No hay IVA, pero... ¿Por qué preocupa que bienes de la canasta básica queden excluidos del impuesto?

Más tardó el Gobierno en presentar su propuesta de reforma tributaria que varias voces en señalar uno de los puntos más problemáticos: la lista de bienes que no causarían el impuesto de IVA (artículo 35 del proyecto de ley radicado). Aunque esto puede sonar como un beneficio para el consumidor, varios economistas y gremios han señalado el perjuicio que, por el contrario, podría ocasionar: un incremento en el precio final para los hogares.

Entre los bienes de esa lista (de más de 100 partidas y subpartidas) están las carnes, los huevos, las verduras y hasta las toallas higiénicas. Según la exposición de motivos del proyecto, “es importante eliminar el tratamiento de exentos para promover una mayor neutralidad, eficiencia y simplicidad del impuesto (...) Este tratamiento diferencial rompe con el principio de neutralidad en la medida que las cargas efectivas terminan siendo diferentes entre bienes y servicios similares”. Además, dice, dificulta la lucha contra la evasión. Aclara que bienes como los alimentos mencionados quedan excluidos “para contrarrestar los efectos regresivos que tiene un impuesto indirecto como el IVA”, al tiempo que exalta la propuesta de compensación de este impuesto para los hogares más pobres.

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Sin embargo, como explica Natalia Moreno, economista y vocera de la campaña Menstruación Libre de Impuestos, “trasladar de bienes exentos a bienes excluidos las toallas higiénicas o cualquier elemento de la canasta básica tiene fuertes implicaciones sobre su precio final. Cuando es exento, su tarifa es 0 %, es decir, tiene IVA, pero del 0 %. Eso permite que entre en la contabilidad de quienes producen esos artículos y que el Gobierno les reponga los IVA que pagan en los insumos para la producción del bien”.

Es decir, la posibilidad de recuperar los IVA “disminuye los costos de producción y, por lo tanto, el precio final. Al dejarlos como excluidos, ya no se puede solicitar la devolución de los IVA intermedios en el proceso. Se aumentaría el costo de producción y, por ende, el precio final al consumidor”, agrega Moreno. Algo similar estiman gremios de la producción. “Al eliminar la categoría de bienes exentos de los productos básicos de la canasta familiar y pasar a excluidos significa que los insumos para la producción de alimentos como el arroz, la carne, el pollo, los huevos, el cerdo, la leche y el pescado van a tener un sobrecosto que en algunos sectores de la cadena de alimentos será entre el 5 y 10 %, valor que tendrá que pagar el consumidor”, dijeron Asoleche, Fedearroz, Fedeacua, Porkcolombia y Fenavi en un comunicado conjunto.

Según estas organizaciones, además, habría consecuencias para la formalidad laboral en el sector rural y la capacidad de competir frente a las importaciones. “En la actualidad la categoría de exentos garantiza que los productores agropecuarios soliciten la devolución del IVA generado en la cadena de producción, que exige formalidad en cuanto a la declaración del impuesto de renta, formalidad laboral de los trabajadores y formalidad ambiental. Si se eliminan los bienes exentos, como está contemplado, se pierde la poca formalidad que hoy existe en el agro colombiano”, dice el comunicado.

Sobre el asunto de las importaciones, Jeffrey Fajardo, presidente del gremio porcicultor Porkcolombia, pone como ejemplo: “En el supermercado una persona no pagaría IVA por la carne de cerdo colombiana ni por la carne de cerdo importada. La diferencia es que al producto colombiano se le habría cargado un sobrecosto de producción que el extranjero no tendría. La inmensa mayoría de la carne de cerdo importada viene de Estados Unidos. El productor estadounidense no paga esos IVA en su cadena, sino todo lo contrario, recibe muchas ayudas de su gobierno, internas, que lo hacen más competitivo. Ahora esa ventaja competitiva se haría aún más grande porque al productor colombiano se le estará poniendo un sobrecosto que al importado no”.

Fajardo agrega que la transferencia de esos sobrecostos a los consumidores tiene matices: “El productor colombiano no le va a subir fácilmente el precio al consumidor final precisamente porque tiene la competencia del producto importado. En ese sentido es más probable que salga del mercado a que suba el precio, esa es la gran preocupación”.

En el caso de los productos de higiene menstrual, Moreno advierte que el paso de bienes exentos a excluidos es “preocupante porque habíamos logrado disminuir ese costo de producción vía devolución de los IVA intermedios”. Una eventual transferencia de esos costos al producto final, agrega la economista, sería de “altísima gravedad”, teniendo en cuenta la vulnerabilidad económica de las mujeres en Colombia, al registrar menores tasas de ocupación, mayores tasas de desempleo, entre otras problemáticas que no han hecho sino agravarse con la pandemia.

Moreno es vocera del movimiento que hace casi cinco años puso sobre la mesa el problema de que las toallas y los tampones, bienes esenciales para la mayoría de las mujeres en edad reproductiva, tuvieran IVA: se trataba de un gravamen que recaía en productos que solo utiliza esta población, para quienes menstruar no es opcional, algo que se suma a las desventajas económicas mencionadas.

“El fallo de la Corte Constitucional (que tumbó el IVA) es claro en que estos artículos deben ser exentos. Cualquier modificación que se haga tiene un impacto en el precio final e iría en contravía de lo expresado por la Corte, que de hecho en su momento hizo el estudio para ver qué convenía más: que fueran exentos o que fueran excluidos, y el fallo es claro en que deben ser exentos para que el precio no aumente y resolver el problema de fondo permitiendo que más mujeres puedan acceder a estos artículos. Hoy, por ejemplo, en Chocó una proporción importante de niñas y adolescentes no pueden acceder a estos artículos y menos podrían hacerlo si se sube el precio, lo que pondría en riesgo su derecho a la educación, a la salud, entre otros derechos conexos al hecho de no poder acceder a artículos de protección menstrual”.

Estas son solo algunas de las preocupaciones expuestas, desde distintos frentes, alrededor de la posible nueva lista de bienes excluidos del IVA. Sin mencionar otras medidas que tendrían un impacto indirecto en los precios de bienes y servicios, como la sobretasa a la gasolina. Para Fajardo, “es la reforma tributaria más ambiciosa que se ha presentado en la historia de Colombia, en el peor momento de la historia económica de Colombia; una reforma en este momento debería ceñirse a solucionar un problema coyuntural de ingresos del Estado para sortear esta crisis, pero bajo una racionalidad de que las decisiones que se tomen desde lo tributario no alteren la posibilidad de que el país retorne a una senda de crecimiento y no afecte la capacidad adquisitiva de los hogares, que ya están golpeados por la pandemia como para asestarles un golpe final a través de los tributos”.

Más tardó el Gobierno en presentar su propuesta de reforma tributaria que varias voces en señalar uno de los puntos más problemáticos: la lista de bienes que no causarían el impuesto de IVA (artículo 35 del proyecto de ley radicado). Aunque esto puede sonar como un beneficio para el consumidor, varios economistas y gremios han señalado el perjuicio que, por el contrario, podría ocasionar: un incremento en el precio final para los hogares.

Entre los bienes de esa lista (de más de 100 partidas y subpartidas) están las carnes, los huevos, las verduras y hasta las toallas higiénicas. Según la exposición de motivos del proyecto, “es importante eliminar el tratamiento de exentos para promover una mayor neutralidad, eficiencia y simplicidad del impuesto (...) Este tratamiento diferencial rompe con el principio de neutralidad en la medida que las cargas efectivas terminan siendo diferentes entre bienes y servicios similares”. Además, dice, dificulta la lucha contra la evasión. Aclara que bienes como los alimentos mencionados quedan excluidos “para contrarrestar los efectos regresivos que tiene un impuesto indirecto como el IVA”, al tiempo que exalta la propuesta de compensación de este impuesto para los hogares más pobres.

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Sin embargo, como explica Natalia Moreno, economista y vocera de la campaña Menstruación Libre de Impuestos, “trasladar de bienes exentos a bienes excluidos las toallas higiénicas o cualquier elemento de la canasta básica tiene fuertes implicaciones sobre su precio final. Cuando es exento, su tarifa es 0 %, es decir, tiene IVA, pero del 0 %. Eso permite que entre en la contabilidad de quienes producen esos artículos y que el Gobierno les reponga los IVA que pagan en los insumos para la producción del bien”.

Es decir, la posibilidad de recuperar los IVA “disminuye los costos de producción y, por lo tanto, el precio final. Al dejarlos como excluidos, ya no se puede solicitar la devolución de los IVA intermedios en el proceso. Se aumentaría el costo de producción y, por ende, el precio final al consumidor”, agrega Moreno. Algo similar estiman gremios de la producción. “Al eliminar la categoría de bienes exentos de los productos básicos de la canasta familiar y pasar a excluidos significa que los insumos para la producción de alimentos como el arroz, la carne, el pollo, los huevos, el cerdo, la leche y el pescado van a tener un sobrecosto que en algunos sectores de la cadena de alimentos será entre el 5 y 10 %, valor que tendrá que pagar el consumidor”, dijeron Asoleche, Fedearroz, Fedeacua, Porkcolombia y Fenavi en un comunicado conjunto.

Según estas organizaciones, además, habría consecuencias para la formalidad laboral en el sector rural y la capacidad de competir frente a las importaciones. “En la actualidad la categoría de exentos garantiza que los productores agropecuarios soliciten la devolución del IVA generado en la cadena de producción, que exige formalidad en cuanto a la declaración del impuesto de renta, formalidad laboral de los trabajadores y formalidad ambiental. Si se eliminan los bienes exentos, como está contemplado, se pierde la poca formalidad que hoy existe en el agro colombiano”, dice el comunicado.

Sobre el asunto de las importaciones, Jeffrey Fajardo, presidente del gremio porcicultor Porkcolombia, pone como ejemplo: “En el supermercado una persona no pagaría IVA por la carne de cerdo colombiana ni por la carne de cerdo importada. La diferencia es que al producto colombiano se le habría cargado un sobrecosto de producción que el extranjero no tendría. La inmensa mayoría de la carne de cerdo importada viene de Estados Unidos. El productor estadounidense no paga esos IVA en su cadena, sino todo lo contrario, recibe muchas ayudas de su gobierno, internas, que lo hacen más competitivo. Ahora esa ventaja competitiva se haría aún más grande porque al productor colombiano se le estará poniendo un sobrecosto que al importado no”.

Fajardo agrega que la transferencia de esos sobrecostos a los consumidores tiene matices: “El productor colombiano no le va a subir fácilmente el precio al consumidor final precisamente porque tiene la competencia del producto importado. En ese sentido es más probable que salga del mercado a que suba el precio, esa es la gran preocupación”.

En el caso de los productos de higiene menstrual, Moreno advierte que el paso de bienes exentos a excluidos es “preocupante porque habíamos logrado disminuir ese costo de producción vía devolución de los IVA intermedios”. Una eventual transferencia de esos costos al producto final, agrega la economista, sería de “altísima gravedad”, teniendo en cuenta la vulnerabilidad económica de las mujeres en Colombia, al registrar menores tasas de ocupación, mayores tasas de desempleo, entre otras problemáticas que no han hecho sino agravarse con la pandemia.

Moreno es vocera del movimiento que hace casi cinco años puso sobre la mesa el problema de que las toallas y los tampones, bienes esenciales para la mayoría de las mujeres en edad reproductiva, tuvieran IVA: se trataba de un gravamen que recaía en productos que solo utiliza esta población, para quienes menstruar no es opcional, algo que se suma a las desventajas económicas mencionadas.

“El fallo de la Corte Constitucional (que tumbó el IVA) es claro en que estos artículos deben ser exentos. Cualquier modificación que se haga tiene un impacto en el precio final e iría en contravía de lo expresado por la Corte, que de hecho en su momento hizo el estudio para ver qué convenía más: que fueran exentos o que fueran excluidos, y el fallo es claro en que deben ser exentos para que el precio no aumente y resolver el problema de fondo permitiendo que más mujeres puedan acceder a estos artículos. Hoy, por ejemplo, en Chocó una proporción importante de niñas y adolescentes no pueden acceder a estos artículos y menos podrían hacerlo si se sube el precio, lo que pondría en riesgo su derecho a la educación, a la salud, entre otros derechos conexos al hecho de no poder acceder a artículos de protección menstrual”.

Estas son solo algunas de las preocupaciones expuestas, desde distintos frentes, alrededor de la posible nueva lista de bienes excluidos del IVA. Sin mencionar otras medidas que tendrían un impacto indirecto en los precios de bienes y servicios, como la sobretasa a la gasolina. Para Fajardo, “es la reforma tributaria más ambiciosa que se ha presentado en la historia de Colombia, en el peor momento de la historia económica de Colombia; una reforma en este momento debería ceñirse a solucionar un problema coyuntural de ingresos del Estado para sortear esta crisis, pero bajo una racionalidad de que las decisiones que se tomen desde lo tributario no alteren la posibilidad de que el país retorne a una senda de crecimiento y no afecte la capacidad adquisitiva de los hogares, que ya están golpeados por la pandemia como para asestarles un golpe final a través de los tributos”.