“No se está hablando de expropiaciones”: Minhacienda sobre inversiones forzosas

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, se refirió este martes a la polémica sobre las inversiones forzosas en las que insiste el presidente Gustavo Petro.

Vale la pena mencionar que el primer mandatario dijo, tanto en su discurso en el foro para la reactivación economía, que se realizó el pasado viernes en Manizales, como en su cuenta de X, que buscará que el Congreso apruebe este mecanismo para la “industria exportadora, para el mejoramiento de vivienda y la vivienda nueva y para la economía popular” e insistió en que ya existen en el sector agropecuario.

Lea: ¿En qué consisten las polémicas inversiones forzosas en las que insiste Petro?

De acuerdo con Bonilla, las inversiones forzosas existen en el país desde hace más de 20 años y que lo que propone el Gobierno es extenderlas a sectores como turismo, industrialización y energías renovables para impulsar la economía. “No se está hablando ni pensando en expropiaciones”, dijo el jefe de la cartera.

“Las inversiones forzosas no tienen el propósito de expropiar el ahorro de los colombianos. El proyecto sí propone inversiones forzosas para reactivar la economía, garantizando seguridad y rentabilidad en sectores productivos, pero sin afectar negativamente los ahorros de los colombianos”, aseguró Presidencia de la República en su cuenta de X.

Por ahora, las únicas inversiones forzosas que sobreviven en el país están en el agro. Alexandra Restrepo, presidenta de Finagro, dijo a este diario que los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) han permitido que los productores accedan al sistema financiero. Por medio de la Ley 16 de 1990 se creó el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, Finagro y los TDA, que son la principal fuente de financiamiento del sector.

Las instituciones financieras tienen la obligación de adquirir TDA, la cantidad de inversión se determina según ciertos criterios y se divide entre TDA tipo A y TDA tipo B. Los del primer tipo se destinan para el fondeo de los pequeños productores con condiciones de financiamiento más bajas y los segundos, para créditos a medianos y grandes productores.

Según Bonilla, Finagro administra los recursos de esos ingresos y ofrece créditos a pequeños y medianos productores del agro para producción y transformación. “Se trata de democratizar ese segmento en otros sectores como turismo, industria y energías renovables”.

¿Qué son las inversiones forzosas?

Como explicó José Ignacio López, presidente de la ANIF, los bancos usan parte de los depósitos (los recursos que guardan de sus clientes) para entregar créditos considerando criterios de rentabilidad y riesgo, pero con las inversiones forzosas se verían obligados a destinar cierta cantidad de recursos para una inversión en particular. Dependiendo de cómo lo plantee el Gobierno, esos recursos se podrían entregar directamente a los beneficiarios a través de créditos o por medio de entidades de fomento que se financien con esas inversiones para poder entregar los préstamos.

Le recomendamos: El Gobierno abrió el debate sobre las inversiones forzosas: ¿qué son?

El problema con la propuesta de Petro es que el mecanismo no les suena a expertos y gremios. Durante la Convención Bancaria, en junio, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, aseguró que es una “mala idea” y que el modelo de inversiones forzosas ya fracasó en Colombia en la década de los setenta. “Fueron un elemento de represión financiera, hubo consenso entre todos los analistas de que lo que hacían era limitar el crédito porque parte del ahorro nacional se iba necesariamente a unos sectores, entonces había una distorsión”.

Este martes, Malagón se volvió a referir al tema y dijo, a través de su cuenta en X, que el sector financiero considera que la propuesta de inversiones forzosas resulta inconveniente, “porque constituye un mecanismo de represión financiera que limita el crédito para otras actividades. Es un subsidio cruzado que reduce los fondos prestables, por lo que la mayoría de los colombianos tendría que pagar una tasa de interés más alta para que los sectores beneficiados cuenten con una más baja”.

José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, sostiene que la propuesta es inadecuada. “Lo que se necesita son acciones coordinadas del Grupo Bicentenario, que reúne a las entidades financieras del sector público. A través del grupo se pueden otorgar líneas de crédito, algunas concesionales, así como garantías. Un esquema de este tipo es el programa de financiamiento de la economía popular lanzado a finales del 2022, que no ha sido implementado adecuadamente. Un buen programa de crédito puede y debe ser además concertado con el sector financiero privado”.

Finalmente, Bonilla dijo que, por ahora, se encuentran trabajando con el sector financiero, pero que será un proceso que tomará tiempo y deberá ser llevado al Congreso. “Las personas siguen teniendo disponible la plata de sus cuentas corrientes”, afirmó el funcionario.

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Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, se refirió este martes a la polémica sobre las inversiones forzosas en las que insiste el presidente Gustavo Petro.

Vale la pena mencionar que el primer mandatario dijo, tanto en su discurso en el foro para la reactivación economía, que se realizó el pasado viernes en Manizales, como en su cuenta de X, que buscará que el Congreso apruebe este mecanismo para la “industria exportadora, para el mejoramiento de vivienda y la vivienda nueva y para la economía popular” e insistió en que ya existen en el sector agropecuario.

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De acuerdo con Bonilla, las inversiones forzosas existen en el país desde hace más de 20 años y que lo que propone el Gobierno es extenderlas a sectores como turismo, industrialización y energías renovables para impulsar la economía. “No se está hablando ni pensando en expropiaciones”, dijo el jefe de la cartera.

“Las inversiones forzosas no tienen el propósito de expropiar el ahorro de los colombianos. El proyecto sí propone inversiones forzosas para reactivar la economía, garantizando seguridad y rentabilidad en sectores productivos, pero sin afectar negativamente los ahorros de los colombianos”, aseguró Presidencia de la República en su cuenta de X.

Por ahora, las únicas inversiones forzosas que sobreviven en el país están en el agro. Alexandra Restrepo, presidenta de Finagro, dijo a este diario que los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) han permitido que los productores accedan al sistema financiero. Por medio de la Ley 16 de 1990 se creó el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, Finagro y los TDA, que son la principal fuente de financiamiento del sector.

Las instituciones financieras tienen la obligación de adquirir TDA, la cantidad de inversión se determina según ciertos criterios y se divide entre TDA tipo A y TDA tipo B. Los del primer tipo se destinan para el fondeo de los pequeños productores con condiciones de financiamiento más bajas y los segundos, para créditos a medianos y grandes productores.

Según Bonilla, Finagro administra los recursos de esos ingresos y ofrece créditos a pequeños y medianos productores del agro para producción y transformación. “Se trata de democratizar ese segmento en otros sectores como turismo, industria y energías renovables”.

¿Qué son las inversiones forzosas?

Como explicó José Ignacio López, presidente de la ANIF, los bancos usan parte de los depósitos (los recursos que guardan de sus clientes) para entregar créditos considerando criterios de rentabilidad y riesgo, pero con las inversiones forzosas se verían obligados a destinar cierta cantidad de recursos para una inversión en particular. Dependiendo de cómo lo plantee el Gobierno, esos recursos se podrían entregar directamente a los beneficiarios a través de créditos o por medio de entidades de fomento que se financien con esas inversiones para poder entregar los préstamos.

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El problema con la propuesta de Petro es que el mecanismo no les suena a expertos y gremios. Durante la Convención Bancaria, en junio, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, aseguró que es una “mala idea” y que el modelo de inversiones forzosas ya fracasó en Colombia en la década de los setenta. “Fueron un elemento de represión financiera, hubo consenso entre todos los analistas de que lo que hacían era limitar el crédito porque parte del ahorro nacional se iba necesariamente a unos sectores, entonces había una distorsión”.

Este martes, Malagón se volvió a referir al tema y dijo, a través de su cuenta en X, que el sector financiero considera que la propuesta de inversiones forzosas resulta inconveniente, “porque constituye un mecanismo de represión financiera que limita el crédito para otras actividades. Es un subsidio cruzado que reduce los fondos prestables, por lo que la mayoría de los colombianos tendría que pagar una tasa de interés más alta para que los sectores beneficiados cuenten con una más baja”.

José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, sostiene que la propuesta es inadecuada. “Lo que se necesita son acciones coordinadas del Grupo Bicentenario, que reúne a las entidades financieras del sector público. A través del grupo se pueden otorgar líneas de crédito, algunas concesionales, así como garantías. Un esquema de este tipo es el programa de financiamiento de la economía popular lanzado a finales del 2022, que no ha sido implementado adecuadamente. Un buen programa de crédito puede y debe ser además concertado con el sector financiero privado”.

Finalmente, Bonilla dijo que, por ahora, se encuentran trabajando con el sector financiero, pero que será un proceso que tomará tiempo y deberá ser llevado al Congreso. “Las personas siguen teniendo disponible la plata de sus cuentas corrientes”, afirmó el funcionario.

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