengo seguridad de que esto se deba hacer a través de un proyecto de ley”, dijo Mac Master en diálogo con La FM.

Pero también hay dirigentes gremiales que muestran su preocupación sobre el proyecto de ley. Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), advierte que “tal vez para las grandes empresas el salario mínimo no sea tan importante, pues tienen varios escalafones salariales, pero sí lo es para las pymes: es el sueldo más abundante dentro de estas unidades productivas. Por lo que un incremento salarial de este tipo las impactaría con mayor fuerza”.

Quintero agrega que no cree que “el proyecto de ley pase en el Congreso. La verdad nos sorprende que se dé esta propuesta en pleno cambio de gobierno, cuando nos habían prometido reformas para fortalecer a las empresas. Además, hay que tener en cuenta que la productividad sigue negativa, por lo que no es el momento. Creemos que se deben dar reformas laborales de otro tipo, como un estímulo para los trabajadores de mayor productividad”.

Asimismo, Camilo Herrera, creador de la firma de investigación de mercado Raddar, indica que “el aumento de salario desmotiva la creación de ciertos empleos, en un momento en el que se está creando muy poco, lo que frena el gasto. Hay que ver cómo es el escenario en el efecto neto. El gran riesgo es un aumento de la informalidad”.

¿Y los sindicatos?

Aunque el proyecto proponga una de las principales peticiones de las centrales obreras, tampoco cuenta con su apoyo. Para Mario Alejandro Valencia, director de Cedetrabajo, “el proyecto del senador Uribe es una cortina de humo para esconder que en la reforma tributaria sí se va a afectar el bolsillo de los hogares, por la vía de aumentar la base de productos gravados con IVA y el incremento del impuesto de renta. El proyecto no es para subir el salario, sino para otorgar facultades extraordinarias al presidente para que lo considere”.

Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) indicó que “no podemos aceptar que la necesidad del aumento del salario mínimo se pueda utilizar para justificar una reducción significativa de los impuestos de los empresarios y trasladarlos al resto de los ciudadanos de a pie”.

¿Golpe a la institucionalidad?

Aunque el proyecto de ley contempla un espacio para socializar el incremento con la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la misma iniciativa pone en riesgo su existencia y sentido.

Para Diego Guevara, profesor de la escuela de economía de la Universidad Nacional, la propuesta de Uribe “no tiene ninguna estructuración técnica ni económica. Es más como para mandar una señal política y es probable que no sea aprobado en el Congreso. De fondo, la propuesta hace que se pierda el poder de negociación en la mesa de final de año. Como ya se tendría un aumento del salario, se puede decir entonces que sólo debe incrementarse en el nivel de la inflación y la productividad, y eso, a todas luces, no es un incremento: es una actualización, pero no significa más poder adquisitivo para los trabajadores”.

No obstante, hay que reconocer que la mesa de concertación no ha mostrado los mejores resultados. En los 20 años que lleva operando sólo se ha llegado a seis acuerdos entre empresarios y sindicatos para definir el incremento del salario mínimo. A pesar de esto, el investigador del observatorio laboral de la Universidad del Rosario, Iván Daniel Jaramillo, dice que “este es un espacio creado por la Constitución (artículo 56) para el dialogo tripartito: Gobierno, trabajadores y empresarios. Por lo que no es deseable derogarlo, aunque tal vez sí se debe reformular y mejorar su metodología”.