“Nuestra prioridad es el agua”: ministra de Vivienda

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha sido desde hace tres administraciones una de las carteras más destacas del Gobierno Nacional. Desde aquí se han planeado y coordinado de los billonarios subsidios de vivienda que impulsaron al mercado hacía récords históricos: 119.409 unidades vendidas en tan solo los primeros seis meses de 2022.

También te puede interesar: ¿Es imposible una política de vivienda social en el archipiélago?

Además, se trata de la entidad que lidera esfuerzos para ampliar el acceso a agua potable y alcantarillado, los cuales para 2020 se situaban en 71 y 63 % de cobertura nacional municipal, respectivamente (según el informe más reciente de la Superservicios). Lo que implica que hay mucho trabajo por hacer.

En diálogo con El Espectador, Catalina Velasco, la ministra de Vivienda del gobierno Petro, habla sobre el panorama del sector, lo que sucederá con los subsidios de vivienda de programas como Mi Casa Ya y las prioridades que tendrá esta administración en la materia. Hace énfasis en la importancia de aumentar el acceso al agua potable en Colombia, una tarea que requerirá $50 billones y 50 años para completarse.

¿Cómo arranca el Ministerio de Vivienda en este Gobierno?

Estamos haciendo un balance y encontramos que el Ministerio tiene procesos en marcha que son muy interesantes. Tenemos un programa que es el de subsidios de Mi Casa Ya, que funciona bien y que creemos que vale la pena mantener. Hay unas mejoras que se pueden hacer. El programa está en grandes ciudades y atiende población que tiene ingresos desde un salario mínimo y medio hasta cuatro.

Creemos que vale la pena dirigirlo hacia pequeñas ciudades, lugares diferentes a Bogotá, Barranquilla y Cali, que es donde se concentra el programa. Y que puedan acceder familias con ingresos informales y que tengan menos de 1, 5 salarios mínimos. Para eso es importante que haya mecanismos financieros que les den a esas personas acceso al crédito.

También creemos que hay que trabajar en vivienda rural, pues el país está atrasado. Necesitamos, por lo menos, cumplir la norma que exige que el 20 % de los recursos para VIS se destinen al sector rural.

Además, creemos que hay que hacer un énfasis en mejoramiento de vivienda, especialmente lo que tiene que ver con baterías sanitarias, cocinas, pisos, techos, que son los que tienen mayor impacto sobre el bienestar y sobre la salud pública.

¿De cuánto es el presupuesto y cómo lo van a invertir?

Para el año 2023, el Gobierno presentó una adición de $14 billones, uno de ellos para el Ministerio de Vivienda. Se van a orientar hacia la atención en agua potable. Tenemos 12 millones de personas con un servicio insuficiente y precario de agua, es decir, que no es permanente o la calidad no es óptima. También hay 3,2 millones de habitantes que no tienen ningún tipo de acceso al servicio de agua potable.

¿Qué zonas han identificado en las que se invertirá ese dinero para el acceso al agua potable?

Las necesidades son inmensas en todo el país. En las grandes ciudades es donde hay empresas de servicios públicos, de acueducto, alcantarillado y aseo; el servicio es bueno, aceptable. Pero en las pequeñas ciudades y en las zonas rurales es unánime en el déficit.

Por eso trabajaremos en un proceso integral que va desde las fuentes de agua, las redes matrices de acueducto, las redes domiciliarias y las redes de alcantarillado. También hay dificultades importantes en las plantas de tratamiento de aguas residuales, que son la cadena final en la que se tratan las aguas.

¿Cuál es y será la prioridad que tendrá el Ministerio de Vivienda?

Nuestra prioridad es el agua, hacer posible una ampliación del servicio de agua potable. Las necesidades de inversión en infraestructura para poner al orden del día a Colombia están por los $50 billones.

Si, por ejemplo, para el año 2023 tenemos un billón, son 50 años los que nos demoraremos en lograrlo. Ahí se hará el énfasis financiero y en la capacidad de ejecución.

¿Cuál va a ser el enfoque de la política de vivienda?

Queremos hacer énfasis en vivienda rural, donde el déficit es inmenso. Sabemos que no es lo mismo producir viviendas que en la ciudad de manera tradicional, en bloques y a través de grandes constructores. Debido a la dispersión de la población que tiene actividades agropecuarias, la existencia de algunas viviendas que necesitan mejoramiento, las posibilidades de hacer proyectos de autoconstrucción, todo eso nos exige pensar en otra manera de operar y estamos en este momento en la fase de diagnóstico y diseño de programas.

Otro punto importante es el de los programas de mejoramiento en viviendas de origen informal. Hay que apoyar con la titulación, reforzamientos, mejoramientos y ampliaciones, licencias de reconocimiento, entre otras.

Por último, la vivienda diferencial. Todas las comunidades tienen requerimientos y necesidades diferentes. Lo que queremos es pensar en otras formas de construir la vivienda social y en eso estamos empeñados.

¿Qué va a cambiar de los programas de subsidio de vivienda?

Estamos haciendo valoraciones completas de los programas en la forma de asignación de subsidios, identificación de beneficiarios, producción y contratación para estos programas. Para las viviendas rurales, de origen informal y las diferenciales hay que contemplar nuevas maneras de ejecución de la política pública.

¿Qué harán para mejorar la calidad de las viviendas, especialmente las VIS?

La producción de viviendas de Mi Casa Ya, pues tienen unos estándares y son viviendas adecuadas para la población urbana en grandes ciudades. Pero el énfasis cualitativo va más hacia reconocer la diferencia de las comunidades.

¿Buscarán seguir incentivando los récords en número de unidades nuevas vendidas?

El mercado de vivienda social es muy robusto. Hemos estado conversando con los constructores y ellos no advierten bajas o problemas en el corto plazo en el sector. Hay una dinámica sostenida y estable. Esperamos contar con los recursos para poder apoyar ese mercado.

¿Habrá cambios en los montos que ofrece Mi Casa Ya?

Eso depende de los recursos de inversión que se deriven de la reforma tributaria. Nosotros estamos viendo que se necesitan recursos importantes. Esperamos que se recauden y puedan ser dirigidos a las prioridades sociales del Gobierno.

¿Se va a mantener el programa de Jóvenes Propietarios? ¿Qué cambios también va a tener?

Este programa nos gusta mucho, lo hemos valorado en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Ellos han evidenciado que la demanda es importante. Queremos acompañar a las y los jóvenes que quieran seguir avanzando en eso, a través de su ahorro y crédito.

¿Cuáles son los mayores retos del Ministerio?

En primer lugar, nuestros retos son de orden financiero, poder tener recursos para la inversión en agua. Vemos que algunos de los rellenos sanitarios del país necesitan licenciamiento u optimización técnica, ese es otro elemento para atender. Y todo lo que tiene que ver con los proyectos de inversión en aguas. En cuanto a vivienda: rurales, mejoramientos y diferenciales.

¿Cómo se incentivará la compra y venta de viviendas usadas?

El FNA permite la compra de vivienda usada. Es una muy buena alternativa porque requiere menores recursos, vale menos que la nueva. Siempre nos ha gustado y creemos que es una buena alternativa para las familias.

¿Han contemplado algún subsidio o ajustar uno existente para las viviendas usadas?

No, no lo hemos contemplado. Creemos que hay diferentes maneras y las familias lo pueden utilizar cuando acceden a crédito.

¿Cómo funcionaría el programa de la reparación de vivienda?

Las viviendas de origen informal están ubicadas en barrios no legalizados y la legalización de barrios es otro reto. Estas propiedades requieren un esfuerzo de titulación. Respecto a lo físico, el reforzamiento estructural. Hemos identificado que lo que más impacto tiene sobre el bienestar es el mejoramiento de baños, cocinas, pisos y techos.

¿Tienen estimado de cuánto sería el apoyo para este tipo de arreglos y mejoras?

Estamos haciendo las valoraciones. Depende, porque hay concurrencia del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales. Estimamos que estarán alrededor de 10 y 18 millones de pesos, con diferentes tipologías de las que dependerá el monto.

¿Qué hace falta para terminar la reconstrucción de viviendas en Providencia y San Andrés?

Encontramos unos proyectos en curso que hemos conocido y que se están terminando. Queda faltando un paquete de viviendas del que estamos haciendo el inventario para saber cuántas familias no accedieron a su vivienda en el Gobierno anterior. Buscamos que participen las comunidades.

¿Cómo se articulan con el gobierno de San Andrés para la reparación de las viviendas que también quedaron afectadas por el Iota?

Para todas las acciones que hace el Ministerio en materia de vivienda es indispensable la coordinación con la con el gobierno local, con la alcaldía, porque ellos tienen unas competencias y son responsables de su territorio. Nosotros hacemos unos aportes en cooperación, cofinanciación y demás.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha sido desde hace tres administraciones una de las carteras más destacas del Gobierno Nacional. Desde aquí se han planeado y coordinado de los billonarios subsidios de vivienda que impulsaron al mercado hacía récords históricos: 119.409 unidades vendidas en tan solo los primeros seis meses de 2022.

También te puede interesar: ¿Es imposible una política de vivienda social en el archipiélago?

Además, se trata de la entidad que lidera esfuerzos para ampliar el acceso a agua potable y alcantarillado, los cuales para 2020 se situaban en 71 y 63 % de cobertura nacional municipal, respectivamente (según el informe más reciente de la Superservicios). Lo que implica que hay mucho trabajo por hacer.

En diálogo con El Espectador, Catalina Velasco, la ministra de Vivienda del gobierno Petro, habla sobre el panorama del sector, lo que sucederá con los subsidios de vivienda de programas como Mi Casa Ya y las prioridades que tendrá esta administración en la materia. Hace énfasis en la importancia de aumentar el acceso al agua potable en Colombia, una tarea que requerirá $50 billones y 50 años para completarse.

¿Cómo arranca el Ministerio de Vivienda en este Gobierno?

Estamos haciendo un balance y encontramos que el Ministerio tiene procesos en marcha que son muy interesantes. Tenemos un programa que es el de subsidios de Mi Casa Ya, que funciona bien y que creemos que vale la pena mantener. Hay unas mejoras que se pueden hacer. El programa está en grandes ciudades y atiende población que tiene ingresos desde un salario mínimo y medio hasta cuatro.

Creemos que vale la pena dirigirlo hacia pequeñas ciudades, lugares diferentes a Bogotá, Barranquilla y Cali, que es donde se concentra el programa. Y que puedan acceder familias con ingresos informales y que tengan menos de 1, 5 salarios mínimos. Para eso es importante que haya mecanismos financieros que les den a esas personas acceso al crédito.

También creemos que hay que trabajar en vivienda rural, pues el país está atrasado. Necesitamos, por lo menos, cumplir la norma que exige que el 20 % de los recursos para VIS se destinen al sector rural.

Además, creemos que hay que hacer un énfasis en mejoramiento de vivienda, especialmente lo que tiene que ver con baterías sanitarias, cocinas, pisos, techos, que son los que tienen mayor impacto sobre el bienestar y sobre la salud pública.

¿De cuánto es el presupuesto y cómo lo van a invertir?

Para el año 2023, el Gobierno presentó una adición de $14 billones, uno de ellos para el Ministerio de Vivienda. Se van a orientar hacia la atención en agua potable. Tenemos 12 millones de personas con un servicio insuficiente y precario de agua, es decir, que no es permanente o la calidad no es óptima. También hay 3,2 millones de habitantes que no tienen ningún tipo de acceso al servicio de agua potable.

¿Qué zonas han identificado en las que se invertirá ese dinero para el acceso al agua potable?

Las necesidades son inmensas en todo el país. En las grandes ciudades es donde hay empresas de servicios públicos, de acueducto, alcantarillado y aseo; el servicio es bueno, aceptable. Pero en las pequeñas ciudades y en las zonas rurales es unánime en el déficit.

Por eso trabajaremos en un proceso integral que va desde las fuentes de agua, las redes matrices de acueducto, las redes domiciliarias y las redes de alcantarillado. También hay dificultades importantes en las plantas de tratamiento de aguas residuales, que son la cadena final en la que se tratan las aguas.

¿Cuál es y será la prioridad que tendrá el Ministerio de Vivienda?

Nuestra prioridad es el agua, hacer posible una ampliación del servicio de agua potable. Las necesidades de inversión en infraestructura para poner al orden del día a Colombia están por los $50 billones.

Si, por ejemplo, para el año 2023 tenemos un billón, son 50 años los que nos demoraremos en lograrlo. Ahí se hará el énfasis financiero y en la capacidad de ejecución.

¿Cuál va a ser el enfoque de la política de vivienda?

Queremos hacer énfasis en vivienda rural, donde el déficit es inmenso. Sabemos que no es lo mismo producir viviendas que en la ciudad de manera tradicional, en bloques y a través de grandes constructores. Debido a la dispersión de la población que tiene actividades agropecuarias, la existencia de algunas viviendas que necesitan mejoramiento, las posibilidades de hacer proyectos de autoconstrucción, todo eso nos exige pensar en otra manera de operar y estamos en este momento en la fase de diagnóstico y diseño de programas.

Otro punto importante es el de los programas de mejoramiento en viviendas de origen informal. Hay que apoyar con la titulación, reforzamientos, mejoramientos y ampliaciones, licencias de reconocimiento, entre otras.

Por último, la vivienda diferencial. Todas las comunidades tienen requerimientos y necesidades diferentes. Lo que queremos es pensar en otras formas de construir la vivienda social y en eso estamos empeñados.

¿Qué va a cambiar de los programas de subsidio de vivienda?

Estamos haciendo valoraciones completas de los programas en la forma de asignación de subsidios, identificación de beneficiarios, producción y contratación para estos programas. Para las viviendas rurales, de origen informal y las diferenciales hay que contemplar nuevas maneras de ejecución de la política pública.

¿Qué harán para mejorar la calidad de las viviendas, especialmente las VIS?

La producción de viviendas de Mi Casa Ya, pues tienen unos estándares y son viviendas adecuadas para la población urbana en grandes ciudades. Pero el énfasis cualitativo va más hacia reconocer la diferencia de las comunidades.

¿Buscarán seguir incentivando los récords en número de unidades nuevas vendidas?

El mercado de vivienda social es muy robusto. Hemos estado conversando con los constructores y ellos no advierten bajas o problemas en el corto plazo en el sector. Hay una dinámica sostenida y estable. Esperamos contar con los recursos para poder apoyar ese mercado.

¿Habrá cambios en los montos que ofrece Mi Casa Ya?

Eso depende de los recursos de inversión que se deriven de la reforma tributaria. Nosotros estamos viendo que se necesitan recursos importantes. Esperamos que se recauden y puedan ser dirigidos a las prioridades sociales del Gobierno.

¿Se va a mantener el programa de Jóvenes Propietarios? ¿Qué cambios también va a tener?

Este programa nos gusta mucho, lo hemos valorado en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Ellos han evidenciado que la demanda es importante. Queremos acompañar a las y los jóvenes que quieran seguir avanzando en eso, a través de su ahorro y crédito.

¿Cuáles son los mayores retos del Ministerio?

En primer lugar, nuestros retos son de orden financiero, poder tener recursos para la inversión en agua. Vemos que algunos de los rellenos sanitarios del país necesitan licenciamiento u optimización técnica, ese es otro elemento para atender. Y todo lo que tiene que ver con los proyectos de inversión en aguas. En cuanto a vivienda: rurales, mejoramientos y diferenciales.

¿Cómo se incentivará la compra y venta de viviendas usadas?

El FNA permite la compra de vivienda usada. Es una muy buena alternativa porque requiere menores recursos, vale menos que la nueva. Siempre nos ha gustado y creemos que es una buena alternativa para las familias.

¿Han contemplado algún subsidio o ajustar uno existente para las viviendas usadas?

No, no lo hemos contemplado. Creemos que hay diferentes maneras y las familias lo pueden utilizar cuando acceden a crédito.

¿Cómo funcionaría el programa de la reparación de vivienda?

Las viviendas de origen informal están ubicadas en barrios no legalizados y la legalización de barrios es otro reto. Estas propiedades requieren un esfuerzo de titulación. Respecto a lo físico, el reforzamiento estructural. Hemos identificado que lo que más impacto tiene sobre el bienestar es el mejoramiento de baños, cocinas, pisos y techos.

¿Tienen estimado de cuánto sería el apoyo para este tipo de arreglos y mejoras?

Estamos haciendo las valoraciones. Depende, porque hay concurrencia del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales. Estimamos que estarán alrededor de 10 y 18 millones de pesos, con diferentes tipologías de las que dependerá el monto.

¿Qué hace falta para terminar la reconstrucción de viviendas en Providencia y San Andrés?

Encontramos unos proyectos en curso que hemos conocido y que se están terminando. Queda faltando un paquete de viviendas del que estamos haciendo el inventario para saber cuántas familias no accedieron a su vivienda en el Gobierno anterior. Buscamos que participen las comunidades.

¿Cómo se articulan con el gobierno de San Andrés para la reparación de las viviendas que también quedaron afectadas por el Iota?

Para todas las acciones que hace el Ministerio en materia de vivienda es indispensable la coordinación con la con el gobierno local, con la alcaldía, porque ellos tienen unas competencias y son responsables de su territorio. Nosotros hacemos unos aportes en cooperación, cofinanciación y demás.