"No se puede establecer cuánto se explota"

Después de la muerte del zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, muchas dudas han surgido sobre cuál es el papel que desempeña el Estado en la verificación y auditoría de ese negocio. Sorprende que uno de los pilares de la economía actual para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, como lo es la minería, presente una ausencia de control tan preocupante. El Espectador habló con María Constanza García, directora de la Agencia Nacional de Minería, sobre cuáles son los mecanismos que se están empezando a utilizar para controlar el sector minero en el país.

¿Cómo ha venido controlando el Estado colombiano las minas de esmeraldas en Boyacá?

En el país hay alrededor de 344 títulos mineros de esmeraldas no sólo en Boyacá, sino en todo el país. En principio no había ningún tipo de fiscalización, ésta se empezó a dar con la Ley de Regalías, ahí se empezó a poner orden. Hoy, en la Agencia Nacional de Minería, estamos fiscalizando en compañía de empresas tan prestigiosas como Boureau Veritas, hacemos una revisión integral de que efectivamente se esté pagando lo que le corresponde al Estado. Pero, asimismo, que cumplan con la normatividad ambiental y con las reglas laborales.

¿Por cuánto tiempo se otorga un título minero?

Originalmente era un contrato en virtud de aportes que establecía el derecho a la explotación por 30 años sin derecho a prórroga. En 2001 surgió la posibilidad de que esos contratos tuvieran el derecho a hacerlo.

¿Cuántas veces se puede prorrogar un título? ¿Puede entonces una misma familia tener de por vida el derecho a explotar una porción de tierra?

Depende del régimen jurídico aplicado. Actualmente, en la ley puede haber múltiples prórrogas. Después de haber prorrogado una vez, por el mismo tiempo ya adjudicado lo que adquiere la empresa es un derecho preferente.

¿Qué tipo de contrato tienen los títulos mineros que pertenecían a Víctor Carranza y las grandes familias de las esmeraldas en Boyacá? ¿Qué régimen jurídico les aplica?

Estos contratos vienen desde principios de los años 70 y han sido objeto de renovaciones permanentes. Muchos de los títulos fueron el resultado de procesos de paz y fue una manera de agrupar los bandos que existían en la época.

¿Cuál es el estatus de esos títulos al día de hoy?

Están vigentes, se renovaron en 1995. Algunos tienen cláusula de prórroga y otros no. Como las partes podían de mutuo acuerdo pactar los plazos de las prórrogas, en algunos casos se pactaron 15 años y en otros 30.

¿Podemos decir que esta gente en su momento se apoderó de esas tierras y ante la imposibilidad del Estado de hacer algo las legalizaron?

No. Cuando había un hallazgo de una beta productora llegaban 500 mineros y se apoderaban de la zona. Como no había autoridad minera no había forma de controlarlo. Cuando se crearon las autoridades mineras empezó el control, porque comenzó a adjudicarse el derecho a explorar y explotar una zona mediante contratos. Los contratos que tienen estas familias hoy son producto del orden que se ha venido poniendo a través de las diferentes regulaciones.

Si todo está tan controlado en Boyacá, en el sector de las esmeraldas, ¿por qué se habla de que con la muerte de Víctor Carranza se podría desatar nuevamente una guerra en la zona?

La minería, y las esmeraldas en especial, es un sector que se ha visto sometido a presiones de grupos al margen de la ley. Como reacción a ello se ha manejado el respeto por los patrones que ejercen una fuerza de defensa y que no deja que a estas zonas entren estos grupos. El temor es que se debilite esa figura de gran patrón y entren los grupos ilegales.

¿Con eso entonces se confirma que con los ejércitos que conformaban estos grandes patrones es que se defendían las zonas?

No, no se puede hablar de un ejército. Lo que sucede es que en el negocio de las esmeraldas la fuerza más importante, más que la mano de obra, son la seguridad y la vigilancia. Más que un ejército y un tema de guerra, es la vigilancia que se requiere para este tipo de negocio.

¿Cómo funciona el pago de regalías de las esmeraldas?

Depende de la modalidad contractual. Hay contratos que deben pagar dependiendo la cantidad de producción. Ahí se estableció que por una esmeralda en bruto se debe pagar el 1,5% del valar por concepto de regalías.

¿Cómo hacen para saber cuántas esmeraldas se sacan, si en las mismas minas sus propios dueños tienen un andamiaje de seguridad enorme para controlar que eso pase?

No hay forma de establecer cuántas esmeraldas se van a sacar y esto no sólo pasa en ese sector, sino en el de todos los minerales. No tenemos forma de saber exactamente cuánto se extrae. Por constitución se establece que son ellos los que están obligados a declarar lo que se extrae.

¿Es decir que estamos sometidos a la buena fe de lo que quieran declarar las empresas mineras en Colombia?

Sí. Nosotros estamos buscando mejorar los mecanismos para no tener que someternos solamente a creer lo que dicen estas empresas, porque fe solamente en Dios. Cuando uno es autoridad no se puede quedar solamente en la buena fe y estamos implementando mecanismos para poder hacer la inspección y comprobación de que lo que nos están diciendo es cierto.

¿Cuánta plata ha recibido el Estado colombiano por cuenta de la explotación de esmeraldas?

Podríamos estar hablando que en los últimos diez años se han pagado por concepto de contraprestación económica unos $10.000 millones. La dificultad de hacer esa fiscalización hizo que en algún momento el Estado grabara la explotación con unas contraprestaciones fijas. Más percibe el Estado con esas contraprestaciones fijas que por concepto de regalías.

¿Tenemos familias que se han enriquecido por cuenta de la explotación de esmeraldas y hablamos sólo de $10.000 millones en diez años?

Sí, pero esto también ha dado lugar a unos regímenes asociativos en donde no es una sola familia, sino que son varias. Además, ya el negocio de las esmeraldas no es como hace años. Estas familias que han diversificado sus negocios no dependen solamente de las esmeraldas, porque ya el negocio no es tan boyante, porque tenemos una gran competencia en el ámbito mundial.

¿Todavía no me queda claro cuánto recibe el Estado colombiano por la explotación de esmeraldas?

Por ejemplo, un área otorgada de 50 hectáreas tiene que pagar alrededor de $1.000 millones al año por concepto de contraprestaciones, sin incluir las regalías.

¿Qué pasa con aquellas empresas que incumplen con los pagos que exige la ley por concepto de explotación y que no declaran todo lo que sacan?

Esa es una causal de caducidad, en todos los procesos de control que estamos haciendo. El incumplimiento del pago es subsanable, pero si al final no se paga, se retira el derecho de explotación.

¿Cuántos contratos han caducado a la fecha?

Hemos caducado alrededor de 30 contratos en el sector de las esmeraldas, por el incumplimiento de las contraprestaciones contractuales.

¿Se ha encontrado alguna vez que una empresa no reporta lo que realmente explotó en la mina?

No, porque no tenemos forma de darnos cuenta. Ni poniendo un policía en cada frente podríamos saberlo.

¿Y no se ha creado ningún sistema para poder controlarlo y así no estar sometidos a lo que le quieran declarar los mineros?

Sí. Creamos Glucon, que es un certificado de origen que estamos promoviendo para que todo aquel que vaya a comercializar una esmeralda tenga que demostrar cuál es su origen y tener un documento que la respalde.

Hace pocos días anunciaba usted una multa de $4.000 millones a las empresas adjudicatarias del contrato de fiscalización, entre ellas Bureau Veritas, ¿por qué?

Por la demora en la entrega de informes. Hay un problema que enfrenta Colombia y el mundo, y es que no hay disponibilidad de ingenieros de minas y geólogos. El proceso que ha adelantado el Fonade exige que las visitas a las minas sean firmadas, sólo por uno de estos dos especialistas. Y las empresas han encontrado esta limitante para realizar su trabajo. Se pudo haber mirado mejor esto a la hora de hacer las reglas de condiciones.

¿Cómo hicieron estas empresas para que se les adjudicaran los contratos?

No tenían que tener todo el personal listo. Además, estas empresas tenían unos tiempos para completar sus equipos. Esos tiempos son los que se les están cumpliendo, porque ellos tienen que presentar a Fonade sus equipos, las hojas de vida, su experiencia y demás, y eso es lo que no ha sucedido. Por eso hemos flexibilizado las condiciones.

¿Eso no es cambiar las condiciones a las reglas de participación?

No las hemos cambiado, sólo estamos evaluando si podemos flexibilizar los requisitos de profesionales. Por ejemplo, podemos permitir que un ingeniero civil haga inspecciones. Estamos siendo muy cuidadosos es en qué se puede flexibilizar, manteniendo las condiciones generales en las cuales se abrió y se adjudicó el proceso.

‘Las minas están funcionando bien’

Con la falta de personal que explica, estas empresas ya empezaron a hacer visitas en las minas para verificar la situación de las mismas?

Sí. Ellos ya nos han entregado hasta 1.700 informes completos, aquí hacemos un análisis juicioso y de ahí es donde tenemos la información para las multas y sanciones.

¿Usted puede dar fe que esas empresas que se ganaron el contrato para realizar la fiscalización minera están funcionando bien?

Inicialmente hubo una dificultad en el arranque, pero hoy están trabajando bien. Ya están operando en forma, aunque me parece importante aclararle que estas demoras no se han dado en los proyectos de interés nacional como el Cerrejón, Cerro Matoso y demás, esos informes se han entregado a satisfacción.

Lo ambiental lo hacen empresas extranjeras

El contrato se estipuló por dos años, ¿qué pasa si no se cumplen los tiempos? 

Hay una restricción en tiempos y es que los contratos no pueden exceder el período presidencial.

¿Qué pasa entonces con la plata?

Los recursos no se pierden, vuelven al Tesoro, además aquí se paga por informe aprobado. 

¿Los informes tienen contemplado lo ambiental?

Dentro de nuestras competencias, aunque el control ambiental es inherente a la actividad minera, por supuesto que es un punto de los reportes entregados. 

¿Me suena a que entonces delegamos la función de fiscalización a unos privados?

No, ellos son una herramienta y un apoyo para hacer esa tarea, que dadas las condiciones de donde veníamos no había gente ni presupuesto para hacerlo, tener ahora esta infraestructura con empresas independientes con un gran nombre del orden internacional nos da tranquilidad.

Después de la muerte del zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, muchas dudas han surgido sobre cuál es el papel que desempeña el Estado en la verificación y auditoría de ese negocio. Sorprende que uno de los pilares de la economía actual para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, como lo es la minería, presente una ausencia de control tan preocupante. El Espectador habló con María Constanza García, directora de la Agencia Nacional de Minería, sobre cuáles son los mecanismos que se están empezando a utilizar para controlar el sector minero en el país.

¿Cómo ha venido controlando el Estado colombiano las minas de esmeraldas en Boyacá?

En el país hay alrededor de 344 títulos mineros de esmeraldas no sólo en Boyacá, sino en todo el país. En principio no había ningún tipo de fiscalización, ésta se empezó a dar con la Ley de Regalías, ahí se empezó a poner orden. Hoy, en la Agencia Nacional de Minería, estamos fiscalizando en compañía de empresas tan prestigiosas como Boureau Veritas, hacemos una revisión integral de que efectivamente se esté pagando lo que le corresponde al Estado. Pero, asimismo, que cumplan con la normatividad ambiental y con las reglas laborales.

¿Por cuánto tiempo se otorga un título minero?

Originalmente era un contrato en virtud de aportes que establecía el derecho a la explotación por 30 años sin derecho a prórroga. En 2001 surgió la posibilidad de que esos contratos tuvieran el derecho a hacerlo.

¿Cuántas veces se puede prorrogar un título? ¿Puede entonces una misma familia tener de por vida el derecho a explotar una porción de tierra?

Depende del régimen jurídico aplicado. Actualmente, en la ley puede haber múltiples prórrogas. Después de haber prorrogado una vez, por el mismo tiempo ya adjudicado lo que adquiere la empresa es un derecho preferente.

¿Qué tipo de contrato tienen los títulos mineros que pertenecían a Víctor Carranza y las grandes familias de las esmeraldas en Boyacá? ¿Qué régimen jurídico les aplica?

Estos contratos vienen desde principios de los años 70 y han sido objeto de renovaciones permanentes. Muchos de los títulos fueron el resultado de procesos de paz y fue una manera de agrupar los bandos que existían en la época.

¿Cuál es el estatus de esos títulos al día de hoy?

Están vigentes, se renovaron en 1995. Algunos tienen cláusula de prórroga y otros no. Como las partes podían de mutuo acuerdo pactar los plazos de las prórrogas, en algunos casos se pactaron 15 años y en otros 30.

¿Podemos decir que esta gente en su momento se apoderó de esas tierras y ante la imposibilidad del Estado de hacer algo las legalizaron?

No. Cuando había un hallazgo de una beta productora llegaban 500 mineros y se apoderaban de la zona. Como no había autoridad minera no había forma de controlarlo. Cuando se crearon las autoridades mineras empezó el control, porque comenzó a adjudicarse el derecho a explorar y explotar una zona mediante contratos. Los contratos que tienen estas familias hoy son producto del orden que se ha venido poniendo a través de las diferentes regulaciones.

Si todo está tan controlado en Boyacá, en el sector de las esmeraldas, ¿por qué se habla de que con la muerte de Víctor Carranza se podría desatar nuevamente una guerra en la zona?

La minería, y las esmeraldas en especial, es un sector que se ha visto sometido a presiones de grupos al margen de la ley. Como reacción a ello se ha manejado el respeto por los patrones que ejercen una fuerza de defensa y que no deja que a estas zonas entren estos grupos. El temor es que se debilite esa figura de gran patrón y entren los grupos ilegales.

¿Con eso entonces se confirma que con los ejércitos que conformaban estos grandes patrones es que se defendían las zonas?

No, no se puede hablar de un ejército. Lo que sucede es que en el negocio de las esmeraldas la fuerza más importante, más que la mano de obra, son la seguridad y la vigilancia. Más que un ejército y un tema de guerra, es la vigilancia que se requiere para este tipo de negocio.

¿Cómo funciona el pago de regalías de las esmeraldas?

Depende de la modalidad contractual. Hay contratos que deben pagar dependiendo la cantidad de producción. Ahí se estableció que por una esmeralda en bruto se debe pagar el 1,5% del valar por concepto de regalías.

¿Cómo hacen para saber cuántas esmeraldas se sacan, si en las mismas minas sus propios dueños tienen un andamiaje de seguridad enorme para controlar que eso pase?

No hay forma de establecer cuántas esmeraldas se van a sacar y esto no sólo pasa en ese sector, sino en el de todos los minerales. No tenemos forma de saber exactamente cuánto se extrae. Por constitución se establece que son ellos los que están obligados a declarar lo que se extrae.

¿Es decir que estamos sometidos a la buena fe de lo que quieran declarar las empresas mineras en Colombia?

Sí. Nosotros estamos buscando mejorar los mecanismos para no tener que someternos solamente a creer lo que dicen estas empresas, porque fe solamente en Dios. Cuando uno es autoridad no se puede quedar solamente en la buena fe y estamos implementando mecanismos para poder hacer la inspección y comprobación de que lo que nos están diciendo es cierto.

¿Cuánta plata ha recibido el Estado colombiano por cuenta de la explotación de esmeraldas?

Podríamos estar hablando que en los últimos diez años se han pagado por concepto de contraprestación económica unos $10.000 millones. La dificultad de hacer esa fiscalización hizo que en algún momento el Estado grabara la explotación con unas contraprestaciones fijas. Más percibe el Estado con esas contraprestaciones fijas que por concepto de regalías.

¿Tenemos familias que se han enriquecido por cuenta de la explotación de esmeraldas y hablamos sólo de $10.000 millones en diez años?

Sí, pero esto también ha dado lugar a unos regímenes asociativos en donde no es una sola familia, sino que son varias. Además, ya el negocio de las esmeraldas no es como hace años. Estas familias que han diversificado sus negocios no dependen solamente de las esmeraldas, porque ya el negocio no es tan boyante, porque tenemos una gran competencia en el ámbito mundial.

¿Todavía no me queda claro cuánto recibe el Estado colombiano por la explotación de esmeraldas?

Por ejemplo, un área otorgada de 50 hectáreas tiene que pagar alrededor de $1.000 millones al año por concepto de contraprestaciones, sin incluir las regalías.

¿Qué pasa con aquellas empresas que incumplen con los pagos que exige la ley por concepto de explotación y que no declaran todo lo que sacan?

Esa es una causal de caducidad, en todos los procesos de control que estamos haciendo. El incumplimiento del pago es subsanable, pero si al final no se paga, se retira el derecho de explotación.

¿Cuántos contratos han caducado a la fecha?

Hemos caducado alrededor de 30 contratos en el sector de las esmeraldas, por el incumplimiento de las contraprestaciones contractuales.

¿Se ha encontrado alguna vez que una empresa no reporta lo que realmente explotó en la mina?

No, porque no tenemos forma de darnos cuenta. Ni poniendo un policía en cada frente podríamos saberlo.

¿Y no se ha creado ningún sistema para poder controlarlo y así no estar sometidos a lo que le quieran declarar los mineros?

Sí. Creamos Glucon, que es un certificado de origen que estamos promoviendo para que todo aquel que vaya a comercializar una esmeralda tenga que demostrar cuál es su origen y tener un documento que la respalde.

Hace pocos días anunciaba usted una multa de $4.000 millones a las empresas adjudicatarias del contrato de fiscalización, entre ellas Bureau Veritas, ¿por qué?

Por la demora en la entrega de informes. Hay un problema que enfrenta Colombia y el mundo, y es que no hay disponibilidad de ingenieros de minas y geólogos. El proceso que ha adelantado el Fonade exige que las visitas a las minas sean firmadas, sólo por uno de estos dos especialistas. Y las empresas han encontrado esta limitante para realizar su trabajo. Se pudo haber mirado mejor esto a la hora de hacer las reglas de condiciones.

¿Cómo hicieron estas empresas para que se les adjudicaran los contratos?

No tenían que tener todo el personal listo. Además, estas empresas tenían unos tiempos para completar sus equipos. Esos tiempos son los que se les están cumpliendo, porque ellos tienen que presentar a Fonade sus equipos, las hojas de vida, su experiencia y demás, y eso es lo que no ha sucedido. Por eso hemos flexibilizado las condiciones.

¿Eso no es cambiar las condiciones a las reglas de participación?

No las hemos cambiado, sólo estamos evaluando si podemos flexibilizar los requisitos de profesionales. Por ejemplo, podemos permitir que un ingeniero civil haga inspecciones. Estamos siendo muy cuidadosos es en qué se puede flexibilizar, manteniendo las condiciones generales en las cuales se abrió y se adjudicó el proceso.

‘Las minas están funcionando bien’

Con la falta de personal que explica, estas empresas ya empezaron a hacer visitas en las minas para verificar la situación de las mismas?

Sí. Ellos ya nos han entregado hasta 1.700 informes completos, aquí hacemos un análisis juicioso y de ahí es donde tenemos la información para las multas y sanciones.

¿Usted puede dar fe que esas empresas que se ganaron el contrato para realizar la fiscalización minera están funcionando bien?

Inicialmente hubo una dificultad en el arranque, pero hoy están trabajando bien. Ya están operando en forma, aunque me parece importante aclararle que estas demoras no se han dado en los proyectos de interés nacional como el Cerrejón, Cerro Matoso y demás, esos informes se han entregado a satisfacción.

Lo ambiental lo hacen empresas extranjeras

El contrato se estipuló por dos años, ¿qué pasa si no se cumplen los tiempos? 

Hay una restricción en tiempos y es que los contratos no pueden exceder el período presidencial.

¿Qué pasa entonces con la plata?

Los recursos no se pierden, vuelven al Tesoro, además aquí se paga por informe aprobado. 

¿Los informes tienen contemplado lo ambiental?

Dentro de nuestras competencias, aunque el control ambiental es inherente a la actividad minera, por supuesto que es un punto de los reportes entregados. 

¿Me suena a que entonces delegamos la función de fiscalización a unos privados?

No, ellos son una herramienta y un apoyo para hacer esa tarea, que dadas las condiciones de donde veníamos no había gente ni presupuesto para hacerlo, tener ahora esta infraestructura con empresas independientes con un gran nombre del orden internacional nos da tranquilidad.